La Guardia Civil ha desalojado este lunes a las 27 familias que vivían en dos bloques de pisos ocupados de Majadahonda, conocidas como las "casas rojas". Según relatan a Público varios de los desalojados, alrededor de las 10.00 horas, un amplio dispositivo de la Guardia Civil y de la Policía Local tenía rodeada la zona.

Alrededor de 130 personas han sido sacadas de las casas, entre ellas varios menores y algunos enfermos graves. Este era el cuarto intento de desalojo de estos dos bloques. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la localidad ordenó el desalojo de estas personas hace pocas semanas tras una denuncia de los dueños, herederos de un constructor fallecido que no cumplió con la normativa urbanística al edificar.

Los desalojados denuncian que ahora se quedan en una situación de "emergencia social", sin recursos para acceder a una vivienda en alquiler. Desde el Ayuntamiento de la localidad explican que las familias con menores serán alojadas temporalmente en hostales, por un plazo indeterminado de varias semanas. Según las mismas fuentes, sólo seis familias, con doce menores en total pueden acogerse a esta medida, aunque también se estudiará la situación de los enfermos graves.

Activistas antidesahucios han intentado negociar un aplazamiento con la comisión judicial que ha acudido al desalojo, aunque sin éxito. Según Manuel San Pastor, abogado del movimiento por el derecho a la vivienda, la comitiva judicial llegó a los bloques "con la cara tapada con pasamontañas" y no quiso negociar.

"No sé qué vamos a hacer. No tenemos a dónde ir. Estamos en la calle", ha relatado a Público Nereida, una de las desalojadas. Llevaba tres años viviendo en uno de estos pisos con su marido y sus tres hijos, hasta esta mañana. "Los agentes tocaron a la puerta y nos dijero que no teníamos que ir por la buenas o por la malas", ha asegurado. "Todos mis hijos mayores de edad, así que no nos han ofrecido ni quedarnos en el hotel", ha explicado.

Nereida lleva viviendo en Majadahonda desde 2003, cuando llegó desde República Dominicana. "Ni yo ni mi marido tenemos trabajo. Sólo algunas cosas esporádicas. La crisis nos afectó y no pudimos hacer frente a un alquiler, así que vinimos a esta casa cuando uno de los que ya estaba nos lo ofreció, porque se iba a Alemania", relata. Ahora sólo piensa en encontrar una lugar dónde pasar la noche. "En al calle no nos vamos a quedar, eso seguro. Queremos un alquiler social que podemos pagar, pero en el ayuntamiento no nos lo dan. No somos gente de armar bronca ni de ir dando patadas en la puerta de las casas vacías, pero si no nos queda más remedio tendremos que ocupar otra vivienda", asegura esta afectada, que en 2013 sufrió un desahucio por no poder hacer frente a su hipoteca tras perder su empleo en un supermercado.

Aunque no se han producido incidentes ni detenciones, varios de los desalojados relatan que los agentes han ido casa por casa para sacar a los ocupantes, rompiendo las puertas en algunos casos.

Hasta el lugar han acudido representantes políticos de partido como Podemos e Izquierda Unida, que han denunciado la ausencia de alternativa habitacional para estas personas que, ahora, se encuentran en alto riesgo de caer en la exclusión social. Al mismo tiempo, la constructora de los bloques fue sancionada en 2010 por Ayuntamiento con una multa de más de 600.000 euros que a día de hoy no se ha abonado.