Igualdad en los salarios, acceso a los puestos de responsabilidad de las empresas, una educación menos sexista, corresponsabilidad en los cuidados … El pasado 8 de marzo, cientos de miles de personas reclamaron en las calles y plazas de toda España medidas para asegurar la igualdad real entre hombres y mujeres. Medidas que, de hecho, ya están contempladas en la Ley de Igualdad.

Cuando se acaban de cumplir once años de su aprobación, todos los expertos consultados coinciden en que la Ley de Igualdad está guardada en un cajón, oxidándose o acumulando polvo, y que no existen ni la voluntad política ni los fondos necesarios para aplicarla. Además, resulta difícil evaluar en qué ámbitos se ha avanzado debido a la ausencia total de análisis, valoraciones o incluso mera recogida de datos que permitan valorar la efectividad y el alcance de la ley. Ni siquiera hace un año, cuando la norma cumplió una década, el Gobierno aportó ninguna información o balance sobre su grado de cumplimiento.

Una ley positiva y necesaria

Los expertos consultados por Público coinciden en señalar que la Ley de Igualdad era una norma necesaria y que ha tenido efectos positivos en los ámbitos público y privado de la sociedad española. Según Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, “la ley aportaba muchos elementos novedosos, partía de un buen diagnóstico e introducía obligaciones a los poderes del Estado e incluso al sector privado”. En su opinión, “tantos los cambios producidos en los últimos años tanto en la cultura social o empresarial como los avances de la mujer en el espacio laboral, político e institucional tienen mucho que ver con esta ley”.

Su opinión es compartida por los expertos del ámbito académico, político y de la sociedad civil consultados por Público. Todos ellos coinciden, sin embargo, en afirmar que la Ley de Igualdad está lejos de aplicarse plenamente. ¿Por qué sucede esto?. Las razones son diversas, y van desde la falta de voluntad política a la inexistencia de un marco sancionador para los incumplimientos, la falta de financiación o la propia crisis económica.

Falta voluntad política

Aunque la Ley de Igualdad acaba de cumplir once años, la portavoz de Igualdad del grupo socialista en el Congreso, Ángeles Álvarez, considera que en realidad solo tiene un lustro. “A esos 11 años hay que restarle los seis de gobierno del PP, que han supuesto un estrangulamiento de todas las políticas públicas a favor de la igualdad. Y en cinco años no se cambian las prácticas y costumbres discriminatorias de siglos”.

Álvarez resume así una falta de voluntad política que denuncian todos los expertos consultados. “Ha habido una dejación absoluta de la ley”, afirma con rotundidad Juana Gallego, directora del Observatorio para la Igualdad y codirectora del Máster de Género y Comunicación de la UAB. “Se ha dado por supuesto que la igualdad ya existe y por tanto parece que no hace falta seguir implementando, actualizando, vigilando la aplicación de la misma en todos los ámbitos: en la empresa, en la educación, en la política, en la economía…” El problema de fondo, según Gallego, es que “para trabajar por la igualdad hace falta tomarse en serio la desigualad entre hombres y mujeres, cosa que al Gobierno actual no le importa en absoluto. Es como si no existiera la ley. Nadie sabe ni recuerda ya lo que pone. Hace falta recuperarla, hacer un balance de lo hecho y tener voluntad política para implementarla”.

Patricia Reyes, portavoz de Igualdad de Ciudadanos en el Congreso, coincide en el diagnóstico: “Hacienda funciona porque el sistema está informatizado, se cruzan los datos y enseguida saltan las alarmas. Si quisiésemos, también podría hacerse para la igualdad. Pero no hay voluntad política para esto”. Reyes pone como ejemplo las unidades de igualdad que deberían tener todos los ministerios. “Hemos hecho un montón de preguntas sobre esto. Están en la ley, pero no existen. No están en marcha. No están haciendo nada”.

La falta voluntad política en aplicar esta ley se  pone de manifiesto, entre otras cosas, con la ausencia de asignación presupuestaria. “Es una ley que nace sin dinero”, afirma taxativa la profesora de Ciencia Política Laura Nuño, directora del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos. “La ley propone un cambio de todo el funcionamiento de las administraciones públicas para incorporar la perspectiva de género de manera transversal, y no tienes un duro ni siquiera para formación”. “Cualquier otra ley tiene fondos para ser aplicada: la de tráfico, la que prohíbe fumar en espacios públicos, las de Hacienda… ¿Por qué esta ley no los tiene?”, añade Nuño.

Saltarse la ley sale gratis

“Incumplir la leyes de igualdad sale gratis”, señala la profesora Laura Nuño. “Pareciera que el fin de las políticas públicas de igualdad fuera aprobar leyes, hacerse la foto y no implementarlas”.

Lo mismo opina Rosa San Segundo, directora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III: “No es una ley que imponga, sino que su articulado dice que se hará, se podrá… en forma condicional. Todo lo que no manda, no se ha cumplido. Y lo que manda, tampoco se ha cumplido”. Para San Segundo, “lo que falla no es la ley, que podría haber sido más taxativa. Lo que falla es el sistema judicial. Habría que exigir que [el incumplimiento de esta ley] tuviera consecuencias en el sistema judicial”.

Begoña San José, del Fórum de Política Feminista, nos recuerda que el Consejo de Estado ya alertó sobre el carácter de ‘derecho blando’ que tenía esta norma al “recomendar, más que imponer, conductas”. Además cita el estudio publicado en 2011 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que mostraba cómo los juzgados y tribunales no están aplicando la ley por sí misma, sino solo las 31 disposiciones adicionales que modifican leyes troncales como la de la Seguridad Social, la Ley Electoral o el Estatuto de los Trabajadores. Por último, la ley “no tiene un sistema eficaz de reclamaciones, ni por la vía judicial ni por la administrativa”, añade San José.

En definitiva, no se aplica…

“No es un real decreto o un reglamento. Es una ley orgánica. ¿Necesitamos una especie de policía en cada rincón para garantizar que realmente se cumpla?” Miguel Lorente, ex delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, es uno de los expertos más críticos con la falta de aplicación de la Ley de Igualdad. “El principal problema de la ley, es que no se aplica”.

“La ley se incumple sistemáticamente y no pasa nada”, denuncia Rosa San Segundo. “En lo relativo a la universidad, se incumple todo. Ni los órganos son paritarios, ni los nombramientos son paritarios, ni hay un lenguaje inclusivo, ni los datos son desagregados… Hablo de la universidad, pero podríamos decir lo mismo de toda la administración”. “Y hablamos de una ley que es imprescindible, añade San Segundo, porque nos ha puesto en el horizonte la igualdad”.

¿Y si lo que la ley necesitase fuesen algunas mejoras para ser realmente efectiva? Laura Nuño, de la Universidad Rey Juan Carlos, responde a esta pregunta de manera gráfica: “Es como si me comprase un electrodoméstico y lo tuviera que cambiar antes de haberlo puesto en marcha. Lo primero que habría que hacer con la Ley de Igualdad es aplicarla, implementarla, y cuando esté en funcionamiento, ya veremos qué partes hay que mejorar”.