La justicia restaurativa, la que busca reparar el daño y evitar su reincidencia en vez de limitarse a castigarlo, se abre paso en España. En los últimos tres años, según datos de Instituciones Penitenciarias, se han multiplicado por más de 20 las personas condenadas que han participado en talleres restaurativos (de 38 en 2017 a 855 en 2020) con víctimas directas o indirectas de sus delitos, encuentros en los que unas pueden expresar su arrepentimiento y otras conocer por qué sufrieron lo que sufrieron.

La, digamos, justicia tradicional se define como una justicia retributiva que pone su foco en el castigo del delito cometido con la imposición de una condena, mientras que la restaurativa busca dar protagonismo a las dos partes enfrentadas por ese delito, con el fin de reparar sus consecuencias personales y económicas e intentar modificar el comportamiento de quien ha sido su responsable. En otros países de nuestro entorno su implantación se encuentra bastante más avanzada que en España, que tiene un desarrollo muy desigual en las comunidades autónomas. Uno de los últimos avances más notorios se produjo en 2019, al darle también la oportunidad a reclusos con delitos graves de participar en estos encuentros reparadores.

Y a falta de una ley que la regule, es el Estatuto de la Víctima aprobado en 2015 el principal sustento normativo de la justicia restaurativa en nuestro país, a la que dedica expresamente un artículo: el 15. En él se establece que las víctimas pueden acceder a los servicios de justicia restaurativa para obtener una "adecuada reparación material y moral de los perjuicios derivados del delito", siempre y cuando el infractor haya reconocido los "hechos esenciales de los que se deriva su responsabilidad", ambas partes hayan prestado su consentimiento a participar, el procedimiento de mediación no entrañe un riesgo para la seguridad de la víctima y que no esté prohibido por alguna norma, como ocurre con la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que veta su uso en su artículo 44. Y en 2015, se incluyó también por primera vez en el Código Penal un artículo que reconoce el acuerdo de una mediación como una de las causas de la suspensión del cumplimiento de una pena.

La Asociación Andaluza de Mediación (Amedi) lleva trabajando desde 2006 en la justicia restaurativa, con una media de 30 asuntos por año, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y en el 70% de los casos ha conseguido un acuerdo reparador entre las dos partes, según su presidente, José Castilla. Uno de los últimos fue el encuentro en el que participaron Jesús, condenado a 18 años de prisión por matar con un cuchillo jamonero en la Feria de Sevilla de 2009 a Juan, y los padres de este.

Asesino y padres de la víctima pasaron juntos una mañana entera. Y "el resultado fue muy positivo", asegura José Castilla. Jesús ya había mantenido una relación epistolar desde la cárcel con los padres de Juan, en la que ya había expresado su arrepentimiento, pero faltaba el momento de verle las caras. "Se descompuso, se puso a llorar por todo lo que había pasado y por la generosidad de aquellos padres de estar allí con él en ese momento. Y la madre llegó a abrazarlo. Pudieron habar de la vida de Jesús en la cárcel, de la vida de Juanito, de la vida sin Juanito...", recuerda el presidente de Amedi.

Lo que ocurrió en ese encuentro restaurativo fue, según el mediador, que los padres de la víctima de un asesinato se sintieron un poco más aliviados, que pudieron darle un poco más de sentido a su vida tras la pérdida tan trágica de su hijo. Y que el responsable de esa tragedia obtuvo de la generosidad de los padres de su víctima, perdonándole lo que había hecho, un estímulo crucial para emprender un nuevo rumbo en su vida. "Jesús, a lo largo del encuentro, descubrió que había matado a alguien que tenía las mismas aficiones que él, al fútbol, a la música, a la guitarra. Llegó a decir: ahora me doy cuenta de que maté a una persona que podría ser mi hermano", apunta Castilla.

Descenso de la reincidencia en el delito

Jesús sigue cumpliendo su condena en la prisión Sevilla II, porque el resultado de un encuentro restaurativo no tiene ningún efecto ni penitenciario ni judicial en la remisión de la pena, pero sí puede incidir en otro aspecto muy importante, aparte de la evolución personal. Según el responsable de Asociación Andaluza de Mediación, la reincidencia de las personas condenadas por el sistema penal convencional se sitúa entre el 40 y el 60%, mientras que en algunos estudios incipientes se estima que el porcentaje de los que volverían a cometer un delito no superaría el 10% en el caso de quienes se han sometido a un proceso de justicia restaurativa.

"Por algún lado, el sistema falla. Y nosotros pensamos que lo que pasa es que no se trabaja a nivel individual, en la reflexión de las causas que llevan a una persona a cometer un delito, en que no se le enfrenta a la responsabilización del daño causado, no se le enfrenta a la víctima que te devuelve la mirada del daño que tú le has causado. Y todo ese proceso puede llevar a reducir más la reincidencia", explica Castilla.

José Castilla fue uno de los mediadores que participó en los encuentros que se organizaron en 2011 y 2012 entre presos de ETA y familiares de las víctimas de sus atentados, una experiencia que, a su juicio, supuso un respaldo definitivo para implantar el uso de la justicia restaurativa en los delitos graves, y no limitarla a los leves. De aquella docena de encuentros restaurativos, este mediador recuerda, por ejemplo, lo que supuso la experiencia para la viuda de Juan María Jáuregui, exgobernador civil de Guipúzcoa asesinado por la banda terrorista en el año 2000 con dos tiros en la nuca en una cafetería de Tolosa: "Ella siempre se preguntaba que qué hubiera pasado si ella hubiera estado con su marido en ese momento, que si lo habrían matado también. Y en aquel encuentro se lo pudo preguntar a uno de los que habían matado a su marido, que le respondió que lo hubieran hecho igual, que ya lo habían intentado otras veces. Eso, evidentemente, no le devolvió a su ser querido, pero sí le dio al menos tranquilidad".

Esa tranquilidad se debe a que la víctima, más allá de una reparación material o económica por el daño sufrido, lo que más necesita es una explicación para su padecimiento, según el presidente de Amedi: "Por qué a mí, por qué de esa manera, cómo puedo yo incorporarlo a mi sistema de creencias. Todo eso no lo responde ninguna sentencia de un juez. Por eso las víctimas suelen quedar muy insatisfechas. Se sienten que no han sido atendidas, que es lo que hace en cambio la justicia restaurativa".

Encuentro reparativo con un narcotraficante arrepentido

La justicia restaurativa también ha sido aplicada con éxito en casos de narcotraficantes. La Federación Andaluza Enlace, que trabaja en el ámbito de las adicciones y la exclusión social cuenta con tres equipos de mediación y uno de ellos, el de Cádiz, organizó en 2019 un círculo restaurativo entre José Antonio S., piloto de lanchas que venían cargadas de hachís desde las costas de Marruecos, un guardia civil, dos trabajadoras de prisión, varios integrantes de organizaciones de drogodependencias y dos residentes en pisos tutelados para personas con problemas de adicciones, como víctimas indirectas del tráfico de drogas. "Y todo fue muy bien. La gente se sintió privilegiada por haber participado en una experiencia así que nunca antes se había hecho en Cádiz", concluye Irene López, una de las dos mediadoras que dirigieron el encuentro.

En el encuentro que tuvo lugar en una sala del Espacio de Creación Contemporánea de la capital gaditana, cada uno expuso las repercusiones del narcotráfico en sus respectivos ámbitos, los daños económicos, sociales y personales que les ocasionaba, y José Antonio, por su parte, les expresó su arrepentimiento, pidiendo disculpas por el mal que había causado. El círculo restaurativo concluyó con una sentencia reparadora: el narcotraficante arrepentido debía trabajar como voluntario en talleres del colectivo CEPA de Cádiz, dar charlas de prevención de las adicciones en institutos donde contaría su experiencia y participar en actividades de ocio con jóvenes tutelados del sistema de protección, además de comprometerse a seguir con los estudios de Educación Social que había iniciado durante su estancia en prisión.

José Antonio, de 33 años, ha asegurado a Público que aquel encuentro restaurativo le sirvió, de alguna manera, para reparar el daño que le había hecho a la sociedad en su momento: "Ese era el objetivo principal. Pero personalmente, a mí me ha dado también una oportunidad de seguir creciendo como persona, de ir dejando atrás el pasado ese que tanto daño me hizo a mí y a mi familia".

"Aquello sirvió –añade– como una forma de construir el futuro en el que ahora me encuentro, que no es otro que jalando de una familia, cuidando de ellos, estando para ellos, trabajando y ser una persona normal, que es lo que añoro de muchos años atrás, ser una persona normal, con los problemas de la vida cotidiana y no los problemas que he tenido que solventar estos años atrás y por lo que estuve en prisión".

José Antonio ya estuvo más de seis años en prisión a cuenta de sus andanzas con el narcotráfico, pero podría volver a entrar en cualquier momento por otra condena que tiene pendiente. Sin embargo, el mismo tribunal de la Audiencia Provincial que le condenó en 2020 a casi cuatro años de cárcel, se mostró favorable a su indulto, porque –argumentó– "en tales circunstancias no generaría ningún tipo de alarma social y resultaría equitativo el esfuerzo realizado por José Antonio S. para su rehabilitación". En esa decisión judicial de elevar una petición de indulto al Consejo de Ministros pesó mucho el informe final del encuentro restaurativo en el que había participado José Antonio con la mediación de Enlace.

La petición del indulto ha sido denegada por el Gobierno, pero el perdón ha sido solicitado de nuevo, con más apoyos todavía, entre ellos el de la corporación municipal de Cádiz, que el pasado febrero aprobó por unanimidad la propuesta, y el de la organización estatal UNAD de atención a las adicciones. En un comunicado, la UNAD, que representa a 215 asociaciones de toda España, señala este caso "como un ejemplo de los beneficios de la justicia restaurativa y de cómo se puede abrir oportunidades a las personas con problemas jurídico-legales vinculados a las adicciones".

A juicio de Irene López, la justicia restaurativa aporta mucho, todo lo que no hace la prisión por reinsertar a la persona que ha sido condenada por un delito. "Con la justicia restaurativa, ven la solución de otra manera, asumen lo que han hecho, asumen su responsabilidad, y cuando lo han asumido, entonces intentan reparar el daño causado. Y a las víctimas, les sirve también, porque les ayuda a comprender, a encontrar una explicación a por qué me ha pasado a mí. Les facilita una tranquilidad psicológica. Es como cerrar un libro", explica la mediadora.

Bajar juntos por la escalera

José Castilla recuerda especialmente el caso de un encuentro restaurativo en el que participaron dos hombres de unos 30 años, "normales, corrientes". Para uno de ellos, el fiscal pedía un año y medio de prisión por haberle propinado un tremendo puñetazo al otro causándole graves daños durante un partido de fútbol de una liga de aficionados. El mediador se acuerda, sobre todo, porque los dos, al terminar el encuentro, bajaron juntos por la escalera, aunque había un ascensor.

Para que se celebre un encuentro restaurativo de mediación es el juez quien debe proponer su realización al considerar que el caso resulta apropiado para ese tipo de resolución. Sin embargo, las partes siempre tienen que aceptar voluntariamente participar en él: básicamente, la víctima debe aparcar su deseo de venganza, su rencor, por lo que le han hecho, y el victimario, dejar de esconderse y aceptar las consecuencias de lo que ha hecho. Por su parte, el mediador ha de guardar confidencialidad.

El problema radica, según el presidente de Amedi, en la falta de voluntad política de las administraciones públicas para fomentar el uso de la justicia restaurativa. En la comunidad de autónoma de Andalucía, por ejemplo, con las competencias de justicia transferidas, apenas se ha hecho nada, según él, para implantarla, pese a que se trata de un servicio reconocido en el Estatuto de la Víctima. "No han puesto en marcha ni un equipo. No les interesa. Las entidades somos las que hacemos esto, sin ánimo de lucro, por conciencia social y colectiva", concluye.