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El Gobierno aprueba hacer accesible el 112 o los datáfonos para personas con discapacidad

El Consejo de Ministros da luz verde al anteproyecto de ley para transponer a la ley española las directivas europeas de accesibilidad con una inversión de 170 millones de los fondos Next Generation.

(18/2/22) La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, comparece tras la reunión del Consejo de Ministros extraordinario en Moncloa, cuando se aprobó en primera vuelta la ley de protección animal, a 18 de febrero de 2022.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, en una imagen de febrero de 2022. E. Parra / Europa Press

España empezará a cumplir con los mínimos de accesibilidad de la Unión Europa en cuanto a productos, servicios informáticos, compras en Internet o las llamadas al teléfono de emergencia 112 para las personas con discapacidad.

El Gobierno ha aprobado este lunes un anteproyecto de la ley con el que se empieza a hacer efectiva la transposición al ordenamiento jurídico español de la directiva comunitaria europea conocida como Acta Europea de Accesibilidad, que blinda el derecho de las personas con discapacidad a acceder a los bienes y servicios disponibles en la UE, según ha informado el Ministerio de Derechos Sociales tras el Consejo de Ministros.

Entre las actividades cotidianas que tendrán nuevos estándares para hacerlos más accesibles están el uso del datáfono para pagos con tarjeta en comercios, la reserva de vuelos por Internet o la compra de entradas para espectáculos.

La norma pretende hacer plenamente accesibles productos como las máquinas de facturación, los terminales de gestión de turno o los lectores electrónicos, las aplicaciones de los servicios de transporte de viajeros, los libros electrónicos y los servicios de comercio online.

Al mismo tiempo, el departamento dirigido por Ione Belarra trabaja en un Real Decreto Ley de accesibilidad que amplíe los servicios y productos que no se encuentran recogidos en la directiva europea.

Las medidas conllevan una inversión de más de 170 millones de euros de los fondos Next Generation y, según el Ministerio, buscan garantizar plenamente "los derechos como clientas, consumidoras y usuarias" de las personas con discapacidad, así como "su libre circulación sin discriminación" dentro de la UE.

Una vez aprobado el anteproyecto de ley, éste debe conseguir el visto bueno en el Congreso y el Senado antes de entrar en vigor.

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