Desde que en 1986 se aprobara la Ley General de Sanidad y se transfirieran las competencias de salud a las comunidades autónomas, los distintos gobiernos del Partido Popular (PP) han implantado progresivamente un modelo basado en la gestión privada. Unas políticas lideradas en la Comunidad de Madrid por Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y ahora Isabel Díaz Ayuso, que se iniciaron con la externalización de los servicios de limpieza y cafeterías y ya conducen hacia un un modelo de Atención Primaria de "pura enfermería", donde si un paciente quiere ser atendido por un médico tendrá que pagárselo.

"Es un asunto indudable. El PP pretende un Estado de mínimos, donde el mercado sea quien provea los servicios públicos", sostiene el doctor Marciano Sánchez Bayle. El también miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sospecha que el partido conservador quiere volver al modelo franquista "donde se pagan los mejores servicios quienes pueden, mientras que los trabajadores disponen de una seguridad social de mala calidad y el resto es atendido por un sistema de beneficencia".

Sánchez Bayle señala que la "desviación de dinero hacia el sector privado" no es una novedad, sino que se ha producido de manera paulatina. Y advierte de que ya Ignacio González tuvo la iniciativa de liberalizar y externalizar los servicios, con el modelo británico de Margaret Thatcher como referente. Si bien, el doctor se enorgullece de que las protestas lograran detenerlo.

De la privatización de la limpieza a las pruebas diagnósticas

El pistoletazo de salida lo dio el Gobierno de Gallardón con la aprobación de la Ley Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid en 2001, que permitió la externalización de servicios sanitarios. De esta forma, al introducirse proveedores privados en la red pública, los fondos son de la administración, pero la provisión es privada.

Una situación completamente anómala hasta entonces, pues durante la década de los 80, todos los hospitales públicos de Madrid eran de gestión directa y todo su personal era también público. Lo primero que se privatizaron fueron los ámbitos de mantenimiento, vigilancia y cocinas/cafeterías.

Dos años después, Aguirre tomó el relevo y profundizó el desmantelamiento de la sanidad pública madrileña. La propia Aguirre presumió de su ideología neoliberal y afirmó en reiteradas ocasiones que "el servicio público debe ser gestionado por quien lo haga más eficiente". A lo que añadía, sin ningún tapujo: "No le quepa duda de que la empresa privada es más eficaz que la pública". 

Bajo su mandato se promulgaron dos planes de infraestructuras sanitarias a través de los cuales levantaron seis hospitales semiprivatizados, en los que la construcción y cualquier servicio no sanitario está gestionado por la constructora del edificio a cambio de un concierto económico realizado por 30 años. Hablamos del Hospital Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Hospital Infanta Leonor (Madrid capital), Hospital Puerta de Hierro-Majadahonda, Hospital Infanta Cristina (Parla), Hospital del Sureste (Arganda del Rey) y Hospital del Tajo (Aranjuez). Luego, se edificaron otros cuatro totalmente externalizados.

Ya en 2013, con los servicios públicos asfixiados por los recortes derivados de la gran recesión de 2007, el heredero de Aguirre, Ignacio González, imputado en las tramas de corrupción del PP, dio la puntilla que le faltaba a la sanidad con medidas como el copago en las recetas farmacéuticas, a través del Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público. "A partir de entonces, la derivación de pacientes a centros privados para realizarles pruebas diagnósticas ha sido una constante", afirma el doctor Sánchez Bayle.

Madrid multiplica por 300% los conciertos privados

La situación originó la Marea Blanca, una batería de protestas y manifestaciones impulsadas por colectivos, asociaciones y plataformas del ámbito sanitario que denunciaron el deterioro, tanto de las condiciones de trabajo como de la calidad asistencial en los centros, que estas reformas habían provocado. 

Pero lejos de revertirse, los gobiernos que vinieron detrás no hicieron sino seguir la misma lógica privatizadora. Así, desde 2002, la Comunidad de Madrid ha incrementado el gasto en conciertos un 321,1%, de 224,9 millones a 947,4 millones (sólo entre 2018 y 2019 subió un 6,8%). En la misma línea, el gasto per cápita ha subido 12 millones de euros en cuatro años, de acuerdo con los últimos datos publicado por la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). 

Una senda que han recorrido Ayuso y su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien ha cerrado más de cuarenta centros de Urgencias extrahospitalarias e incluso ha defendido públicamente un modelo de Atención Primaria sin médicos.

De aquellos barros estos lodos. Pese a tener a más de 5.000 médicos en huelga indefinida desde el pasado noviembre, con movilizaciones semanales, el gobierno de Ayuso no da su brazo a torcer y se niega a dar respuesta a las reivindicaciones de los sanitarios,que insisten en la infrafinanciación del SERMAS y la necesidad de dotas de mejores recursos y condiciones las plazas. La pauperización del sector, con el paso de los años, ha sido tal que muchos facultativos han renunciado a su puesto de trabajo.​