La crisis económica de 2008 provocó un descenso en el número de estudiantes migrantes registrados en el sistema educativo español, que recuperó su tendencia creciente a partir de 2017, registrando en el curso 2020-2021 un total de 845.766 extranjeros en la formación no universitaria.

Que la educación sea una competencia propia de las Comunidades Autónomas genera que cada una de ellas rija de manera distinta las ayudas que ofrece a sus estudiantes. Tanto la adquisición de libros de textos como las becas comedor son diferentes dependiendo de la región.

Esto hace que, dependiendo de la ciudad en la que residan, los estudiantes tengan que comprar todos los libros educativos cada nuevo curso o los puedan adquirir de manera gratuita, o pagando un precio significativo, gracias a los bancos de libros de los colegios.

Lo mismo ocurre con las becas comedor, donde cada comunidad tiene unos criterios distintos. Los migrantes se pueden encontrar con que quedan excluidos de esta ayuda por estar en situación irregular o que, por el contrario, reciben más puntos por su situación económica.

Además, otro de los problemas que se puede encontrar una familia migrante que llegue a España es la falta de plazas en los centros públicos o la designación de una en un colegio privado-concertado, donde, además de los gastos en libros y comedor, hay que añadir los gastos del uniforme y otros extras.

Según los últimos datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), el gasto medio por estudiante en servicios educativos oficiales para el curso 2019-2020 fue de 1.177 euros, destinando una media de 765 euros a la matrícula y clases lectivas (65%) y 439 euros al servicio de comedor (10,4%).

Este desembolso supone un gran problema para migrantes como Nancy García, una madre soltera de 35 años que llegó a Barcelona desde Perú en octubre de 2019 con su hijo de diez años. Actualmente -cuenta- trabaja como empleada doméstica y cobra menos del salario mínimo, con lo cual tiene que "estirar el dinero".

Para este año académico, Nancy tuvo que pagar 175 euros entre matrícula y libros reutilizados, a los que sumó los gastos de alimentación, los 400 euros que paga por una habitación y el dinero que envía a su país para mantener a sus otras dos hijas. Además, esta madre lleva cinco años intentando conseguir una beca para el comedor de su hijo -que actualmente tiene 15 años-, pero siempre queda en lista de espera y, finalmente, ha desistido.

Estas barreras acaban repercutiendo en la tasa de abandono escolar de los extranjeros residentes en España. Según un estudio del Observatorio social de La Caixa, uno de cada tres jóvenes migrantes deja su formación tras finalizar la ESO o incluso antes de completarla. Esta situación presenta una mayor incidencia entre los hombres.

Además, el informe Escuela Refugio, escuela que acoge de las ONG Entreculturas y Alboan refleja unos datos similares. En 2022, la tasa de abandono escolar temprano entre migrantes y refugiados ascendió al 30% frente al 11% de los nacionales. Esto supone una "importante brecha" para el derecho a la educación de los aproximadamente 850.000 estudiantes extranjeros que hay en España.

Pese a que el 80% de los alumnos nacidos en el extranjero que participaron en el estudio de La Caixa mostraron aspiraciones de continuar su formación más allá del nivel obligatorio, esto no acaba sucediendo. Uno de los factores que destaca el trabajo es la influencia de los maestros. En concreto, "el 28,2% de los alumnos de la ESO nacidos fuera de la UE no creen que sus profesores tengan expectativas respecto a la continuidad de sus estudios".

Distintas realidades en cada comunidad autónoma

"Las políticas actuales son insuficientes porque hay segmentos a los que no les llegan las ayudas", destaca Paco García, responsable de la sección de educación de CCOO. Desde el sindicato proponen que "todo lo necesario" dentro de la enseñanza obligatoria sea gratuito.

Según García, hay comunidades en las que han deteriorado la política de ayudas para cambiarlas por desgravaciones fiscales que acaban beneficiando a los sectores menos desfavorecidos. "Trabajamos para que haya políticas socioeducativas que garanticen condiciones de igualdad", señala.

Los comedores escolares también suponen un problema para estas familias, que muchas veces se quedan fuera de las becas por su situación administrativa. "A veces el comedor se convierte en la única comida en condiciones a la que pueden acceder estos niños", argumenta Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, que señala que este servicio debería ser gratuito "para aquellas familias a las que sus recursos económicos no les permiten pagarlo".

Desde las asociaciones de madres y padres tienen una mirada más clara de la problemática, puesto que trabajan codo con codo con los centros educativos.

El director de FAPA Mallorca, Miguel Ángel Guerrero, señala que las ayudas para comedor se dan en relación al nivel de renta de cada familia (y otros baremos). Dependiendo de la puntuación se recibe un porcentaje de un precio medio calculado por la Consejería. Pero Guerrero también señala que este precio no es uniforme en todos los centros, ya que hay colegios donde el comedor ronda los 4,80 euros al día y otros en los que la cuantía se eleva hasta los 8 euros.

"A las familias migrantes a veces esto no les soluciona nada porque no pueden pagar el resto del precio del comedor. Por ejemplo, una familia sin trabajo no accederá a las ayudas del comedor porque no podrá pagar su porcentaje", señala.

En relación a los libros de texto, Guerrero explica que hay colegios en su comunidad que obligan a comprarlos cada año y otros en los que existe un sistema de reutilización, que a veces implica solo una pequeña cuota.

Otro de los problemas a los que se pueden enfrentar las familias migrantes recién llegadas es que sean asignadas a un colegio concertado. Esto, según Guerrero, se debe a que "las plazas son limitadas y en Balears los centros están saturados".

"Hay casos donde hemos tenido que intervenir porque llega una familia con una situación precaria y se encuentra con que tiene que comprar dispositivos digitales, libros y uniforme. Ahí nos encontramos con que los gastos son mayores y esas familias sufren un sobrecoste que no está regulado", cuenta.

El problema añadido de los discursos de odio en Madrid

En la Comunidad de Madrid las familias cuentan con la ayuda del programa Accede, que facilita el intercambio de libros. Pero este tiene una laguna al que se enfrentan los migrantes. Como cuenta Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, para acceder al programa el alumno tiene que entregar sus libros de texto, con lo cual, las familias que acaban de llegar no cuentan con ellos y no pueden entrar al programa.

"La Administración tiene que garantizar todos los recursos que sean necesarios para poder estudiar en los centros educativos, y que no sean las familias las que estén desembolsando para pagar cosas que deberían estar cubiertas por la entidad pública", señala.

Al igual que en Mallorca, en Madrid las familias recién llegadas pueden ser adjudicadas a una plaza en un centro concertado católico. La FAPA Madrid se encontró con un caso en el que una familia de Marruecos fue inscrita en un centro católico y pidieron el cambio de colegio. "En muchas ocasiones tienen que cambiar de barrio o localidades para acceder a una plaza pública porque la oferta es escasa", cuenta.

El protagonismo de las AMPA en Catalunya

En Catalunya los centros públicos no tienen problemas para absorber al alumnado migrante. "Creemos que la pública ha de absorber este alumnado, pero deberíamos cambiar algunas reglas del juego para que sea más honesto", señala Lindón Gasull, directora de la AFFaC (Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Catalunya).

Como señala Gasull, en Catalunya el movimiento de asociaciones de familias de alumnos es "muy fuerte", ya que la mayoría de los centros públicos cuentan con una de ellas y esta es la que se encarga de mantener los diferentes sistemas de ayudas para el alumnado, sin que intervenga el departamento de educación.

En esta comunidad autónoma, las ayudas para la adquisición de libros de texto es el sistema de socialización de libros. Esta iniciativa es similar al programa accede de Madrid, pero no se aplica en todos los centros, y consiste en pasar los libros de un curso a otro evitando a todo el alumnado hacer compras, "aunque siempre hay libros que hay que comprar", explica Gasull.

El alumnado migrante que llega a Catalunya puede encontrarse con dos problemas para acceder a este sistema. En primer lugar, que al llegar no esté abierta la convocatoria y, por otro lado, "no cumplir con el requisito de estar en situación administrativa regular, algo que no siempre se consigue en el momento en el que llegas al país", señala Gasull.

Con las becas comedor ocurre algo similar, ya que se otorgan a niñas y niños en situación administrativa regular, algo que desde la AFFaC consideran "una gran injusticia", ya que "justo los niños que más lo necesitan son los que quedan excluidos hasta que sus familias consiguen regularizar su situación".

Además, Gasull señala el problema que existe en su comunidad con las plazas de los centros privado-concertados, unos colegios que "la mayoría no elige" y donde la Administración "fuerza" al alumnado migrante a cubrir sus vacantes.

A este problema se enfrentó Sandra Centeno, una madre soltera de 40 años residente en Catalunya que trajo a sus tres hijos de Perú en febrero de 2019. Al llegar casi al final del curso escolar, desde la Administración le asignaron una plaza en un centro concertado, pero cuando supo que no había ningún tipo de ayudas y debía pagar tanto la matrícula como los libros de texto, el comedor y demás actividades, pidió plazas en un colegio público.

Uno de sus hijos ya es mayor de edad y se encuentra estudiando un grado medio, mientras que su hija mediana, de 15 años, tras hacer la primaria en un centro público, ha conseguido una beca estatal para cursar la ESO en un centro concertado.

Por otra parte, su hija pequeña, de diez años, estudia en un colegio público, pero no ha podido acceder a las becas de libros de texto. Aún así, Sandra considera que, en comparación con su país de origen, los costes para la educación no son tan elevados.

La importancia de la caída de la natalidad en Andalucía

Quizás los alumnos migrantes que lleguen a Andalucía se encuentren con una situación algo más favorable. En esta comunidad el problema de falta de plazas no existe debido al descenso de la natalidad, con lo cual las escuelas públicas tienen suficientes vacantes para el alumnado extranjero, según indica Rocío Bejínez, vocal de FAMPA Sevilla Nueva Escuela. De hecho, "los extranjeros tienen una puntuación extra en la baremación a la hora de solicitar un colegio", cuenta.

Además, la Junta garantiza la adquisición gratuita de libros de texto para los estudiantes de primaria y secundaria -independientemente de que sean o no migrantes-, bien por el chequelibro (un documento con el nombre del centro y del alumno que las familias entregan en el comercio para que este reciba luego el dinero por parte del Gobierno autonómico), o por el sistema de préstamo de libros.

Como explica Bejínez, al terminar el curso, los niños y niñas entregan sus libros a los alumnos del curso siguiente. Pero si la familia llega por primera vez, como es el caso de los migrantes, y no tienen los libros para entregar, se proporcionan a través del programa del chequelibro, entrando al sistema de préstamos al curso siguiente.

Con el comedor ocurre algo similar: las becas comedor se reparten en relación al nivel de renta de las familias. O bien se subvenciona el 100% o una parte. Además, en casos de familias en extrema pobreza, existe el Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil (PRAI) por el que le sirven en el centro el desayuno, el almuerzo y la merienda.