Joan Corominas (Tarragona, 1946) es presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua y miembro de la Mesa Social del agua de Andalucía, que propugna el uso social del recurso. El experto, ingeniero agrónomo, lleva toda una vida en Andalucía dedicada a estudiar cómo se utiliza.

En estos momentos de crisis climática, en que en Andalucía escasea el agua y llueve menos durante largos periodos, Corominas apuesta por ser racional y propone que los gobiernos acometan durante la sequía únicamente las obras hidráulicas urgentes que ayuden a paliarla, acompañándola con la comprensión de una idea fundamental: va a haber menos agua y hay que repartirla mejor.

La sequía. ¿Cómo calificaría la situación? ¿Grave?

Tenemos una sequía larga, que no es muy fuerte año a año, pero que lleva seis años acumulados. En los últimos 12, sin llegar a sequía, ha habido un descenso de la precipitación respecto a la que teníamos históricamente. 

Nos ha llovido en los últimos años el 90% de lo normal. Por tanto no estamos como en la sequía del 92 cuando llovía el 40% de lo normal. Lo que pasa que se acumula. Este dato concreto es de Andalucía, pero las tendencias son generales, sobre todo para la mitad este y sur de la península, no tanto evidentemente en la mitad del norte y noroeste.

Es en esa acumulación donde se nota el impacto. Las tendencias de disminución de lluvias se notan más allá de la irregularidad del clima mediterráneo. Llueve menos ahora que hace 50 años. Ahora llueve un 10% menos. Tenemos datos históricos fiables. Esa tendencia de disminución de las precipitaciones va ligada también al aumento de las temperaturas. En el fondo están cumpliéndose las previsiones del cambio climático.

Los científicos nos dicen eso. El aumento de temperatura nos va a provocar algo menos de lluvia, más irregularidad en estas lluvias y nos va a dar años también muy lluviosos y con problemas de inundación, pero también bastantes más años de sequías.

Va a haber menos agua. No sabemos cuánta porque eso es más difícil de modelar. Pero la realidad lo confirma. Nos tenemos que preparar para disponer de menos recursos hídricos.

Al mismo tiempo, la evaporación va a ser mayor, con lo cual lo que va a sobrar para los ríos va a ser menos y eso sí se va a notar mucho. En Andalucía, solamente aparecen escorrentías cuando las lluvias anuales superan los 400 litros por metro cuadrado. Estos últimos años hemos estado en ese orden. 

Solamente dispondremos de agua para almacenar en los embalses o recuperar los acuíferos, cuado tengamos años de buenas precipitaciones, de más de mil litros, que son raros, uno cada 10 o cada 12 años. Por tanto tenemos que pensar que vamos a tener menos agua disponible.

¿Existe una sobreexplotación de los recursos por la agricultura?

En el caso del Guadalquivir, ya llevamos seis años de sequía y este van a ser cinco años con restricciones. Eso nos da idea de la gravedad de la sobreexplotación de recursos que tenemos. No puede ser que al segundo año de sequía ya haya que empezar a poner restricciones.

Eso es lo que nos pasó en la sequía de los años 90. En el sector urbano se ha corregido. Se ha mejorado mucho la gestión y los ciudadanos también hemos aprendido. Gastamos menos agua. En cambio el sector agrario no ha aprendido nada desde la sequía del 92-95.

El segundo año de sequía hemos empezado las restricciones y han llegado al año pasado a ser del 87%. Se dio un un 12% de la dotación normal para los regadíos ese año.

Eso es muchísimo. El año anterior había sido el 35%. Y hace cuatro años, el 80%. Llevamos ya cuatro años de una reducción cada vez más intensa y este año pues puede cambiar, puede variar, pero tal como está en este momento, no se podrá dar más que el año pasado.

La situación para la agricultura es muy grave. Se va a decidir en los próximos días en la comisión de desembalse del Guadalquivir el reparto del agua que queda. El año pasado se hizo igual para todos los regantes. Los grandes regantes tienen más superficie y más volumen de agua concedido. Por tanto, ese reparto por igual [el mismo porcentaje para todas] hace que gran parte de las explotaciones no pueden regar, ya viven mal y si les das un 15%, un 10% del agua se van a arruinar totalmente. Las grandes explotaciones pues sí lo pasan mal, pero podrán aguantarlo.

Lo que pedimos el año pasado y volvemos a pedir este año desde la Mesa Social del Agua es que haya un reparto distinto, uno que mire cómo atender a la explotaciones familiares para que puedan defenderse y no tanto la superficie.

En segundo lugar, el año pasado los regantes del arroz tenían solo esa pequeña dotación. El sistema de riego de arroz necesita mucha agua. Tuvieron que abandonar. Entonces se dieron esos derechos del agua y se permitió que Feragua [la asociación de comunidades de regantes, donde mayoritariamente están los grandes propietarios] entrara a hacer de intermediaria entre los agricultores que cedían esos derechos y las comunidades de regantes que los demandaban.

Esto no debe de repetirse. Hay que ir a un modelo que está previsto en la Ley de Aguas, que es el Banco Público de aguas, que lo organiza la propia Confederación con criterios de interés público. Esto no lo tiene que hacer una organización privada.

Con este análisis, quienes tienen la capacidad de tomar decisiones, ¿están tomando decisiones adecuadas?

Los responsables de las confederaciones y de las cuencas son conscientes de ello. De hecho, en los planes hidrológicos se hace un escenario de cambio de precipitaciones, de aportaciones de los ríos ligado al cambio climático que puede estar más o menos acertado dado el nivel de incertidumbre que tenemos, pero luego no se aplican. Se dice que vamos a tener menos agua, pero las previsiones de recursos se mantienen más o menos iguales.

Por tanto, aquí hay una incongruencia. Conocemos el problema, pero no lo queremos abordar. El tema es serio, porque obliga a cambios generales en los usos del agua, obliga a priorizar determinados usos esenciales para la vida de las personas e incluso para mantener la vida en los ríos, y, por tanto, eso afecta a los usos de tipo industrial y agrario y eso es lo que no se quiere afrontar porque es dar malas noticias a la sociedad.

¿Las desaladoras le parecen una solución sensata?

Llevamos años sin poder atender todas las demandas. Eso en el Guadalquivir ya se ve. Llevamos cinco años con restricciones en la costa mediterránea, pues hay que buscar salidas. La primera que se les ocurre a las administraciones es seguir aumentando recursos. En vez de intentar ver cómo al mismo tiempo que mejoramos los recursos disminuimos algo las demandas, no quieren tocar las demandas.

Los recursos que en este momento nos quedan por explotar son los no convencionales. La desalación es solamente útil en el borde del mar porque trasladar esa agua desalada hacia el interior tendría un precio absolutamente prohibitivo.

Y tenemos la reutilización de aguas. El uso de las aguas que, después del uso urbano, se han regenerado, las que una vez depuradas se devuelven al río, puede ser una medida interesante cuando estas aguas se viertan directamente al mar.

Por ejemplo, en Sevilla o en Córdoba o en Jaén estas aguas vuelven al río y se utilizan después en otros usos, sobre todo de regadío, aguas más abajo. Por tanto, estas aguas están ya contabilizadas. Cuando las aguas ya depuradas se vierten al mar directamente, entonces sí pueden ser un nuevo recurso.

En ese sentido, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan para recuperar estas aguas y que las pueda utilizar el sector agrario.

En algunos casos plantean aumentar regadíos. Creo que eso es un error. En todo el litoral hay ya falta de recursos, gran parte de ellos son de origen subterráneo, de acuíferos muy degradados. Aportar nuevos recursos para crecer en regadíos de esos acuíferos que están muy mal llevará a que algún día dejarán de dar el servicio que hoy dan.

Estos nuevos recursos en el litoral deberían dedicarse a recuperar acuíferos que hoy día están sobreexplotados y no a aumentar la demanda con nuevos regadíos ni campos de golf o similares.

Un paradigma que hemos visto estos días de esto que cuenta no es el tema de Doñana. Ya no hay el ruido político que había, pero ¿han entendido bien todos los actores que hay ahí lo que está en juego?

El entorno de Doñana desde el punto de vista de la utilización de recursos hídricos lleva muchos años desorganizado, incluso me atrevería a decir, gestionado anárquicamente. Las administraciones autonómica y central han mirado hacia otro lado y han dejado que los agricultores, la gente de la zona, fueran los que tomaran impulso en utilizar estas aguas. Muchas veces sin autorización. Se han hecho ya varias regularizaciones a posteriori de situaciones ilegales inicialmente.

En este momento sigue habiendo del orden de 1.500-1.800 hectáreas ilegales, que son nuevas de los últimos años. Eso quiere decir que es esa anarquía continúa.

Es cierto que los últimos años tanto la Confederación de Guadalquivir y, en menor medida, la Junta de Andalucía han empezado a tomar medidas para frenarlo, pero hay una tendencia que se ha ido gestionando en los últimos 40-50 años de anarquía en la zona.

Una anarquía, que de algún modo ha sido apoyada por la Administración local. Los ayuntamientos han entendido que tenían que desarrollar económicamente su territorio. Creían inicialmente que la protección de Doñana era un freno a su desarrollo y han intentado facilitar que hubiera nuevos regadíos. 

Ese acuerdo entre el Gobierno central y la Junta debería empezar a provocar un cambio. Entendiendo que proteger Doñana no es incompatible con el bienestar del entorno y que no todo el bienestar del entorno hay que apoyarlo sobre la agricultura y el turismo, sino que hay que diversificar las rentas y diversificar las actividades productivas y no empeñarse en seguir explotando recursos de los que no disponemos.

Uno puede extraer, al escucharle, la conclusión de que no se usa el agua de manera eficiente, pero tampoco de manera inteligente.

Eficiente sí. Se ha mejorado mucho tanto en el ámbito urbano –en nuestras ciudades se han mejorado la gestión y se han reducido pérdidas– como en la agricultura –se han modernizado gran parte de los regadíos–.

Por ejemplo, en el entorno de Doñana la mayoría están ya muy modernizados. La eficiencia se ha conseguido, pero la eficiencia no quiere decir que sea la mejor opción para mantener esos usos en el futuro. Para eso, es necesario que haya un equilibrio entre las demandas y el territorio. En el Parque Nacional de Doñana, el equilibrio de los ecosistemas es lo que están en cuestión. No tanto la eficiencia en el uso del agua, sino la sostenibilidad de cara al futuro.

Usted ha estudiado quién usa el agua. ¿Está el agua bien repartida en Doñana y en Andalucía?

El mal estado de las masas de agua subterránea del entorno de Doñana ha obligado a la confederación a declararlas sobreexplotadas y en riesgo de no alcanzar el buen estado ecológico al que obliga la directiva-marco del agua y a obligar a que se haga un censo de todos los usuarios legales. Supongo que el de los ilegales lo tendrán, pero no está publicado. A partir de ahí se sabe quién tiene derechos de agua.

De este censo hemos podido sacar unos datos muy interesantes: el 80% de los regantes solo disponen más o menos de un 15% del agua y el 20% restante dispone del 85% del agua. Es decir, que las autorizaciones que se han dado en el uso del agua reproducen la desigualdad en la propiedad de la tierra. Un bien público lo que tiene que hacer es corregir desigualdades que hay en la sociedad en beneficio del conjunto. Por tanto ahí hay un defecto de origen que habría que ir corrigiendo.

En la Fundación Nueva Cultura del Agua forman parte también de la Mesa Social del Agua. Han aportado una serie de ideas para solucionar también este asunto de la desigualdad. ¿Cuáles diría que son las fundamentales? ¿Modificar las estructuras de gobierno del agua?

La gestión del agua en España empezó a finales del siglo XIX con la Ley de Aguas de 1886. Es una ley que se cambió en el año 1985, pero en lo esencial sigue igual. La Ley de Aguas prevé que el agua se utilice en función de quien la demande y por tanto el que tiene más tierra la ha demandado más históricamente. Y esa desigualdad que hemos detectado con datos en Doñana pues se ha reproducido en toda España. El único interés que había era el económico, según esa visión de la Ley de Aguas.

En el año 2000 la Unión Europea aprueba la directiva marco del agua, que obliga a introducir una visión ecológica, a mantener en buen estado ecológico los ríos y los ecosistemas hídricos. Eso por tanto ha introducido la visión ambiental, pero queda por introducir la visión social.

Esa agua que la Constitución dice que es un bien de dominio público, que es de todos, tiene que ser usada en el interés de todos. Los únicos que toman decisiones apoyando y de algún modo participando en la gestión con la confederación son los usuarios, los que tienen derechos, y ya hemos dicho que estos son los que tienen más tierra en propiedad. Esa desigualdad de origen de la propiedad, se reproduce en un bien que es de todos: eso es inaceptable.

Los intereses de los ciudadanos, el de todos los ciudadanos, tienen que estar en la gestión. Y por tanto reclamamos un cambio en el modelo de gestión para que estén todos los ciudadanos, con sus diversos intereses. Hay quien quiere disfrutar del río porque es un paisaje bonito; otro que quiere disfrutar del río porque es un sitio donde pesca o pasea, y otro porque le trae recuerdos, le tiene afecto. Y también los pequeños usuarios tienen el mismo derecho que los grandes a disfrutar del río. Esto hay que hacerlo con prudencia, con un periodo de transición justa, pero tiene que ir cambiando.

¿Eso se haría cambiando la ley?

Evidentemente tiene que cambiarse la ley e introducirse este elemento social, que está en la Constitución, pero no en la ley. Hace falta esa visión de que el agua es un bien público de todos los ciudadanos, que tienen derecho a participar en pie de igualdad con los usuarios directos que toman agua para su beneficio económico.

¿Le preocupa el desembarco de los fondos de inversión sin prácticamente vínculo alguno de tipo sentimental como los que acaba de de plantear accedan a la propiedad de tierras en Andalucía, en España en general?

Estos días estamos viendo las protestas de los agricultores. Los agricultores lo están pasando mal: los pequeños, los que están en la agricultura a tiempo parcial, gente dedicada a otras cosas que ha heredado unas pequeñas tierras de sus padres y las cuidan los fines de semana o a ratos por las tardes. Estos son muchísimos, son casi el 70% de los agricultores. Además, está la agricultura familiar, que puede suponer otro 15-20%. Y los grandes propietarios también lo están pasando mal.

Es un momento en que el conjunto de la agricultura va mal. Y estamos detectando que aparecen cada vez más empresas mercantiles y a veces de fondos de inversión que compran fincas. Son capitales ajenos al territorio, compran grandes fincas e imponen un modelo de agricultura extremadamente mecanizada y tecnificada, de bajos costes, que puede seguir funcionando. No es mayoritario, pero es una tendencia.

Frente a una gran parte de agricultores que lo pasan mal, aparecen cada vez más ese tipo de explotaciones que no tienen ningún arraigo y que de algún modo, van a hacer el negocio a corto plazo. El período, por ejemplo, de una explotación de una plantación de olivar intensivo que pueden ser de 15 años ó 20 como mucho, en el momento que acabe eso, si las condiciones económicas no son adecuadas, se marchan o incluso antes.

No es algo que permita mantener la población en el territorio. Están completamente despegados de esos valores que forman el mundo rural. La agricultura no es solo un sistema productivo. Los agricultores también son defensores del medio ambiente, también son los que le dan vida a los pueblos. La agricultura es mucho más que producir alimentos.

Una pancarta en las manifestaciones de agricultores decía "nuestra ruina, será vuestra hambre". ¿La falta de agua tiene estas consecuencias?

Claro. Por ejemplo, los agricultores de riego, que es la parte más potente de nuestro tejido agrario. Si un pequeño agricultor no puede regar, un año lo podrá aguantar, a lo mejor dos años, pero tendría que abandonar. Muchos de ellos son mayores además en edad. Y nos vamos a quedar sin una parte importante del tejido productivo.

Las grandes empresas sí tienen capacidad para aguantar una serie de años. Las mismas ayudas de la PAC están también muy mal repartidas. Del orden del 85% de de las explotaciones agrarias, que son esas de los pequeños agricultores y de la agricultura familiar, solo reciben un 25% de las ayudas agrarias.

El resto, el 75% va a esos grandes propietarios que no lo necesitan tanto. En algún caso, puede que sí. Hay que ver las circunstancias. Pero el reparto de las ayudas de la PAC debería cambiar para favorecer mucho más a esa agricultura que mantiene el tejido social en los pueblos y el equilibrio entre la naturaleza y la agricultura.