BARCELONA.- La Generalitat pide penas de hasta cinco años y tres meses de cárcel para tres activistas y dos inquilinos por delitos de atentado a la autoridad y desórdenes al tratar de impedir que los Mossos d'Esquadra actuaran en el desahucio de un piso del barrio barcelonés del Clot el 25 de julio de 2011. En un escrito, la abogada de la Generalitat solicita llevar a los cinco acusados a juicio, el cual, según han explicado fuentes judiciales, está previsto que se celebre a mediados de este mes de diciembre.

Los hechos sucedieron entre las 9 y las 11 horas cuando un juzgado pidió a los Mossos d'Esquadra ayuda para llevar a cabo el desahucio de un matrimonio -que hacía más de 25 años que vivía allí- porque ante la puerta del edificio había unas 70 personas concentradas que impedían la actuación de la comitiva judicial.

Los Mossos pidieron a varios de los concentrados que desalojasen la entrada advirtiéndoles de que en caso contrario los sacarían por la fuerza, pero los concentrados "desobedecieron las órdenes, policiales, no se fueron del lugar y continuaron impidiendo la acción judicial y policial", siempre según la versión de la Generalitat.

"Incluso encadenándose y cerrándose dentro del edificio, en la portería, oponiéndose a la actuación policial con actos de violencia directa contra los agentes", según el escrito de acusación de la Generalitat, que insiste en que también hubo agresiones concretas contra agentes de los Mossos d'Esquadra.

Los servicios jurídicos de la Generalitat acusan a uno de los inquilinos de haber intentado impedir que colocasen unas escaleras con las que intentaban acceder a la vivienda desde la calle dándole fuertes golpes a la escalera hasta que consiguió que cayera, y luego tirando al suelo a uno de los agentes que entró en el piso. La otra inquilina también intentó impedir que los agentes pusieran una escalera en otra de las fachadas para acceder al piso "dándole fuertes golpes a la misma", según el escrito de la Generalitat.

Como consecuencia de estos altercados, seis agentes de los Mossos d'Esquadra resultaron heridos con diversas lesiones de carácter leve, durante un episodio que en su momento estuvo rodeado de una gran expectación mediática.

Concretamente, la Generalitat pide penas de entre cuatro años y tres meses hasta cinco años y tres meses para tres activistas por los supuestos delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad, además de una multa por una presunta falta de lesiones y las respectivas indemnizaciones para los agentes.

Para los inquilinos que trataron de desahuciar, la Generalitat solicita dos años y tres meses de cárcel para cada uno por un delito de atentado a la autoridad y una multa: por una falta de lesiones en uno de los casos y por maltrato a un agente, en el otro. La Asamblea Social Clot-Camp de l'Arpa había hecho la semana anterior un llamamiento para paralizar el desahucio, con lo que a sus puertas se concentraron decenas de personas viviéndose momentos de atención entre éstas y los Mossos.