MADRID. -El Ministerio de Interior ha hecho caso omiso a los requerimientos de la Defensora del Pueblo, que antes del verano solicitó al departamento de Jorge Fernández Díaz que le enviara información acerca de las sanciones impuestas a dos periodistas en aplicación a la Ley Mordaza.

La queja fue interpuesta ante la oficina de Soledad Becerril por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) después de que en febrero la informadora de Catalunya Ràdio Mercè Alcocer fuera multada con 600 euros por “desobediencia a unos agentes de la autoridad” cuando cubría el caso Pujol ante la Audiencia Nacional. También el redactor Axier López, del diario vasco Argia, fue sancionado por publicar en su cuenta de Twitter, “sin autorización”, la foto de la detención policial de la activista Naroa Ariznabarreta, después absuelta de sus cargos.

Según ha transmitido la Defensora del Pueblo a la PDLI, hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta de Interior por lo que la oficina de Becerril se ha visto obligada a requerir, por segunda vez y por vía urgente, una petición de información sobre estos casos alas Delegaciones del Gobierno de Madrid y del País Vasco.

“Este silencio reiterado es ilustrativo del desprecio del Gobierno hacia un derecho fundamental como es la libertad de información y de su absoluta falta de respeto hacia los ciudadanos españoles. La PDLI seguirá utilizando cuantos canales estén a su alcance para exigir respuestas oficiales y poner coto a la desmesura que suponen las leyes mordaza”, ha señalado la presidenta de la Plataforma, Virginia Pérez Alonso, en un comunicado.