La Generalitat de Catalunya ha relevado a Paco Romero, el director del centro penitenciario de Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), donde el pasado 13 de marzo un preso asesinó a una cocinera, para después suicidarse.

Según informa este miércoles el Departamento de Justicia, ha sido el propio director de esta prisión el que ha solicitado ser relevado en el cargo. Decidió hacerlo tras las numerosas protestas protagonizadas desde entonces por los funcionarios de prisiones exigiendo dimisiones tras el asesinato de una compañera de Mas d'Enric.

El Departamento de Justicia ha recalcado, en este sentido, que en ningún caso se trata de una destitución, sino de un relevo, y que en los próximos días se hará oficial el nombramiento del nuevo director de este centro penitenciario.

Con todo, en un comunicado la conselleria ha precisado que el relevo del director de esta prisión, Paco Romero, "marca el inicio de una nueva etapa después de la crisis" de los últimos días a raíz del asesinato de la cocinera de la prisión de Tarragona.

Se trata de una decisión "meditada y tomada de manera consensuada" entre el director de Mas d'Enric y la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima (SMPRAV). La conselleria también ha asegurado que Romero, que cuenta con una larga trayectoria en el sistema penitenciario catalán, asumirá nuevas responsabilidades directivas tras abandonar su cargo.

Romero fue administrador de la prisión de Ponent en Lleida, dirigió la antigua prisión de Tarragona desde el 2005 al 2015 y asumió, desde su inauguración, la dirección del nuevo centro penitenciario de Mas d'Enric.

Dos semanas de protestas

El asesinato de la trabajadora de la prisión de Tarragona se produjo la tarde del miércoles 13 de marzo en la cocina del centro, a manos de un preso que había sido condenado a 11 años de prisión por matar a una mujer prostituida.

El relevo llega dos semanas después del crimen y tras varias jornadas de protesta. Los funcionarios llegaron a bloquear los accesos a las prisiones catalanas, lo que obligó a confinar a miles de presos en sus celdas y supuso la suspensión de cientos de juicios. 

Los funcionarios también realizaron concentraciones ante la sede del Palau de la Generalitat y del Parlament, en las que exigían, entre otras, las dimisiones de la consellera Gemma Ubasart y el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó.