La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció el pasado viernes que los restos de Francisco Franco serán exhumados el 10 de junio y serán enterrados en el panteón de Mingorrubio en el cementerio de El Pardo. 

Esto parece que pone un punto y final irreversible a la estancia de Franco en el mausoleo, aunque hay varias incógnitas al respecto, sobre todo con la posibilidad de que sea un nuevo Gobierno el que tenga que ejecutar la orden, ya que tras los comicios electorales podría haber un nuevo inquilino en La Moncloa. 

El partido ultraderechista de Santiago Abascal criticó la decisión del Gobierno e incluso negó su validez, ya que para ellos, todo depende de la decisión que acabe tomando el Supremo. 

"El Gobierno miente. No se atreverá a profanar una sepultura. Franco solo saldrá del Valle de los Caídos si así lo decide el Supremo", aseguró el partido a través de su cuenta de Twitter. 

Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de la familia Franco, no se ha tomado en serio la decisión transmitida tras el Consejo de Ministros, según informa El Independiente. "El Gobierno no puede entrar en la basílica", sentencia el jurista, que ha anunciado que interpondrá un nuevo recurso ante el Supremo contra la decisión anunciada por la vicepresidenta. 

Los socialistas mantendrán el pulso

Sin embargo, los socialistas se mantuvieron firmes durante la rueda de prensa: "Esta decisión mientras sea legal la tiene que cumplir cualquier Gobierno", ha asegurado Calvo. La decisión del Ejecutivo socialista se ha tomado sin esperar a que el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre la suspensión cautelar del traslado de la momia del dictador, solicitada por la familia Franco a comienzos de marzo. 

El Supremo es el único órgano que podría paralizar la exhumación del dictador, por lo que el Gobierno ya dejó claro durante la rueda de prensa que la fecha puede ser pospuesta si el procedimiento abierto con la familia Franco acabara anulando o suspendiendo la sentencia.

Así, los Franco se ratifican en que, si el Supremo avala la exhumación, los restos del dictador deben ser llevados a La Almudena, una ubicación que el Gobierno rechaza por estar en el centro de la ciudad alegando riesgos para la seguridad y el orden público.

En el pasado el Gobierno ya criticó los constantes obstáculos que la familia Franco está poniendo a la exhumación, que no sólo perjudican a los trámites, sino al conjunto de la "democracia española".