El incremento de 3.230 abortos en 2019 en comparación con el año anterior (se pasa de 95.917 interrupciones a 99.149) no es dato alarmante, pero sí un indicador que parece consolidar una tendencia y que hace preciso tomar algunas medidas. Así lo explican algunas expertas en salud sexual y reproductiva. 

Según los últimos datos del informe Interrupción voluntaria del embarazo 2019, dado a conocer este martes por el Ministerio de Sanidad, la tasa de abortos durante el año pasado se situó en 11,53 por cada 1.000 mujeres de 15 a 45 años, frente al 11,12 del año anterior.

La tendencia a la baja en el número de abortos iniciada en el año 2012, parece haber comenzado a invertirse ligeramente en los dos últimos años. Si en 2012 el número de abortos fue de 12,12 por cada mil mujeres, su cifra fue en descenso en los siguientes cinco años, hasta situarse en 2017 en 10,51 casos cada mil. En 2018 se produjo un pequeño incremento (11,12), tendencia que vuelve a suceder en 2019, situando la cifra por cada mil mujeres en 11.53.

Sin embargo, diversas expertas afirman a Público que la variación es muy leve e insignificante, por lo que no tiene que preocupar, aunque sí se hace necesario volver a resaltar que la disminución en el número de interrupciones voluntarias de embarazo descansa en dos pilares básicos: la educación afectivo-sexual y el acceso a los métodos anticonceptivos de forma universal y a los de última generación. Más que preocupadas por las cifras de incrementos, diversas expertas consultadas resaltan que es importante mirar en detalle algunos datos, que nos dan algunas lecturas buenas y otras no tan buenas que es necesario corregir.

Aborto temprano

Entre los buenos datos a tener en cuenta figura el hecho de que cada año la interrupción voluntaria del embarazo se realiza de forma más temprana. En 2019 casi el 71% de las mujeres abortaron a las ocho semanas o antes. Otro 23,6% lo hizo entre la novena y la 14. Es decir, que más del 94% de las mujeres que abortaron lo hicieron antes de la semana 14. 

"Estamos en una tendencia de continuidad. Es verdad que ha habido un leve aumento en los últimos años, pero estamos hablando de unas 3.000 mujeres con respecto a años anteriores y es difícil buscar la causa. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que desde el año 2011, hemos bajado la cifra en unos 20.000 abortos. Cuantos menos se hagan mejor, pero estamos en una normalidad. La evolución mirada de formal amplia es muy positiva. Si en 2011, cuando comenzó a aplicarse la ley, el 65% de las mujeres abortaban antes de las ocho semanas, en 2019 este porcentaje se incrementó hasta el 71%", explica Isabel Serrano, ginecóloga de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE).

Desde la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) destacan, también, que el 90% de las mujeres manifiestan que lo hacen por voluntad propia ", lo que pone de manifiesto la madurez y la libertad con la que toman su decisión".

Para algunas expertas como Silvia Adalvert, coordinadora de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius, es muy importante destacar que nuestro país sigue por debajo de los 100.000 abortos anuales, "una cifra que se superaba antes del años 2013, pero que a partir de ese momento comenzó a bajar. Esta experta afirma que si bien en los últimos dos años parece haber un repunte, éste es leve y no que ese dato no debería preocupar".

Disparidad entre comunidades

Pero no todos son interpretaciones positivas de los datos y del estudio. Uno de los principales problemas que manifiestan todas las expertas es la existencia de grandes disparidades que tienen las mujeres de las distintas comunidades y territorios al acceso al aborto y a los métodos anticonceptivos.

Si nos atenemos a los datos aportados por las diferentes comunidades autónomas, la tasa más alta de abortos la registró Catalunya, que en 2019 fue de 14,32 por cada mil mujeres, seguida de Baleares (13.8) y Asturias y Madrid con 13 por cada mil mujeres. Por el contrario, las que tuvieron índices más bajos fueron La Rioja (6,18 por mil), Extremadura (6,43) y Galicia con 6,41.

Pero una lectura más detallada de los datos hace aflorar otros que pueden quedar ocultos. Un ejemplo de esta disparidad es el hecho de que cinco comunidades autónomas no han realizado ningún aborto en hospitales o centros públicos. Ningún centro sanitario público de Madrid, la Región de Murcia, Extremadura, Castilla la Mancha y Aragón ha realizado a lo largo de 2019 ningún aborto. 

"Las mujeres que no han podido abortar en hospitales o centros públicos en estas comunidades suman unas 26.770. Es decir, prácticamente un tercio de todas las que han abortado en España durante el 2019", afirma Serrano. Es dramático. Esto no significa que no tengan acceso a los centros concertados con el Estado, que hacen una magnífica labor. Pero entre ese 30% que no ha podido hacerlo en el sistema Público de Salud hay algunas mujeres que debían abortar por enfermedades graves o por malformaciones del feto. Cundo se las manda a la privada se las está sacando de su círculo de diagnóstico, de su obstetra, de su matrona...", añade Serrano.

Según el informe de Sanidad, en 2019 el 14% de los abortos se realizaron en centros públicos, tanto en hospitales (6,2%) como en otros centros extrahospitalarios de titularidad pública (8,1%). El resto, el 86%, se realizaron en centros privados, concertados con el Estado. No es un dato positiva para muchas de las consultadas, pero, tal como explica Serrano, algo hemos avanzado en la última década. Esta ginecóloga recuerda que en 2011, solo el 3% de los abortos se realizaban en centros públicos y que el otro 97% en clínicas acreditadas concertadas.

Esta ginecóloga propone un ejercicio mental: "imaginemos que al 30% de la población española que padece una dolencia o una enfermedad se las obliga a ir a un centro privado. ¿Qué pasaría?".

Otro dato altamente preocupante que arroja el estudio mirado entre líneas, es el hecho de que "el 38%, es decir casi 40 de cada 100 mujeres que han abortado afirman no haber utilizado métodos anticonceptivos. Estamos en el siglo que estamos. Nos sigue preocupando este dato porque en el acceso a los anticonceptivos siguen existiendo lagunas importantes que afectan de forma importante a mujeres pobre o a mujeres en al ámbito rural", explica Serrano.

Para ACAI, es una "obligación de las autoridades sanitarias autonómicas procurar la financiación o gratuidad de un abanico de posibilidades contraceptivas que se adecuen a las distintas situaciones personales y sanitarias de las mujeres en edad reproductiva. El hecho de que más de 37.000 mujeres de las que abortaron en nuestro país no utilizase ningún método anticonceptivo, refuerza la posición expuesta y la necesidad de abordar las causas y consecuencias de esta situación".

Para Adalvert, es casi más importante lo que el informe no dice, que los datos que arroja. Una de las críticas de esta experta es el hecho de que estos datos estadísticos son en muchas ocasiones irrelevantes. Les falta detalle en algunos aspectos y en otros no aporta información válida para sacar conclusiones o conocer más en detalle los problemas. 

"Recogidos de esta forma no son muy útiles. Debemos pensar que tal vez hay que recoger otro tipo de datos que sirvan para marcar líneas estratégicas de actuación, que encuentren y solucionen problemas. En una década no se ha realizado ningún seguimiento ni evaluación de los datos sobre aborto en nuestro país. Sólo recoger datos estadísticos, que en muchos apartados les falta detalle", se queja Adalvert.

Una de las grandes lagunas que presentan los informes que año tras año recopila el Ministerio de Sanidad, es para esta experta el hecho de que hay datos que no están. "Nos preocupan las mujeres que necesitan abortos a partir de la semana 22 de embarazo. Aquí los datos son opacos. Sólo salen en las estadísticas 178 caso y sabemos por experiencia que están invisibilizados. La estadística sólo refleja los que efectivamente abortaron, peor no los casos que fueron rechazados, ni cuantas mujeres en esta situación tienen que viajar a otro país a realizarse un aborto porque el comité clínico te que las tiene que autorizar las deniega".

Esta experta reclama más transparencia en este área, en el que no se respeta el espíritu de la ley para que prevalezca la voluntad de la mujer. Además denuncia oscurantismo en relación al funcionamiento, composición y forma de actuar de estos comités clínicos.

Todas las experta consultadas destacan que se precisa más formación del personal médico en técnicas de interrupción del embarazo. Desde ACAI comparten "la creciente preocupación por la continua disminución de profesionales que, conociendo todos los métodos de IVE, realizan esta práctica sanitaria reconocida por el Sistema Nacional de Salud y financiada por este".

Adalvert destaca que no existe relevo generacional entre el personal médico que conoce las técnicas para la interrupción del embarazo. "La ley dice que tienen que formarse en las carreras. Pero en toda la red sanitaria pública apenas tenemos profesionales que las conozcan y éstos están casi todos en la privada. Esto es serio. Existe una disyuntiva entre el método farmacológico para abortar y el quirúrgico. Y parece que el primero se va a ofrecer con más frecuencia en el Servicio Público de Salud porque es más barato y requiere menos formación y esto no va a cubrir las necesidades de las mujeres. Es preciso quitarle el estigma. Porque no todos los médicos objetan por motivos morales. Muchos lo hacen por el desprestigio que el aborto tiene en la clase médica. 

Para todas las consultadas, la única forma de hacer descender los abortos pasas por dos grandes acciones: impulsar la educación afectivo-sexual en todas las etapas de la educación y hacer accesibles los métodos anticonceptivos, así como la conocida como píldora del día después.