Ibrahim cumple en diciembre 16 años. Jamala tiene ahora mismo 15. Los dos son de origen magrebí y llegaron en cayuco a Lanzarote. Salvamento Marítimo los rescató hace cuatro meses. Ibrahim y Jamala abandonaron sus respectivos países en busca de un futuro mejor y perdieron amigos durante el trayecto. Lo peor, sin embargo, todavía estaba por llegar: dos "testigos protegidos" los acusaron de "patronar" la embarcación y la Justicia los investigó como presuntos responsables de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. El magistrado, tras una breve estancia en un dispositivo de la Cruz Roja, ordenó su ingreso provisional en prisión.

Los chavales solicitaron una serie de pruebas médicas para acreditar su minoría de edad y permanecer en un centro de menores hasta recibir su sentencia. Los primeros resultados presentaban "incongruencias" y los situaban en una franja de entre 16 y 19 años. El juez estimó que tenían 18 años y dos meses, "sin tener en cuenta que, aún así, en el momento del presunto delito –cuatro meses atrás–, tampoco hubieran sido mayores de edad", según cuenta Cristina López, abogada de uno de los jóvenes, en una conversación con Público.  

La defensa de los detenidos pidió su puesta en libertad al considerar que las pruebas estaban "incompletas" y que no podían permanecer en una cárcel siendo menores. "El juez no los mandó a una cárcel cualquiera; los metió en Las Palmas I –también conocida como la prisión del Salto del Negro–, uno de los centros penitenciarios más peligrosos del archipiélago. Los chavales estaban con gente condenada por delitos complicados", continúa la letrada. 

Ibrahim y Jamala fueron trasladados en un primer momento al recurso asistencial Canarias 50, en Las Palmas de Gran Canaria. El atestado de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, al que ha tenido acceso Público, confirma que los agentes cambiaron a los supervivientes de isla por la "falta de disponibilidad de recursos alojativos en Lanzarote". Los testigos protegidos acusaron a dos de los menores de "un acto de tráfico ilícito de seres humanos" y el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas pidió su entrada en prisión. 

El juez obvió las partidas de nacimiento

"La presunción de la minoría de edad no ha existido. Los menores han estado absolutamente desprotegidos. Lo lógico hubiera sido sacarlos de la cárcel y llevarlos a un centro de menores mientras se discutía la veracidad de las pruebas", reconoce Cristina López. El magistrado que los mandó a prisión dejó el caso en manos del Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife (Lanzarote) –donde llegaron los cayucos–. El juez pidió las pruebas que, supuestamente, acreditaban su mayoría de edad, pero "no figuraban" en los informes. 

Entre medias, las familias de Ibrahim y Jamala enviaron sus respectivas partidas de nacimiento, con sello y firma de las autoridades de Guinea y Gambia. El director de la cárcel remitió los documentos al juez instructor. Público ha tenido acceso a la misiva, donde queda probado que el primero de los chavales está a punto de cumplir los 16 años y el segundo, tiene todavía 15.

"Se informa a efectos oportunos de que, si las fechas de nacimiento fueran correctas, los internos serían menores", alerta el escrito remitido por el centro penitenciario. Los detenidos, tras la primera entrevista, cambiaron su versión y empezaron a decir que tenían más de 18 años para poder marchar a la Península –una vez fuera de la cárcel– y "no recibir la atención del Estado".

El Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife determinó este mes de septiembre que los informes médico forenses "no se realizaron con las necesarias garantías para justificar la mayoría de edad de los investigados". El magistrado recuerda también que "en uno de los casos se fijó la edad en 25 años", cuando "dicho extremo es ahora descartado totalmente". En cuanto al segundo de los menores, las autoridades médicas recomendaron la realización de un TAC del extremo proximal de las clavículas. "Los informes médico forenses del 24 de septiembre no descartan la minoría de edad y solicitan la práctica de nuevas pruebas diagnósticas", recoge el auto. 

"El sistema se tragaba todas las pruebas"

El juez considera también que, "de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 1 de Julio de 1985, corresponde a los Juzgados de Menores" procesar e investigar a "los menores que hubieran incurrido en conductas tipificadas por la ley como delitos o faltas". Asimismo, pide a la Fiscalía defender sus derechos, "vigilar las actuaciones que deban efectuarse en su interés" y observar las garantías de los procedimientos. Ibrahim y Jamala salieron de la prisión de Las Palmas I hace menos de diez días.

El magistrado consideró probada la minoría de edad de los investigados y acordó "la inhibición parcial de la causa" en favor de la Fiscalía de Menores de Las Palmas. Cristina López, abogada de uno de los jóvenes, hace balance de lo sucedido: "El proceso ha sido largo, sentimos mucha impotencia al ver cómo el sistema se tragaba todas las pruebas. El derecho internacional dice que en caso de duda, debe primar la presunción de la minoría de edad. No podemos olvidar que dos niños han pasado casi dos meses en una cárcel, esperando la llegada de un auto favorable, que finalmente llegó porque hubo un juez valiente que los puso en libertad contra el criterio de la Fiscalía".