El Principado de Asturias, presidido por Javier Fernández (PSOE), ha dado vía libre a la caza indiscriminada de ejemplares de lobo ibérico —una especie protegida por la legislación española y europea— en un área de unas 3.300 kilómetros cuadrados, equivalente a un tercio del territorio de la región.

Los ganaderos de la comunidad llevan años presionando al gobierno regional para que declare “zonas libres de lobos”, pero en 2014 la Consejería de Agroganadería lo descartó al reconocer que suponía “un callejón sin salida que acabaría en los tribunales”. Ahora, el nuevo Programa para el control del lobo, que entrará en vigor este mismo viernes, crea “zonas sin gestión específica” donde se permiten actuaciones de control de la especie de forma permanente y sin limitación de cupo. La nueva orden contempla también las batidas de lobos por parte de cazadores en cualquier época del año. Este viernes ya hay autorizadas tres en los municipios de Candamos, Las Regueras e Illas.

“Es ilegal. Erradicar la especie de regiones enteras es una medida completamente indiscriminada e injustificada que contraviene la directiva europea”, señala en conversación con Público Luis Suárez, responsable de especies de WWF. La organización ha denunciado el caso ante la Fiscalía de Medio Ambiente y tiene previsto ponerlo en conocimiento de la Comisión Europea. También Ecologistas en Acción estudia acciones legales.

Otros territorios, como Ávila, habían intentado antes declarar zonas libres de lobos, permitiendo su captura de forma indiscriminada, pero nunca se llegaron a aprobar.

Mapa de las zonas de gestión del lobo en Asturias. La zona sombreada es el territorio donde se permite cazarlos libremente, según el Programa de Actuaciones de control del lobo 2017-2018 del Principado.

La Directiva Hábitats de la Unión Europea cataloga al lobo como Especie de Interés Comunitario, pero establece diferentes formas de protección usando el Duero como línea de frontera. En los territorios al sur del río la especie está protegida y no se permite su caza (salvo algunas excepciones en las que se autorizan controles poblaciones por parte de la administración), mientras que al norte pueden ser objeto de medidas de gestión cinegética, que dependen de cada comunidad autónoma. En cualquier caso, los controles se hacen siempre de manera selectiva, estableciendo cupos y respetando la temporada de cría.

“Además de su dudosa legalidad, es una medida completamente ilógica desde el punto de vista ecológico. El lobo tiene una enorme capacidad de desplazarse, recorre cordilleras enteras, por lo tanto, tarde o temprano volverá al territorio”, señala Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción.

"Alta conflictividad social"

El Principado justifica la medida por “la alta conflictividad social”. Los ganaderos se quejan de que están en una situación “insostenible” y de que la falta de ayudas tras los ataques obliga a muchos a contratar seguros privados que les terminan encareciendo las cuotas.

“Hay más ataques de los que muestran las estadísticas. Hay ganaderos con 90 animales muertos”, relata el secretario general de la Unión de Campesinos Asturianos (UCA), José Ramón García Alba, en conversación con este periódico. El Gobierno regional indemniza a los ganaderos por los daños (el año pasado la cifra ascendió a casi 834.000 euros) pero José Ramón asegura que la Consejería no siempre paga porque hay que aportar pruebas de que el ataque es de lobo, y a veces no es fácil.

“Depende del guarda que te toque. Y cuando se acaba el presupuesto, lo ponen aún más difícil. Muchos ganaderos optan por los seguros”, afirma.

Pero lo cierto es que la medida no llega en un momento de auge de los incidentes con el ganado. De hecho, y según los propios datos del Principado, el número de animales afectados en todo Asturias por ataques de lobo se viene reduciendo considerablemente desde 2014. En concreto, el año pasado sufrieron daños unos 3.500 animales entre ganado equino, bovino, caprino y ovino, casi un 25% menos que dos años antes.

Saber si el número de lobos que habitan en Asturias ha crecido no es tan sencillo. Los censos oficiales de la Dirección General de Recursos Naturales reflejan un ligero aumento de los grupos de lobos en los últimos años y su reaparición en las “zonas sin gestión específica” desde el año 2013. Sin embargo, el propio gobierno asturiano advierte de que “el esfuerzo realizado en los distintos censos ha sido diferente” y de que “los datos no pueden ser interpretados por comparación directa y exigen ciertas cautelas”.

“El problema que tiene el lobo en Asturias es que se le está criminalizando por los problemas de la ganadería extensiva, que son otros, entre ellos los bajos precios, la despoblación o las dificultades en el manejo”, señala Luis Suárez. WWF ha recogido ya más de 14.000 firmas para pedir a Javier Fernández que frene la medida.

“El Principado está dando por buena la mentira de que lobo y ganadería son incompatibles, cuando hay experiencias que demuestran que la convivencia es posible”, zanja Oberhuber.