La Xunta de Galicia ha firmado tres convenios con la multinacional estadounidense Medtronic, fabricante de equipos médicos para cardiología, que permitirán a la compañía reorganizar el área del corazón de tres hospitales públicos y empotrar a sus empleados en esos servicios.

Eso les permitirá participar en su gestión mediante la aplicación de criterios y principios empresariales y de negocio, testar el funcionamiento de las máquinas que comercializa la firma con pacientes de la sanidad pública, y evaluar tanto las necesidades como los costes de la atención médica que presta el Servicio Galego de Saúde (Sergas). El objetivo, en su caso, es extender ese modelo a otras unidades hospitalarias.

La Asociación de Pacientes e Usuarios do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) ha denunciado que el Sergas le ha negado el acceso a esa documentación, argumentando que “contienen datos que pueden afectar al secreto profesional y/o a la propiedad intelectual o industrial”.

Público sí ha podido obtenerla y constatar que refleja la voluntad del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo de poner a disposición de Medtronic los recursos públicos humanos y materiales necesarios para que la compañía pueda participar en el rediseño de la gestión de los servicios de Cardiología, promover la implantación de la tecnología que fabrica y recabar información sobre enfermedades, pacientes, tratamientos y protocolos de asistencia.

Medtronic, fundada en el Estado de Minneapolis (Minnesota) a mediados del siglo pasado, fue una de las compañías pioneras en la producción y fabricación de marcapasos. Hoy es una de las mayores comercializadoras de equipos médicos especializados en enfermedades cardiovasculares, incluidos los de seguimiento remoto de enfermos del corazón.

Además, está desarrollando un departamento específico de soluciones para la gestión sanitaria. Opera en más de 155 países, emplea a más de 85.000 personas y tiene una capitalización bursátil que ayer rondaba los 93.500 millones de euros. En Estados Unidos, un país con un sistema público de salud muy frágil y donde los operadores privados copan la atención sanitaria, Medtronic gestiona parte de los programas estatales Medicaid y Medicare para personas mayores, con discapacidad y con recursos limitados.

En agosto del año pasado, el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almunia, firmó con los responsables de Medtronic Ibérica, la filial española de la multinacional, un convenio marco por el que se ambas partes se comprometían a colaborar durante cuatro años, prorrogables indefinidamente, para “generar innovación” y “mejorar los resultados en la atención sanitaria a los pacientes del sistema de salud de Galicia”.

El acuerdo contemplaba acciones concretas que se implantarían mediante acuerdos específicos, que Vázquez Almunia firmó tres meses después y que en la práctica abren a Medtronic las puertas de los servicios de Cardiología del CHUS, y también del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) y del Hospital Universitario Lucus Augusti, de Lugo.

En los anexos que la Xunta oculta al público y a los que ha tenido acceso este diario no hay ningún dato concreto que no figure ya en la web o en otra documentación corporativa de Medtronic. Tampoco información que revele secretos industriales de ningún tipo. Ni contrapartidas económicas. Pero sí la constatación de que esa empresa contará con una notable ventaja comparativa sobre su competencia directa cuando, como parece pretender, haga negocio con la administración gallega.

No sólo tendrá contacto directo y personal con los profesionales sanitarios y con la gerencia médica, sino que dispondrá además de una información privilegiada y de primera mano sobre el funcionamiento de los servicios de Cardiología, en cuya organización estará participando de forma directa y con su tecnología funcionando ya en ellos.

Un acuerdo de cuatro años prorrogables

En el acuerdo referido al hospital de Santiago, que tiene una vigencia de cuatro años prorrogables otros cuatro, la multinacional no esconde que su intención es mejorar su posición competitiva y prepararse para, en el futuro, prestar servicios de pago al Sergas: “Este acuerdo fortalecerá su posición para ofertar actuaciones de transformación integral a las unidades clínicas (…) Medtronic ambiciona conocer en profundidad las necesidades de todas las tipologías de centros para desarrollar un portfolio de servicios y soluciones completo, que pueda en un futuro ser de interés para todo el espectro de hospitales”.

El texto expone que la reorganización del área del corazón de Santiago, que presta atención especializada a una población de unas 800.000 personas, se estructurará “en torno a los principios Lean-Sigma”, dos metodologías de gestión empresarial -Six Sigma y Lean Manufacturing- que persiguen la reducción de costes y la mejora de la eficiencia en los procedimientos con criterios de rentabilidad de negocio.

Para aplicarlos, Medtronic dispondrá de un trabajador contratado a su cargo “que tendrá como lugar de trabajo el área cardiovascular del hospital”, tal y como reza el texto, que se encargará de coordinar el proceso con el Sergas. Éste, a su vez “prestará colaboración a través de la cooperación de sus profesionales, su estructura física y sus instalaciones”.

La Administración gallega también se compromete “a potenciar el área de diagnóstico por imagen” del servicio de Cardiología, es decir mediante la tecnología que fabrica Medtronic, que a cambio cede al hospital “el derecho de uso” de un equipo para tomografía axial computerizada (TAC) y de otro para resonancias magnéticas.

Esas máquinas se emplearán “exclusivamente” para servir a los objetivos del acuerdo y sus gastos de instalación correrán a cargo de la compañía, que incluso se reserva el derecho a decidir incluso sobre “los acabados finales, mobiliario e iluminación, etcétera, que configuren la imagen y el look and feel” de los espacios en los que se ubiquen.

Además de esas herramientas diagnósticas, el personal de Medtronic implantará en el hospital la tecnología que permite el seguimiento a distancia de los pacientes crónicos de insuficiencia cardiaca, mediante “la puesta en marcha de un centro de soporte al seguimiento remoto” que será operado por un equipo que integrarán “profesionales de Medtronic y profesionales del Sergas”.

La empresa tiene notable interés en desarrollar esta área de negocio, ya que, tal y como describe el acuerdo, lleva diez años desarrollando programas de investigación al respecto y recientemente ha adquirido Cardiocom, otra compañía que gestiona la teleasistencia de 80.000 pacientes adscritos a los programas Medicaid y Medicare de Estados Unidos.

Finalmente, la multinacional instaurará “un sistema de trazabilidad de costes” que le permitirá elaborar un estudio que recoja “el coste operativo total de la atención cardiológica que presta el hospital” y que permita también estimar “el coste diferencial” de aplicar su modelo de gestión. Es decir una buena plataforma para estimar lo que podría cobrarle al Sergas si la administración gallega pusiera en sus manos la gestión del servicio de Cardiología.

¿Una hipótesis descabellada? No, si se tiene en cuenta que un 25% de la atención sanitaria especializada del servicio público de Galicia ya se presta en hospitales y centros privados, y que el Ejecutivo de Feijóo acaba de aprobar una reforma de la ley de sanidad que promueve las privatizaciones y que facilita que la industria haga negocio con los fondos y recursos públicos destinados a investigación.

La Asociación de Pacientes e Usuarios del CHUS consideró ayer “intolerable” que el Sergas firme acuerdos “que ponen a disposición de una multinacional especializada en el diseño y fabricación de dispositivos cardiovasculares (…) los medios materiales, técnicos y humanos de los hospitales de tres áreas sanitarias”.

En una nota que firma su presidente, Fernando Abraldes, la organización también critica que la Xunta les haya negado acceso al contenido de un convenio cuyas cláusulas “afectan al funcionamiento de servicios sanitarios específicos sobre los cuales hay un derecho general de información reconocido a todos los pacientes y usuarios”.

“Queremos saber si el convenio garantiza que la empresa no va a tener acceso al tratamiento de nuestros datos personales y sanitarios; qué tipo de medidas organizativas se van a implantar en los servicios afectados y qué grado de participación va a tener la empresa en el seguimiento y control de los procesos asistenciales; qué medios técnicos y humanos disponibles en los hospitales públicos se van a poner a su alcance para posibilitar su estrategia empresarial; y qué beneficios va a comportar para los pacientes la ejecución del convenio”, afirma la nota.

Y añade aún más preguntas: “Queremos conocer qué tipo de producto se va a obtener de los trabajos que la empresa realice; cuál va a ser el régimen de propiedad y uso que se le va a dar a la resonancia magnética y al TAC (…) y si estos dispositivos van a estar a disposición de los servicios centrales de radiodiagnóstico para atender al conjunto de la demanda hospitalaria, y si existen entregas similares de equipos en los hospitales de A Coruña y Lugo”.