El Parlamento catalán ha aprobado modificar la ley contra la violencia machista, que se extenderá ahora a todas las mujeres transgénero -incluidas las que "no tienen la mención de sexo registrada como mujer"- y obligará a los partidos políticos a "tener un plan de igualdad interno y un protocolo" ante estas violencias.

Se ha retocado así este viernes la norma aprobada en 2008, en la que se abordan ahora también la violencia machista en el ámbito digital o institucional, entre otras modificaciones. El nuevo texto, impulsado por la portavoz parlamentaria de Catalunya En Comú Podem, Susanna Segovia, ha recabado el apoyo de toda la cámara, si bien con matices.

La diputada socialista Beatriz Silva, por ejemplo, ha explicado en el debate parlamentario sus reticencias a incluir explícitamente a las mujeres transgénero en el articulado de la ley. En su opinión, "las violencia contra las transgénero también deben combatirse y erradicarse, pero a través de leyes de igualdad de trato y no discriminación o de los derechos de las personas LGTBI".

Segovia, a su vez, ha rebatido que "es un debate falso decir que la inclusión de las mujeres trans dentro de las víctimas de violencias machistas perjudica a las mujeres". "Las mujeres trans sufren violencia machista porque son mujeres, porque hay relaciones de poder de género que les afectan como mujeres", ha añadido.

Jenn Díaz, de ERC, se ha expresado en sentido parecido al asegurar que esta ley "quiere amplificar el derecho de todas", incluidas "las trans, con o sin hormonación, que también sufren de violencias machistas". Además, ha celebrado así el "compromiso" del Parlament "con la despatologización de las personas trans, la garantía de derechos y la autodeterminación de género".

Por parte de Ciudadanos, Munia Fernández se ha referido también a la cuestión al señalar que este cambio legislativo "combate el auge de posturas transfóbicas y excluyentes que niegan a las mujeres trans su identidad". Un cambio que se ha llevado a cabo para evitar que "ningún gobierno tránsfobo pueda interpretar a su antojo la ley y excluya a las trans".

Por contra, Beatriz Silva se siente más cómoda sin "poner etiquetas", como sucedía en la ley vigente hasta ahora, que indicaba: "Las referencias a las mujeres incluidas en esta ley se entiende que incluyen también las niñas y las adolescentes, a menos que se indique lo contrario".

La violencia machista afecta a todas las mujeres 

El actual redactado, aprobado este viernes aunque con el rechazo de PSC-Units y PPC, queda así: "Las referencias a las mujeres incluidas en esta ley se entiende que incluyen las niñas y las adolescentes, y, por tanto, también las mujeres, niñas y adolescentes transgénero".

El texto añade más adelante que "las mujeres transgénero que no tienen la mención de sexo registrada como mujer en la documentación oficial se equiparan, a los efectos de esta ley, a las otras mujeres que han sufrido violencia machista en la medida en que se reconocen como mujeres".

Así, el nuevo texto reconoce como mujeres trans a aquellas que se identifican como tales sin mediar -como exponía la ley de 2008- la obligación de tener que aportar un informe de disforia de género y dos años de tratamiento para poder ser atendidas en una oficina de atención contra la violencia machista.

Las modificaciones aprobadas hoy también añaden un apartado que se refiere en exclusiva a los partidos políticos, quienes deberán tener "un plan de igualdad interno y un protocolo para la prevención, detección y actuación ante la violencia machista que ejerzan, dentro o fuera de la organización, afiliados o simpatizantes".

La violencia digital y la violencia institucional están incluidas

Deberán asimismo "incorporar la prohibición de incurrir en actos de violencia machista en sus normas internas y en los programas de acogida a nuevas personas afiliadas" al tiempo que tendrán que "adoptar las medidas de suspensión o expulsión de la militancia correspondientes por la comisión de estos actos", unos puntos que podrían afectar directamente al partido de extrema derecha Vox si entra en el Parlament tras el 14F.

Por otra parte, se incluyen como violencia digital comportamientos como el control del teléfono móvil de la pareja o el "acoso por whatsapp", así como también la difusión de imágenes a terceros para vejar a la mujer.

Como violencia institucional se considera toda "dejación de funciones" por parte de la administración en protección y reparación a la víctima de violencia machista, por ejemplo por parte de un juzgado que no permite a la mujer declarar en dependencias separadas de su agresor o de un agente de los Mossos d'Esquadra que no sigue la diligencia debida cuando la mujer da el paso de denunciar.