Los Agentes Rurales han encontrado 87 perros y gatos muertos en una zona boscosa situada en cala Salionç de Tossa de Mar, en la finca de la madre de una veterinaria de Vidreres que fue expulsada del colegio por mala praxis.

Los agentes efectuaban un recorrido a pie por la zona a mediados de enero y debido a un fuerte mal olor detectaron una acumulación de bolsas de diferentes medidas, cada una de las cuales contenía un animal, mayoritariamente perros.

En un primer momento se llevó a cabo un rastreo superficial de la zona con un lector de microchips y se obtuvieron tres lecturas, que permitieron localizar a dos dueños de perros. Estos manifestaron que habían llevado a su perro enfermo a una veterinaria y que una vez el perro falleció ella misma se hizo cargo de la gestión del cadáver.

En total se identificaron 87 cadáveres, la mayoría de perros de todo tipo de razas, de los que 19 llevaban microchip identificativo.

Los agentes investigaron a quién pertenecía el terreno y descubrieron que el depósito de cadáveres estaba en la parte posterior de un chalet propiedad de la madre de la veterinaria.

Se trata de una mujer la que el Colegio de Veterinarios inhabilitó en 2012 a raíz de la gran cantidad de denuncias que tenía por mala praxis. A pesar de la medida adoptada por el colegio, la mujer continuó ejerciendo, yendo a casas particulares, e incluso tiene una tienda de animales abierta en Vidreres. El pasado mes de octubre un juez la condenó por ejercer mientras estaba inhabilitada.

El hallazgo de estos animales hizo sospechar a los agentes rurales de que la mujer cobraba a los clientes por la incineración de sus mascotas una vez éstas fallecían, pero que en lugar de hacerlo, lo que hacía era meterlas en bolsas y deshacerse de ellas amontonándolas en la finca de su madre.

Desde 2015 los Mossos d'Esquadra han recibido varias denuncias contra esta mujer, en algunos casos porque no llegó ni a enseñar los animales muertos a sus propietarios y, en otros, por haber practicado operaciones quirúrgicas con las que los animales no mejoraron.

Los Agentes Rurales han trasladado las diligencias a la Fiscalía de Medio Ambiente por un presunto delito de desobediencia, falsificación documental y estafa, y también se ha tramitado una denuncia por gestión incorrecta de residuos.