La modificación de la Policía Municipal de Madrid ha sufrido un revés judicial que podría obligar a dar marcha atrás en los planes del Ayuntamiento de Madrid. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid ha anulado la disolución de las Unidades Centrales de Seguridad (UCS), más conocidas como los antidisturbios de la policía municipal de Madrid. Un cuerpo policial creado en 2003 por Alberto Ruiz Gallardón y que desapareció el pasado año tras la llegada a la Alcaldía de Manuela Carmena.

La eliminación de esta unidad policial era una de las promesas electorales de Ahora Madrid y fue de las primera en anunciarse tras la composición del nuevo Gobierno municipal. Se llevó a cabo la mediante la resolución del 6 de abril de 2016, por la que se modificó la relación de puestos de trabajo de la Policía Municipal.

En concreto, el Área de de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias, dirigida por Javier Barbero, acometió diversos cambios que supusieron la fusión de las dos UCS en una sola que, posteriormente pasaría a formar una nueva Unidad de Apoyo de Seguridad con parte de esos agentes. Otra parte de los alrededor de 300 antidisturbios pasaron a formar parte de la unidades policiales de los distintos distritos de la ciudad. La medida llevaba aparejada, además, la pérdida de un complemento salarial para estos policías de alrededor de 340 euros al mes por agente, según criticó el sindicato CSIF, que se opuso frontalmente a la medida.

La decisión desató fuertes críticas por parte de los agentes, que llegaron a perseguir y zarandear al concejal Barbero. CSIF llevó a los tribunales la resolución y el juez entiende ahora que no se realizó "conforme a derecho" porque se vulneró el derecho a negociación colectiva amparado en el Estatuto Básico del Empleado Público. Según la sentencia, los cambios en la relación de puestos de trabajo se llevó a cabo sin seguir el procedimiento obligatorio de negociación con las organizaciones sindicales, en este caso, CSIF, mayoritario en la policía municipal de Madrid.

Anulada la resolución, el sindicato a anunciado que pedirá la ejecución provisional de la sentencia, con lo que se volvería al momento anterior a la disolución de este
cuerpo especial. Es decir, que cabe la posibilidad de que, mientras se negocia con los representantes sindicales, el Ayuntamiento tenga que vovler a poner en marcha las dos unidades antidisturbios.