Una vez firmada la paz en Doñana y después de que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, se comprometiera por escrito con la vicepresidenta Teresa Ribera a hacer todo lo posible por evitar las multas de la Unión Europea, la realidad acecha.

La situación es de "alarma" –dos años consecutivos se ha secado la laguna de Santa Olalla, algo de lo que no hay registros previos– y "obliga", según los técnicos de la administración, a tomar medidas "urgentes". El Parque Nacional soporta el "periodo seco más largo", con doce temporadas sin años húmedos.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que depende del Gobierno de España, ha constatado el "mal estado" del acuífero en su informe preliminar del año hidrológico 2022-2023, al que ha tenido acceso Público, y pretende aplicar tolerancia cero con el riego ilegal.

Así lo recogen los técnicos: "El actual grado y modo de explotación de los recursos subterráneos en zonas del acuífero compromete su buen estado y el de los ecosistemas terrestres dependientes, lo que se evidencia en que tres de las cinco [masas] integrantes del sistema acuífero no alcanzan el buen estado cuantitativo".

Las medidas a tomar

Lo que se necesita ahora, según recoge el documento, para evitar el "deterioro" y "revertir este mal estado con vistas al horizonte de 2027" es actuar en diferentes direcciones y hacerlo de acuerdo con la Junta de Andalucía, con la que se debe "mejorar la coordinación".

Lo primero es, según la CHG, garantizar el "incremento cero de la superficie susceptible de obtener concesión", una "aplicación rigurosa de la legalidad", "el cierre de las captaciones ilegales" y la "eliminación de regadíos no legalizables".

Más de mil hectáreas de invernaderos en el entorno de Doñana usan aún hoy riego ilegal. Desde 2014 cuando se cerró el plan de la fresa hasta hoy prosiguen las extracciones irregulares y proliferan los plásticos irregulares, que no se han frenado.

Así, la CHG quiere mejorar el "seguimiento del estado de las aguas subterráneas, con un refuerzo de la guardería fluvial y del telecontrol y teledetección".

Los planes del Gobierno recogen además completar el trasvase previsto desde la cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras para poder "incorporar 19,99 hectómetros cúbicos" y también recargas –inyectar más agua– "artificiales en aquellas zonas donde sea viable".

El trabajo recoge también la inquietud por el problema de la contaminación química: "Preocupan especialmente las masas de agua de La Rocina y Almonte [dos de las cinco en que se divide el acuífero]. Esta última se clasifica como en mal estado químico".

Más se saca 

Para Juanjo Carmona, de la ONG conservacionista WWF, los "datos son demoledores". "Tenemos diagnóstico y las soluciones, cerrar las fincas ilegales, aplicar el plan de la fresa. Pero ante esta situación Gobierno y Junta deben aplicarlas con carácter urgente. No hay más excusas ni caben más dilaciones", afirma.

"Hemos entrado –añade el letrado de WWF– en un escenario desconocido. Hay que asumir la incertidumbre climática. Jamás se ha dado un periodo tan largo sin años húmedos. A esto hay que sumarle el aumento de la temperatura. No se recupera ninguno de los sectores. De los 16 sectores, once están peor de lo que indica la lluvia que ha caído: es decir, sacamos más de lo que llueve".

"Gastamos los últimos ahorros. La tendencia de las precipitaciones es descendente. El acuífero empeora de forma progresiva. Nos estamos quedando sin tiempo, las señales del colapso están ahí", urge Carmona.