“Una decisión histórica”. De tanto utilizarlo este adjetivo ha quedado descafeinado. Pero en este caso quizás sí que su uso se ve justificado. La justicia declaró este miércoles culpable al Estado francés por su inacción en la lucha contra el cambio climático. El Tribunal Administrativo de París lo consideró responsable de una “falta” y de un delito de “daño ecológico” por el incumplimiento de sus objetivos de reducción de emisiones de CO₂. Una sentencia que culmina el llamado “Caso del Siglo” impulsado por cuatro ONG: Greenpeace, Oxfam, la Fundación Nicolas Hulot y Notre affaire à tous.
Dos años después de que estas asociaciones ecologistas consiguieran más de dos millones de firmas en menos de un mes —un apoyo digital inédito en Francia—, la justicia administrativa les ha dado la razón en “el primer gran proceso climático” en el país vecino. El Tribunal Administrativo ha condenado al Estado por no respetar la trayectoria climática entre 2015 y 2018 que él mismo prometió. La sentencia lo hace responsable de un “daño ecológico” y “moral” por no haber adoptado “las políticas públicas que le permitirían alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de CO₂ que había establecido”.

Esta decisión supone, sin duda, un paso adelante para la justicia climática, en un momento en que estas iniciativas proliferan en el mundo. Pero su valor resulta sobre todo simbólico. Los magistrados solo condenan al Estado a indemnizar con un euro a cada una de las cuatro asociaciones que lo denunciaron en marzo de 2019. También dan a las autoridades estatales un plazo de dos meses para que puedan corregir (o justificar) su acción climática. Tras este periodo, los jueces sí que les podrían exigir medidas concretas.

¿Será suficiente para forzar un cambio de políticas?

“Nos puede parecer una evidencia que el Estado es responsable de no adoptar suficientes medidas contra el cambio climático, pero que lo reconozca un tribunal comportará un cambio significativo a nivel del derecho”, defendió Célia Gauthier, portavoz de la Fundación Nicolas Hulot, durante una rueda de prensa digital pocas horas después del anuncio de la sentencia. “Hacía años que esperábamos que se reconociera este «daño ecológico». Hasta ahora este reconocimiento solo existía para personas privadas y es importante que ahora se establezca en personas públicas, como el Estado”, añadió Hugo Partouche, abogado del colectivo Notre affaire à tous.

Francia se ha comprometido en reducir sus emisiones en un 40% antes de 2030 respecto a los niveles de 1990. Su objetivo es alcanzar en 2050 la neutralidad carbono, es decir, unos niveles de emisiones de CO₂ que la naturaleza pueda absorber. Pero si sigue la trayectoria actual, difícilmente lo logrará. El Consejo Superior para el Clima ya advirtió en julio que las medidas del actual gobierno “no están a la altura de la situación ni de los objetivos”. Las emisiones disminuyeron un 0,9% entre 2018 y 2019, mientras que el ritmo anual debería ser del 1,5% y del 3,2% a partir de 2025 para respetar la trayectoria prometida.

El Consejo de Estado ya había condenado en noviembre del año pasado al Estado francés a rendir cuentas en tres meses de que sus acciones permiten respetar las obligaciones respecto a la reducción de emisiones. La mayor instancia de la justicia administrativa francesa se pronunció entonces tras haber sido solicitada por el Ayuntamiento de Grande-Synthe, una localidad del norte del país gravemente amenazada por el riesgo de inundaciones.

Tras la sentencia de este miércoles, la gran pregunta era sobre la fuerza coercitiva de una decisión que solo comporta una multa de un euro y que no afecta a ningún dirigente en concreto. ¿Resultará suficiente para forzar un cambio de políticas? Desde las cuatro ONG, confían en que representen un precedente jurídico y que en futuros procesos se puedan pedir indemnizaciones más importantes. Hasta ahora las víctimas de contaminación atmosférica en Francia no lograron ser indemnizadas. “El objetivo principal de este proceso no era que se condenara el Estado, sino mostrar que puede actuar de otra forma” para hacer frente a la urgencia climática, explicó Cécile Duflot, exministra de Vivienda y actual presidenta de Oxfam en Francia.

Balones fuera del gobierno macronista

“Emmanuel Macron ha adoptado posiciones fuertes sobre esta cuestión, por eso ahora no puede guardar silencio”, recordó Jean-François Julliard, director general de Greenpeace Francia. El joven presidente no suele morderse la lengua con sus elucubraciones en defensa del clima, como ya hizo en junio de 2017 con su famoso “Make our planet great again”. Pero luego le tiemblan las piernas cuando debe anteponer los intereses del medio ambiente ante los de los lobbys o las multinacionales. Y ahora esta sentencia representa una mancha en su presunto compromiso en hacer frente al calentamiento global.

De hecho, el ejecutivo macronista reaccionó lanzando balones fuera, con el argumento que la justicia condena sobre todo los incumplimientos entre 2015 y el 2018 y que Macron llegó al poder en 2017. “Toda nuestra acción es extremamente ambiciosa y esta ambición será renovada la semana que viene”, dijo Gabriel Attal, portavoz del gobierno.

Puso como ejemplo los 30.000 millones del plan para hacer frente a la recesión del covid-19 que se destinarán a la transición ecológica o el nuevo proyecto de ley climática que será presentado el 10 de febrero en el consejo de ministros.

Con esta iniciativa legislativa, el ejecutivo centrista pretende satisfacer las demandas de la Convención Ciudadana por el Clima. Impulsada por iniciativa de Macron, esta reunió a 150 ciudadanos elegidos al azar que elaboraron una ambiciosa batería de 149 medidas, como un vasto plan de renovación térmica de edificios, regulación de la publicidad de los productos más contaminantes o una prohibición de venta de los vehículos más contaminantes en 2025. Pero muchas de estas peticiones quedaron descafeinadas en el actual proyecto de ley. “Solo permite alcanzar la mitad de los objetivos establecidos en la reducción de emisiones antes de 2030”, criticó Gauthier.

"Esperamos que inspire a otros países como España"

Esta ambición insuficiente no es un problema exclusivo de Francia. “Esperamos que esta sentencia inspirará otros países como España”, reconoció Clémentine Baldon, abogada de la Fundación Nicolas Hulot. En concreto, se refería a la iniciativa impulsada en septiembre por Greenpeace, Oxfam y Ecologistas en Acción para llevar al Estado español ante los tribunales por su inacción climática. Una demanda admitida a trámite en diciembre por el Tribunal Supremo.

Las cuatro organizaciones francesas se inspiraron en el caso holandés de Urgenda. Este culminó en diciembre de 2019 con el Tribunal Supremo ratificando una primera sentencia de 2015 en la que se obligaba al Estado holandés a reducir las emisiones de CO₂ en un 25% antes de 2020 respecto a 1990. Ahora esperan que el “Caso del Siglo” sirva como ejemplo para colectivos de otros países: “Queremos que no solo sea una inspiración simbólica, sino que se fijen en los argumentos jurídicos que hemos utilizado”, sostuvo Julliard.

Durante los últimos cinco años, estos procesos climáticos se multiplicaron. Por ejemplo, en Pakistán el campesino Ashgar Leghari no pudo recoger su cosecha por el mal tiempo y decidió denunciar a las autoridades por no defender el derecho a la vida y la dignidad ante el cambio climático. La justicia paquistaní reconoció la “letargia manifiesta del Estado” y obligó a la administración a elaborar nuevas medidas. Iniciativas similares surgieron en Colombia, Bélgica, Suiza, Estados Unidos, Nueva Zelanda… La lista es larga. Una dinámica mundial de la justicia climática que pone en jaque a las autoridades y su ambición insuficiente para combatir el calentamiento global.