La presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Virginia Pérez Alonso, se ha dirigido al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido para transmitirle su “más firme queja ante repetidas actuaciones policiales contra el ejercicio de la libertad de información y ante las trabas a la labor de periodistas en el ejercicio de su función”.

En la carta, la PDLI traslada a Zoido el último episodio conocido: la denuncia del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) de los impedimentos que la Policía Nacional puso a la prensa para realizar su trabajo durante el desalojo de un Centro Social Ocupado el pasado sábado en Santiago.

La plataforma destaca que “lamentablemente no son casos aislados”. “En los dos últimos años, las sanciones y amenazas a informadores por parte de la Policía se han producido de manera constante”, apuntan.

“Desde la PDLI venimos denunciando que estas sanciones contra la libertad de información responden a un patrón: su ‘camuflaje’ bajo infracciones genéricas como “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o ‘resistencia a la autoridad’”, señala Virginia Alonso. 

Los propios datos del Ministerio de Interior revelan, según la PDLI, que las multas por estas dos motivos aumentaron significativamente en 2016 respecto al año anterior, alcanzando un total de 31.591 sanciones: una cifra que consideran “desproporcionada con la situación real de la seguridad ciudadana en España”. Así, la plataforma califica esta situación de "censura camuflada”.

En el escrito, la presidenta recuerda que la Defensora del Pueblo, a instancias de la PDLI, ha advertido a Interior que “la Policía está obviando la circunstancia de que la persona a quien se va a sancionar puede estar ejerciendo un derecho fundamental, como informar o participar en una protesta, lo que convierte a gran parte de estas multas en inconstitucionales”, señalan.

“Sr. Ministro, si la función democrática de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es garantizar el disfrute de libertades fundamentales, resulta enormemente grave, tal como la Defensora del Pueblo considera acreditado, que sus actuaciones tengan la finalidad contraria: la de impedir, obstaculizar y amenazar el ejercicio un derecho básico y esencial como es la libertad de información”, añaden.

La presidenta refleja en la misiva la protesta de la Plataforma “ante la impunidad de varios agentes de la UIP que golpearon a tres reporteros, identificados como tales, tras la protesta de Jaque al Rey el 29 de marzo de 2014 y en el ejercicio de su tarea profesional”.

Así, la PDLI insiste en que “el derecho a la información es un pilar esencial de la democracia y debe impedirse cualquier obstáculo para que hechos relevantes, incluyendo las actuaciones policiales, lleguen al conocimiento de la ciudadanía”.

Por último, la PDLI insta al ministro “a que cese, de manera inmediata, este tipo de actuaciones, y a garantizar, siguiendo el mandato constitucional al que está sujeto, que el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de información, pilar básico de la democracia, deje de estar amenazado por actuaciones policiales de cualquier tipo”.

Explicaciones en el Congreso

El grupo parlamentario de Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea ha solicitado la comparecencia del Ministro del Interior en el Congreso para explicar las cargas "injustificadas y desproporcionadas" que realizó la Policía Nacional tanto el 30 de mayo, durante la concentración celebrada en señal de protesta por el desalojo de un Centro Social Ocupado, como el 10 de junio, durante la concentración en denuncia de los excesos policiales de la semana anterior.