Las 16 organizaciones ecologistas que componen la Alianza Residuo Cero han demandado este jueves al Gobierno español ante la Comisión Europea por no cumplir con los objetivos de reciclaje y gestión de residuos marcados por la Directiva Marco 2008/98/CE. Según esta norma, España debería haber alcanzado en 2020 un porcentaje de recuperación de desechos del 50%, una tasa muy alejada de los últimos datos del Eurostat, que hablan de un 34,7% de reciclaje.

"La situación de los residuos en el Estado español es crítica. Estamos a la cola de Europa", expone Adriana Espinosa, portavoz de Amigos de la Tierra, mientras señala a los datos de gestión de residuos. De los más de 22 millones de toneladas de desechos urbanos generados al año, el 53% termina en vertederos y cerca del 12% son quemados en incineradoras. Hay que decir, además, que ese 34,7% de reciclaje recogido por los últimos datos (del año 2018) españoles suponen un descenso de la recuperación de residuos respecto al año anterior.

Si bien la Directiva Europea hablaba de un 50% de recuperación  de desechos para 2020, los últimos datos, publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica a finales de año anterior, se refieren a 2018. Las organizaciones, sin embargo, no consideran que esto sea un problema que haga que la demanda pueda prosperar, en tanto que la Comisión Europea la ha admitido a trámite este mismo jueves. Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción, explica que las estadísticas de los últimos años pueden servir de referencia para considerar que el Estado no ha actuado en la materia. "El gráfico nos muestra que el reciclaje en España se ha estancado y desde 2018 [año de los últimos registros] no ha habido políticas nuevas que nos hagan pensar que las cosas hayan podido mejorar", expone.

La demanda, no obstante, no se limita sólo al porcentaje de reducción de residuos, sino a la tardanza del Gobierno de coalición a la hora de trasponer la Directiva Marco de Residuos a la normativa estatal, algo que debería haber ocurrido en 2020. El Ministerio para la Transición Ecológica, no obstante, trabaja en la ley que recoja los nuevos avances, entre los que destaca la famosa prohibición de determinados plásticos de un sólo uso.

Los ecologistas señalan directamente a la actual ley de residuos como uno de los principales causantes del mal tratamiento de las basuras. Julio Barea, representante de Greenpeace, pone el foco sobre los sistemas integrados de gestión y, más concretamente, sobre Ecoembes, a quien acusa de "torpedear" cualquier intento por mejorar el sistema, aportando "cifras de recuperación que no son reales".

Rosa García, miembro de Rezero, considera que la década de mala gestión "está teniendo una repercusión directa sobre la economía de los municipios, que son los que terminan asumiendo los costes del tratamiento de los residuos o del transporte". Lo cierto es que las deficiencias han llevado a España recibir varias condenas desde Bruselas por la contaminación asociada a los vertederos. En 2017, el Tribunal Europeo de Justicia sancionó al Estado por no eliminar 61 vertederos ilegales. Un año antes, el Gobierno de Mariano Rajoy recibió otra multa por la acumulación de otros 30 vertederos ilegales. "Son condenas que terminamos pagando los ciudadanos de nuestros bolsillos", expone.

Desde la Alianza Residuo Cero reclaman al Ministerio de Transición Ecológica que aproveche la "oportunidad" de poder elaborar una nueva Ley de Residuos que sea ambiciosa. Así, las 16 asociaciones conservacionistas apuestan todo a la implementación de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) que permita reducir el número de desechos urbanos generados e incentive la economía circular. "Los envases de usar y tirar se deben acabar", zanjan.