La residencia Peñuelas (Madrid), donde se ha destapado la muerte de una anciana por asfixia tras el uso de contenciones, había sido advertida por la Inspección del mal uso de sujeciones físicas y no responder a las obligaciones legales. Se trata de un centro de mayores público de gestión privada y, por tanto, bajo la responsabilidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

En las actas emitidas por la Subdirección General de Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones se recoge cómo, desde el año 2020, en cada registro se requieren cambios en el uso de estos métodos de contención. También en otros ámbitos relacionados con el no funcionamiento del sistema de aviso desde las habitaciones, en la dispensa de medicación, en la limpieza o el mobiliario.

En la documentación de Inspección, que ha solicitada el PSOE de Madrid y a la que ha tenido acceso Público, se observa que la residencia no dispone de la declaración responsable firmada por el Director, donde conste la relación de personas que utilizan sujeciones, el tipo de contención que se emplea, la fecha de prescripción, así como la del consentimiento informado de las familias.

A fin de poner solución a estas deficiencias y evitar cualquier riesgo para los mayores, Inspección ha requerido en reiteradas ocasiones a lo largo de estos tres años que esos materiales mecánicos estén "prescritos por profesionales médicos y aplicados conforme a lo pautado". Además de que las personas a las que se les apliquen estos métodos "dispongan de un Plan de Cuidados Complementarios".

Sin sanciones

Sin embargo, estos cambios "no se han producido" en el centro y "no ha habido ni una sola sanción", ha criticado Lorena Morales, portavoz de Asuntos Sociales socialista. Incluso a pesar de las quejas de las plataformas de las familias de los residentes y el clamor de los propios usuarios.

La empresa Aralia, gestora de esta residencia, además de la del Ensanche de Vallecas y de Parque de los Frailes, ha sido sancionada en dos ocasiones, pero ninguna por esta mala práctica con las sujeciones físicas.

Una de las sanciones ha tenido lugar por ocultar el fallecimiento de la anciana estrangulada, por un valor de 25.000 euros. La otra es de 2020, por la que multaron al centro con una sanción de 12.002 euros.

Esta segunda corresponde a unos hechos ocurridos en 2019. "Así que podría ir contra la anterior adjudicataria y no hacia Aralia, ya que el contrato con Aralia se firmó el 23 de diciembre de 2019, por lo que apenas hubo una semana para cometer la infracción", apunta Morales.

De modo que, "en el mejor caso para Aralia, esa sanción se habría impuesto a la empresa adjudicataria anterior a ella en Peñuelas por lo que no habría recibido ninguna multa en los más de tres años que lleva gestionando Peñuelas, a pesar de los incumplimientos de los pliegos", ha insistido la representante socialista.

En concreto, la penalización se impuso por "incumplimiento de la debida atención sanitaria y farmacéutica, así como de las medidas de vigilancia o cuidado especial que precise el usuario" y por "no disponer de personal con la titulación oficial a tenor de lo establecido por la normativa", de acuerdo con al orden de penalidad que ha podido leer este medio.

De hecho, a primeros de febrero de 2020, indican fuentes socialistas, el exconsejero Alberto Reyero anunció su intención de abrir un expediente de rescisión de los contratos con Aralia. Pero nunca llegó a producirse.