Cheikhouna Dieng vive hoy con la incertidumbre de no saber dónde estará mañana. Sus nervios y temores pesan bastante más que el expediente judicial que lleva su nombre y que actualmente está en el Juzgado de Pamplona. Un juez de esa ciudad quiere expulsar a este joven senegalés, lo que ha despertado una gigantesca ola de solidaridad de sus vecinos en el barrio de La Txantrea. Si la pesadilla no acaba antes, Cheikhouna será enviado por la fuerza a su país de origen. Se convertirá así en un número más de un larguísimo listado de “repatriados”, una categoría que entre 2015 y 2016 recibieron casi 20 mil personas.

Estos números han sido proporcionados por el gobierno al senador de EH Bildu Jon Inarritu, quien a finales del año pasado presentó una pregunta por escrito para conocer –entre otros aspectos- “cuántas personas fueron repatriadas en 2015 y 2016”, así como cuáles eran sus respectivas nacionalidades. También quería conocer si habían sido detenidas antes de ser devueltas a sus países. En ese caso, preguntaba dónde y cuándo.

La respuesta del gobierno -fechada el pasado 17 de mayo- no aclara todas las interrogantes, aunque sí ofrece datos numéricos sobre “repatriaciones”, un término que jurídicamente no existe como tal en la legislación española. En tal sentido, expertos en esta materia han señalado a Público que el Ejecutivo de Rajoy podría utilizar el concepto “repatriación” en “sentido genérico”, lo que abarcaría los distintos supuestos por los que una persona que no posee nacionalidad española puede ser expulsada del país: denegación de entrada, devolución, rechazo de ingreso en Ceuta y Melilla o, directamente, expulsión.

Según consta en ese documento, entre 2015 y 2016 fueron repatriadas 19.158 personas -10.594 en 2015 y 9.241 al año siguiente-. El mes más álgido del periodo analizado fue junio de 2015, con 1.029 repatriados. En cuanto a nacionalidades –el gobierno aclara que se trata de “la facilitada por el ciudadano extranjero al inicio de su expediente”-, Marruecos ocupa el primer puesto, con 11.152 ciudadanos expulsados -5.825 en 2015 y 5.327 en 2016-. Le sigue –bastante por detrás- Argelia, con 1.686 repatriaciones, y Colombia, con 895.

El listado incluye también a personas provenientes de países de la Unión Europea. Rumanía está a la cabeza en esa categoría, con 731 personas expulsadas. El siguiente estado comunitario que figura en el documento es Portugal, que vio volver en ese periodo a 353 compatriotas. Más allá de las fronteras de la UE está Ecuador, con 424 expulsados, o Senegal, con 223. También figuran 128 personas de nacionalidad china, 166 con pasaporte argentino o 306 de origen paraguayo. En total hay más de 120 nacionalidades. En ese contexto, el gobierno asegura que “no se dispone de datos relativos a dónde (sic) fueron detenidas y cuántos días antes de su repatriación fueron detenidas”.

Expulsiones en los CIES

Por otra parte, el informe enviado a Inarritu ofrece información sobre el número de personas que fueron “expulsadas” –ahora sí emplea ese término, en lugar de “repatriadas”- desde Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs). Sobre este punto, el ejecutivo del PP afirma que hubo 2.871 expulsiones de internos en 2015 y otras 2.205 en 2016. Asegura también que 4.991 personas que se encontraban en esos centros fueron puestas en libertad durante el año pasado, mientras que otras 4.015 lo hicieron en 2015.

Sin embargo, la respuesta gubernamental no proporciona datos sobre la nacionalidad de las personas que fueron deportadas desde los CIEs. Para ello, alega que los datos de nacionalidad “se obtienen de la primera grabación de la declaración de nacionalidad realizada por el extranjero, que en muchos casos no tienen base documental”.

En su lugar, el documento aportar el número de internos que fueron enviados a centros de este tipo durante 2015 y 2016: 6.930 y 7.597 respectivamente. Marruecos, Argelia y Costa de Marfil son los orígenes que más se repiten. Renglón seguido, sitúa en un mismo nivel a las personas que provienen de Siria o Libia con aquellas que han marchado de Cuba, alegando que “en ningún caso son expulsados ni ingresados” en centros de internamiento, “si bien existe un grupo de extranjeros que en un primer momento manifiesta ser nacional de alguno de esos países, siendo esta primera nacionalidad la grabada en los sistemas informáticos”.

El gobierno descarta además que exista superpoblación en los CIEs –ofrece datos del nivel de ocupación de estos centros a lo largo de esos dos años- y asegura que el “plazo medio de estancia” de los internos en 2016 fue de 24,47 días. También rechaza que existan denuncian sobre malos tratos cometidos por los funcionarios, algo que choca frontalmente con las denuncias realizadas en varias ocasiones por quienes se encuentran en esas cárceles para extranjeros.