El Gobierno PSOE-UP ha recuperado los indultos de Semana Santa a propuesta de cofradías y hermandades religiosas y ha conmutado las penas de prisión a cuatro condenados por tráfico de drogas y a uno declarado culpable de un robo que cumplían sus penas, en varios casos en régimen de semilibertad, en centros penitenciarios de Málaga, Granada y Jaén.

Estos indultos son un privilegio de origen absolutista instaurado por Carlos III en 1759 que habilita a algunas entidades religiosas españolas para solicitar la medida de gracia, aunque su concesión, como ocurre con todos los perdones graciosos, es una medida discrecional del Consejo de Ministros, que resuelve las propuestas que lleva el Ministerio de Justicia.

La medida, que normalmente se aplica a personas condenadas por delitos menores y que se encuentran en el tramo final de cumplimiento de las penas, y que las hermandades seleccionan en coordinación con las juntas de tratamiento de las prisiones con las que colaboran, lleva más de cuatro décadas levantando polémica al suponer la persistencia de una prebenda de carácter religioso en un Estado que se autodefine como aconfesional en su Constitución.

La propia figura del indulto cuenta con el rechazo de amplios sectores de la judicatura y el derecho por suponer una interferencia del poder ejecutivo en el judicial en un país que proclama la separación de poderes, aunque los de las cofradías y las hermandades tampoco son las únicas solicitudes conflictivas que el Gobierno tiene sobre la mesa, ya que entre los indultos en tramitación se encuentran los de María Salmerón, víctima de violencia machista condenada cuatro veces por defender a su hija, los de los presos del procés catalán o los del rapero Pablo Hasél.

Un privilegio suspendido y retomado

La aplicación de este privilegio fue suspendida el año pasado coincidiendo con el inicio de la pandemia y la cancelación de las procesiones y los actos litúrgicos de Semana Santa.

Sin embargo, el ejecutivo de Pedro Sánchez, que ya los había cursado en su fase monocolor, ha decidido recuperarlos ahora dentro de su política de distensión con la Iglesia católica y a pesar de que, por el coronavirus, este año apenas habrá convocatorias religiosas y en ningún caso tendrán el carácter multitudinario previo al coronavirus.

Los cinco indultos concedidos este año corresponden a peticiones presentadas el año pasado por las cofradías y hermandades, la mayoría de las cuales no formalizó nuevas propuestas en este a la espera de ver qué ocurría con las anteriores.

Según explicaron fuentes de Justicia, han sido aprobadas cinco de las 21 propuestas y rechazadas otras catorce, mientras dos más han quedado sobre la mesa para decidir si son avaladas o descartadas en los próximos días. En el primer caso, irían al Consejo de Ministros de la semana que viene.

Pastillas, chocolate, cocaína y un robo

Tres de los indultos han sido aprobados a petición de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús el Rico, la primera a la que Carlos III concedió el privilegio de solicitarlos con motivo de la Semana Santa y que ha pedido autorización para realizar un acto de liberación en la catedral malagueña o, de no obtenerlo, en una iglesia local.

Los tres indultados en Málaga son M. C. L., condenado a tres años y tres meses de cárcel y una multa de 25.000 euros después de que la Guardia Civil le interviniera 840 pastillas de clonazepam y 1.650 de tranquimazin cuando iba a embarcar en Málaga con destino a Melilla; A. L. R., a quien la Audiencia Provincial le impuso una pena de cuatro años de prisión y una multa de mil euros por otro asunto de tráfico de drogas,y J. M. R., a quien le cayeron dos años y tres meses por un delito de robo con fuerza en una casa habitada.

Junto con estos tres reos, dos de los cuales cumplen sus condenas en régimen de semilibertad, el Gobierno ha indultado a J. M.M.M., condenado a tres años y dos meses de prisión más una multa de 5.000 euros hace catorce años, en 2007, por formar parte de un grupo de pequeños traficantes que operaba entre Granada y Almería, y a J. L. P. L., que cumplía una pena de tres años y tres meses de prisión, a la que se sumaba una multa de 128.000 euros, tras haber sido sorprendido con otras cuatro personas cuando estaban transportando 56 kilos de hachís y 26 de resina de cannabis.

Las suspensiones de las condenas están condicionadas a que ninguno de ellos vuelva a delinquir en los próximos cuatro años, tres en el caso de J. M. R.