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Iberdrola revisará el trazado de la línea de alta tensión en el paraíso ourensano del parapente

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tumba otro proyecto eólico autorizado por la Xunta en O Roncudo, en la Costa da Morte.

Aficionados al parapente en la Serra do Larouco.
Aficionados al parapente en la Serra do Larouco. Club de Parapente de Baltar

Iberdrola ha aceptado revisar el proyecto eólico que pretende levantar una línea eléctrica en la Serra do Larouco, en el municipio ourensano de Baltar, en la frontera entre Galicia y Portugal, una zona frecuentada por aficionados y profesionales del parapente y el ala delta y considerada uno de los mejores lugares del norte de España para practicar deportes relacionados con el vuelo libre.

"Habiéndose identificado un problema con el parapente, es necesaria un una revisión del proyecto", han confirmado fuentes de la compañía, que aseguran que la empresa propondrá "alternativas de trazado" a su plan original.

Iberdrola presentó el año pasado a la Xunta un proyecto para construir una línea de alta tensión de 11  kilómetros de longitud destinada a dar salida a la producción eléctrica del parque eólico de San Martiño, que incluiría torres de hasta 40 metros de altura y que afectaría directamente a las áreas de vuelo que utilizan aficionados, escuelas y profesionales, ya que en la zona se desarrollan habitualmente pruebas de varias disciplinas de los campeonatos de Galicia, España, Portugal, Europa y de la copa del mundo.

El proyecto levantó las protestas de Stop Eólicos, la organización que agrupa en Galicia la contestación social a los macroparques proyectados en la comunidad con apoyo de la Xunta, así como de los vecinos y de los aficionados al vuelo libre. Varias federaciones y asociaciones de Galicia, España y Portugal se dirigieron al Ejecutivo gallego para advertir de que la línea de Iberdrola era incompatible con la práctica de esos deportes dado que suponía "un elevado riesgo de colisión y electrocución" para los parapentistas.

Parque eólico de O Roncudo, en Ponteceso (A Coruña).
Parque eólico de O Roncudo, en Ponteceso (A Coruña). GOOGLE MAPS

La semana pasada, Iberdrola se reunió con portavoces de los afectados en el Ayuntamiento de Baltar y les transmitió su intención de estudiar alternativas al trazado proyectado. "Mostramos nuestra preocupación por el posicionamiento de cualquier colectivo que pueda verse afectado. Como siempre hemos hecho, haremos todo lo que podamos para disminuir las molestias", han añadido fuentes de Iberdrola.

A pesar de las buenas intenciones de la compañía que preside Ignacio Galán, algunos asistentes a la reunión advirtieron que, al margen de la afección sobre la práctica del vuelo libre, cualquier trazado elegido por Iberdrola para atravesar la Serra do Larouco con una línea de alta tensión tendría serias consecuencias sobre el patrimonio natural de la zona.

En Galicia se ha conformado una sólida contestación social a los parques eólicos, después de que las empresas eléctricas presentasen más de 200 nuevos proyectos alentadas por la Xunta, que hace casi un año les anunció que impondría una moratoria para el 2022.

Según denuncia Stop Eólicos, muchos de esos nuevos parques contarían con generadores de centenares de metros de altura y estarían ubicados cerca de núcleos de población en zonas de elevada riqueza natural, paisajística y arqueológica.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló la semana pasada la autorización otorgada por el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo a la empresa EDP Renovables para instalar nuevos generadores en el parque de O Roncudo, en el municipio coruñés de Ponteceso, en la Costa da Morte. Los jueces alegan que el Gobierno gallego vulneró la ley al reducir de 30 a 15 días el plazo de alegaciones al informe de impacto ambiental del proyecto.

En su sentencia, el TSXG recuerda que las normas europeas exigen que, antes de adoptar una decisión definitiva sobre el proyecto y someterlo a información pública, "la Xunta debió presentar los informes sectoriales", algo que no hizo y que impidió que los afectados pudieran "ejercer de forma plena su derecho a participar de forma efectiva y con pleno conocimiento de todas las opciones que se presentaban".

Según recuerdan los jueces, el Gobierno gallego está obligado a garantizar a los afectados "la posibilidad real de participar desde una fase temprana en los procedimientos de toma de decisiones ambientales" y "a expresar observaciones y opiniones (...) antes de que se adopte una decisión sobre la solicitud de autorización del proyecto".

A sesenta kilómetros al este de O Roncudo, en Val do Dubra (A Coruña), el Colectivo A Rula, dedicado a la protección y divulgación del arte rupestre y de los entornos en los que se emplaza, ha denunciado que otro de los proyectos en trámite amenaza un conjunto prehistórico de petroglifos, túmulos y mámoas, milenarios sepulcros formados por dólmenes. Según A Rula, el parque puede afectar "irremediablemente" el patrimonio histórico de la zona.

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