El pleno del Parlamento Europeo ha rechazado este miércoles el veto del Partido Popular Europeo a la Ley de Restauración de la Naturaleza, un texto que ha contado con el respaldo de socialistas, liberales, verdes, izquierda y de algunos eurodiputados populares que apoyaban el texto a pesar del rechazo frontal de su grupo. 

Tras esta votación inicial, que suponía superar el primer escollo para el texto y que ha cosechado una gran ovación entre los partidarios de la legislación, los eurodiputados deberán ahora votar las centenares de enmiendas que perfilarán el texto final.

Pese a que se encuentra aún en un estadio precoz, pues el Parlamento Europeo por ahora sólo tiene que consensuar su posición para entrar en negociaciones con el Consejo de la UE, el expediente ha adquirido un enorme valor simbólico y protagoniza una encarnizada batalla política.

El hemiciclo, dividido entre partidarios y detractores de una norma que Bruselas ve imprescindible para paliar los efectos de la crisis climática, ha mantenido con vida el texto después de que a finales de junio los eurodiputados de la comisión de Medio Ambiente diesen el primer paso para abandonarla por 44 votos a favor y 44 en contra.

La Ley de Restauración de la Naturaleza, que parte de una propuesta lanzada en diciembre por la Comisión Europea para acompasar el paso del bloque comunitario a los acuerdos sobre biodiversidad alcanzados en la COP15 de Naciones Unidas, pretende reparar en 2030 el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos dañados de la UE y todos ellos para en 2050.

Los grandes empresarios agrícolas, representados por la patronal Copa-Cogeca. Las grandes empresas agrarias se oponen frontalmente a la normativa, al igual que las formaciones de extrema derecha y también el Partido Popular Europeo que preside Manfred Weber, quien ha convertido este expediente en un símbolo de cara a las elecciones al Parlamento Europeo de 2024.

El Partido Popular Europeo asegura que la ley amenaza la seguridad alimentaria, obliga a los campesinos a ceder parte de sus tierras para preservar la biodiversidad y compromete el despliegue de infraestructuras de energías renovables.

En el campo contrario, defienden la iniciativa socialdemócratas, verdes, izquierda y la mayoría de los liberales, así como otras plataformas agrícolas, la comunidad científica internacional, los cazadores, las empresas de energías renovables, un amplio surtido de multinacionales y cerca de un millón de ciudadanos, que han firmado una petición a favor de la ley.

Argumentan que no fija objetivos obligatorios, mejorará la producción agrícola a largo plazo y prioriza la instalación de infraestructura energética verde, entre otros argumentos. "No habrá seguridad alimentaria si no hay suelos fértiles y polinizadores", dijo el negociador jefe de la Eurocámara en el expediente, el español César Luena (PSOE).