Galicia es una tierra de contrastes. El mismo día en que la Xunta advierte a la población de que más de la mitad de la comunidad está en riesgo extremo de incendios forestales, quienes se encargan de combatirlos se manifiestan para advertir de la escasez de medios y de las lamentables condiciones laborales que padecen.

Por si no fuera suficiente paradoja, ahí va una más: los agentes forestales, responsables de la vigilancia y cuidado del monte y del medio natural, de la dirección de las tareas de extinción y de la investigación de las causas del fuego, están en huelga indefinida desde hace semanas, aunque todos van a trabajar. Cumplen escrupulosamente los servicios mínimos del 100% decretados por la propia Xunta contra su protesta.

Galicia es una tierra de contrastes, sí, pero el fuego la homologa por completo. El grado “extremo” del Índice de Risco Diario de Incendios (IRDI) que cada jornada elabora la Consellería de Medio Rural es el más elevado de su escala de alerta, y este miércoles afectaba a casi todos los municipios de la provincia de Ourense, a la la inmensa mayoría de los de Pontevedra, a casi todos los del sur de Lugo y a parte de los de la franja costera del norte de A Coruña. Más del 50% de Galicia.

En esa zona de peligro inminente estaban de nuevo incluidas todas las zonas que ardieron durante los incendios del pasado otoño, y también decenas de municipios y núcleos urbanos, incluidas ciudades como Vigo, Ourense y Pontevedra. En más del 80% de la superficie de Galicia el IRDI alerta de riesgo alto, muy alto o extremo. El IRDI tiene en cuenta varios factores, como la situación meteorológica y el estado de la biomasa, pero también, según la Consellería, “el estado de las infraestructuras preventivas”.

Índice de riesgo diario de incendio forestal. XUNTA DE GALICIA

“Yo trabajo en emergencias, y es verdad que los incendios forestales son una emergencia. Pero son una emergencia previsible”, explica Zeltia Burgos, agente forestal y responsable nacional de Función Pública de la Confederación Intersindical Galega (CIG), sindicato que ha convocado la huelga junto a UGT. “La población puede estar tranquila. Cumplimos los servicios mínimos”, tranquiliza.

Este martes, centenares de personas se manifestaron por las calles de Vigo en apoyo de las demandas de los agentes. Al concluir la marcha, la actriz Nate Borrajo leyó un manifiesto que denunciaba que la Xunta “ha abandonado el rural” gallego.

El Gobierno de Feijóo ha ejercido sobre los trabajadores una notable presión social. De hecho, les reventó la huelga hace unas semanas. No por decretar servicios mínimos del 100% para los agentes forestales que dependen de Medio Rural, sino por reducirlos al 20% para los agentes medioambientales, adscritos a la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

Todos pertenecen al mismo cuerpo, y todos están capacitados y obligados para dirigir la extinción de un incendio. Pero si los forestales no pueden ir a la huelga porque tienen servicios mínimos del 100%, eso hace recaer todo el peso económico de los paros en las nóminas de los medioambientales. Pero son compañeros. No estaban dispuesto a hacerse dumping unos a otros. Así que decidieron desconvocar la huelga para los agentes de Medio Ambiente, mantenerla para los de Medio Rural cumpliendo esos servicios mínimos de máximos, y preparar una caja de resistencia para poder sortear en el futuro jugadas de tahúr de la Xunta.

Los sindicatos aseguran que las condiciones en las que los agentes realizan sus tareas son penosas, e incluso han denunciado ante la Inspección de Trabajo que el Gobierno autonómico vulnera las normas más elementales de seguridad laboral.

El Ejecutivo de Feijóo vende en los medios que los agentes sólo quieren más dinero, y es cierto que entre sus reivindicaciones figura un complemento salarial similar al de otros cuerpos que realizan tareas tan peligrosas como las suyas. Pero también exigen que los doten de los medios necesarios para hacer su trabajo; que se elabore un catálogo de enfermedades profesionales; que se aplique un plan de acción en materia de seguridad laboral que lleva años paralizado; que se exima a los agentes de más edad o que padezcan enfermedades profesionales de acudir a primera línea de fuego; que se modifique la organización del trabajo para que no tengan que hacer en solitario de 12 horas en el monte, en solitario, en zonas sin cobertura de telefonía móvil y sin una emisora de radio que les permita estar en contacto con el mundo para, entre otras cosas, alertar de un incendio.

La Xunta de Feijóo también transmite una afeada y oportunista imagen de los agentes, a quienes acusa de convocar sus protestas justo en verano, cuando existe más alarma social por el fuego. La realidad es que llevan mucho tiempo denunciando sus condiciones, con expedientes sancionadores la Inspección de Trabajo que les dan la razón frente a la Administración gallega y que están fechados hace más de años.

Burgos desmiente la acusación de oportunismo con otro argumento contundente: “El cambio climático está haciendo que los incendios ya no estén vinculados a determinadas estaciones del año, los fuegos más virulentos pueden producirse incluso en invierno”, aclara. Los hechos le dan la razón: la oleada de incendios que el año pasado calcinó 50.000 hectáreas de monte en las mismas zonas que hoy están catalogadas con un IRDI extremo, se produjo bien entrado el otoño. Y la sequía se mantuvo durante buena parte del invierno. La pauta se repite desde hace años. Según el Ministerio de Agricultura, con excepción del año 2017, los días de mayor intensidad de los incendios en Galicia fueron el 16 de octubre en el 2011; el 24 de febrero en el 2012 y el 11 de septiembre en el 2013 y en el 2014. Ninguno en agosto.

Las negociaciones entre la Xunta y los sindicatos se rompieron el pasado 6 de agosto. Desde entonces nadie ha movido ficha. Especialmente la Xunta, cuya última oferta económica aceptaría un complemento de peligrosidad, pero ligado a la productividad de aquellos agentes que participen efectivamente en la extinción de incendios. Ellos quieren que se aplique a todos, con independencia de que el monte arda o no. “Volver a ese sistema sería volver a los años noventa, cuando se acusaba a los agentes de provocar fuegos para cobrar por apagarlos”, sentencia la portavoz de la CIG.