Las monjas del monasterio de Santa Clara en Belorado (Burgos) han optado por recluirse en el monasterio y prohibir la entrada a cualquier persona. La Guardia Civil tuvo que acudir este jueves al mediodía al convento después de que los representantes de Mario Iceta, arzobispo de Burgos y comisario pontificio nombrado por la Santa Sede, intentaran entregar a las clarisas varios requerimientos. Según un comunicado de la diócesis, estos documentos buscaban "establecer alguna línea de diálogo e interlocución con las monjas, especialmente con las más mayores".

Así, se han presentado este jueves en Belorado sor Carmen Ruiz, secretaria de la Federación de Clarisas de Arantzazu; Rodrigo Sáiz, apoderado del arzobispo Mario Iceta, para comunicar las facultades jurídicas sobre la administración de los monasterios; y Carlos Azcona, notario del Tribunal eclesiástico de Burgos, "responsable de transmitir las notificaciones pertinentes del Tribunal en relación con la apertura del proceso canónico sobre la declaración de abandono de la Iglesia católica". 

En respaldo al notario eclesiástico, la archidiócesis de Burgos había pedido la presencia de una notaria civil, María Rosario Garrido, para entregar los requerimientos oportunos. Ella ha sido la única persona autorizada a ingresar al interior del convento para cumplir con su tarea, mientras que los demás han debido esperar fuera.

La respuesta de las religiosas del convento fue recibir a los enviados desde el torno y luego en el locutorio con la presencia de sor Sión, la segunda al mando del convento. La exabadesa, sor Isabel, se negó a encontrarse con nadie y afirmó que, "excepto la notaria, los demás 'no eran bien recibidos' en el monasterio y debían abandonarlo, requiriendo la presencia de la Guardia Civil en caso de que se negaran a marcharse", según informó la diócesis.

En ese momento, la notaria entregó los requerimientos pertinentes, mientras el notario del Arzobispado y la secretaria de la federación decidieron esperar fuera. Mientras tanto, el apoderado de Mario Iceta optó por esperar fuera del monasterio a que llegara la Guardia Civil.

Según el relato de la diócesis, "una patrulla de la Guardia Civil se presentó en el lugar, donde don Rodrigo se identificó y mostró la documentación que lo acredita como apoderado del Comisario Pontificio". La patrulla indicó que se llevarían a cabo "diligencias a prevención" y, posteriormente, se entrevistarían con las religiosas.

"La denuncia contra el Comisario Pontificio ante la Policía Nacional en Logroño, su posterior ratificación ante los juzgados de Burgos y el requerimiento de una patrulla de la Guardia Civil en Belorado pueden interpretarse como gestos de hostilidad que manifiestan la nula intención de la comunidad de establecer cualquier diálogo con la persona designada por la Santa Sede y su equipo", expone el comunicado de la diócesis de Burgos. Aun así, continúa, "el Comisario Pontificio mantiene su voluntad de tender puentes y de encontrar vías adecuadas para alcanzar una solución".

Fuentes del Arzobispado han indicado a los medios de comunicación que cada religiosa es responsable de sus acciones, subrayando la importancia de que Iceta hable con cada una de ellas antes de firmar un decreto de excomunión. Según estas fuentes, esto oficializaría algo que, en la práctica, ya es un hecho, ya que con su comportamiento las religiosas se habrían autoexcomulgado.

Sin embargo, el arzobispo está obligado a ofrecerles la oportunidad de retractarse, y solo cuando las religiosas se mantengan firmes en su decisión, se procedería a firmar el decreto de excomunión. Es importante señalar que la excomunión no se puede aplicar a un grupo en su totalidad, sino que es una medida individual.

Por ese motivo, se mantiene abierta la vía del diálogo, a pesar de la denuncia interpuesta por las religiosas la semana pasada contra Iceta, a quien acusan de abuso de poder, usurpación de representación legal y vulneración del derecho fundamental de libre asociación.

La Orden de las Hermanas Clarisas tomó la decisión el mes pasado de desvincularse de las religiosas de Belorado y Orduña (Bizkaia) después de que éstas abandonaran la Iglesia católica. "No se puede ser clarisa fuera de esta obediencia", aseguró la Confederación de Clarisas de España y Portugal a través de un comunicado online.