MADRID. -Tras años de protestas de las comunidades indígenas, la empresa española Ecoener-Hidralia ha renunciado finalmente a construir una presa hidroeléctrica en el río indígena Cambalan, en Guatemala, según ha anunciado la compañía a través de un comunicado publicado en medios del país centroamericano.

La empresa ya había paralizado las obras que realizaba en el territorio indígena de San Juan de Barillas desde hace meses, y había retirado los cargos contra los líderes de la comunidad que fueron denunciados y encarcelados por rechazar y protestar contra el proyecto. Sin embargo, no había renunciado de manera oficial a su construcción. Ahora, la empresa argumenta que “no ha adquirido aceptación de una parte significativa de los habitantes del territorio en los que pretendía instalarse”.

El proyecto de Ecoener-Hidralia, que se instaló en Guatemala en 2007, ha provocado graves conflictos entre las comunidades indígenas Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti, que consideran sagrado el territorio de gran valor ambiental donde habitan y donde se pretendía construir la presa. Su fuerte oposición ha derivado en persecuciones, asesinatos, criminalización y encarcelamiento de líderes indígenas por parte de la seguridad privada de la empresa y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Guatemala.

“La empresa se asentó en el país vulnerando los derechos de las comunidades residentes en la zona, violando el derecho a una consulta previa sobre la obra, libre e informada, y fomentando la represión contra los líderes de las comunidades que se opusieron a ella. Ante la falta de consenso, las propias comunidades realizaron una consulta popular, en la que más del 90% de la población se opuso de forma tajante al proyecto de la empresa gallega”, denuncia la organización Alianza por la Solidaridad.

En una investigación llevada a cabo por esta ONG sobre el proyecto, se reveló que la empresa no aportaba mejora alguna a las comunidades afectadas a efectos de empleo, servicios, beneficios sociales o medioambientales, además de acumular grandes sombras y controversias jurídicas y sociales.

El pasado 4 de noviembre, Alianza por la Solidaridad y Amigos de la Tierra entregaron 23.000 firmas contra el proyecto al embajador de Guatemala en España, Dernando Molina Girón y, unos días antes, se presentó el caso ante la ONU como ejemplo de la necesidad de un tratado vinculante internacional que acabe con la impunidad de las multinacionales ante las violaciones de derechos humanos.

Ambas organizaciones han exigido a Ecoener-Hidralia cumpla con su palabra y abandone definitivamente el proyecto, así como cualquier otro intento en el futuro de comenzar otro macroproyecto en el territorio a través de alguna de sus filiales. Además, han declarado la necesidad de crear un tratado vinculante, a nivel internacional, que ponga fin al acaparamiento de recursos naturales por parte de grandes empresas, nacionales y extranjeras, con el apoyo de los gobiernos.