Al igual que la memoria histórica está pendiente de incorporarse como materia en las aulas de toda España, también sigue en el limbo el cambio de nombre de decenas de centros educativos públicos y concertados que continúan rotulando sus fachadas con los protagonistas de la represión del régimen de Franco. Estas últimas semanas, la polémica la suscita el personaje de Manuel Lora Tamayo. 

¿Quién lo conoce? Este político franquista fue presidente de la Comisión Depuradora del Magisterio en Sevilla, desde 1937, en los años más fervientes de Queipo de Llano en la ciudad. "No era responsable directo del fusilamiento de casi una trentena de profesores, pero si conocedor de estas ejecuciones, en las que no hubo ni siquiera juicio. Se les aplicaba el llamado bando de guerra", dice el historiador José Montaño.

El experto recuerda un caso muy significativo, el de Francisco Ruiz López, maestro de Pruna, fusilado a bocajarro en plena sierra sur de Sevilla en septiembre de 1936. En su expediente de depuración consta que trabajó como maestro nacional y que procedía de Miajadas, un pequeño pueblo de Cáceres. Poco se conoce de lo ocurrido aquellos días que acabaron con la vida de este maestro de tan sólo 26 años de edad. El historiador explica que acababa de "regresar de su localidad de origen" y que probablemente, según algunas fuentes orales, sus alumnos presenciaron su muerte. Lora Tamayo elevó al Ministerio de Educación que "que falleció en los primeros días del Glorioso Alzamiento, y se elevó a dicha Comisión tres años después", ya en 1939.

Hay historiadores que opinan que la continuación de un expediente, como si esa persona pudiera defenderse o como si estuviera viva, era una forma de ocultar los rastros de la represión, como el caso del maestro de Pruna.

Desde el inicio del golpe militar, el sindicato de CGT Educación ha documentado cómo "docentes de izquierdas y republicanos sufrieron la represión física llevada a cabo por los golpistas. Los presidentes de las Comisiones Depuradoras como Tamayo en absoluto desconocían esta represión". Montaño señala que la responsabilidad de Tamayo recae en "ser conocedor y tramitar el expediente de depuración. No es un tramite más, lo que me parece muy grave".

En la actualidad son tres centros, dos públicos, en Sevilla capital y Bonares, Huelva, y uno en Jerez, de educación concertada, los que lucen el nombre de Manuel Lora Tamayo. Su carrera no solo se queda en la presidencia de la Comisión Depuradora. En 1938 era, junto a José Hernández Díaz, miembro del Patronato de Cultura de la Universidad de Sevilla, situándose posteriormente como Vicerrector de la Universidad de Sevilla. Sus progresos dentro del sistema educativo franquista y el buen hacer con el régimen, lo llevaron al cargo de "ministro de Educación Nacional de 1962 a 1968" aclara Montaño.

¿Puede tener esta figura la relevancia de ser recordado con el nombre de un centro escolar en pleno siglo XXI? Bajo su mandato tuvieron que "pasar por un expediente de depuración para mantener su puesto muchos enseñantes. Algo más de un 13% de los maestros sevillanos sufrieron sanciones, algunos con la expulsión del cuerpo, pero también la menos grave de estas dejaba señalado al maestro". La circular de 1937 de la Comisión de Cultura y Enseñanza, en la etapa de Tamayo, implicaba la sanción a cualquier maestro o maestra "siempre que en conciencia crean acreedor a ella al encartado, aun en los casos en que por circunstancias especiales no haya en el expediente prueba bastante por escrito" Un simple chivatazo o testimonio bastaba para que pudiera dejar de lado su vida en la enseñanza.

"No se nos ha pasado ni por la cabeza cambiar el nombre"

Lora Tamayo nació en Jerez de la Frontera y de ahí que un centro salesiano en la ciudad gaditana presida su nombre sin el menor atisbo de dejar atrás su memoria. De los dos centros públicos Lora Tamayo, Público ha podido conocer que, en el de Sevilla, su director ha sometido el cambio de nombre al Consejo Escolar sin conseguir grandes avances. Desde el centro educativo de Bonares señalaron explícitamente "no habérsele pasado ni por la cabeza" hacer tal operación.

La campaña del sindicato CGT de Educación pretende que se vaya tomando conciencia sobre la denuncia de que los centros continúen conservando estos nombres de políticos y militares franquistas. Daniel Fernández, miembro de la sección de educación del sindicato, apunta que sólo se han suprimido "dos nombres del listado confeccionado", el antiguo colegio Esperanza Aponte, que ha sido modificado por el de un pianista que fue alumno del centro, y la Sección de Educación Permanente de Isla Mayor, antes denominada Villafranco.

"Al colegio  Méndez Tolosa y lo dejaron en Tolosa”

Una de las mayores batallas en esta titánica tarea del cambio de nombre a herederos del régimen se llevó a cabo por parte del Foro por la memoria del campo de Gibraltar contra el Instituto de la Línea de la Concepción (Cádiz), Menéndez Tolosa. Juan León Moriche señala que se trataba "de uno de los jerarcas del franquismo, gobernador militar del Campo de Gibraltar entre 1957 y 1959 , y luego capitán general de las regiones militares de La Coruña y Burgos". ¿Cómo podía este gobernador presidir un centro de educación en un municipio tan marcado por la represión?

"La Línea de la Concepción fue una de las ciudades que más rápido y con mayor brutalidad sintió los efectos del plan de exterminio". El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar recuerda que "el 19 de julio de 1936, tropas regulares llegadas desde Algeciras dispararon contra una multitud de civiles desarmados que junto al cuartel de Ballesteros expresaban su apoyo a los militares". Los disparos causaron decenas de muertos, entre hombres mujeres, ancianos y jóvenes. Solo en aquel verano fueron fusiladas más de 300 víctimas.

Sin embargo, a pesar de que la primera petición para que se cambiara el nombre del instituto se realizó en 2014, "hasta tres años más tarde no se consiguió el instituto eliminara uno de los apellidos y lo dejó en Tolosa". Moriche afirma que el "intento de burlar la ley dejó que solo se quedara un solo apellido" para que no siguiera la polémica sobre dicho centro, sin que la Consejería de Educación instara al centro al cumplimiento de la ley de memoria andaluza.

¿Por qué la pervivencia de estos nombres?

"La amnesia y el olvido existente respecto a la represión llevada a cabo por el franquismo es alarmante" apunta Montaño. "Creo que todavía hoy el papel de Lora Tamayo en la depuración del Magisterio es bastante desconocido y escamoteado en sus biografías. Esto lleva a una situación de inmovilismo de los consejos escolares que tienen que tomar esa decisión".

La vulneración a la ley de memoria histórica andaluza es otro de los caminos que deben seguirse para asegurar el cumplimiento. La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, señala que "la exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero, inscripciones y otros elementos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública, realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe militar de 1936 y del franquismo" deben desaparecer. Montaño destaca que la "conclusión es clara, el nombre de un colegio o instituto está a la vista, adosado a un edificio público, dando a la vía pública, para retirarlo, como consecuencia lógica de lo que dice la ley, habría que cambiar el nombre del centro educativo".

Tal y como denuncia CGT quedan pendiente en Andalucía "numerosas placas y simbología que ensalzan a Franco en otros centros de la ciudad". El retablo en el colegio Salesianos de la Trinidad (Sevilla), donde se puede ver la pintura cerámico a los mártires de la Nueva Reconquista Española. "En la Universidad de Sevilla y en el CEIP La Atalaya (Níjar, Almería) hay sendas lápidas en latín en las que se cita al dictador Franco como Duce", registra el informe del sindicato. Toda esta simbología ha sido ya denunciada en las Delegaciones Territoriales de Educación.

Sin embargo, la batalla seguirá siendo muy compleja, ya que "el cambio de nombre de los centros educativos, ya sean públicos, privados y privados concertados, corresponde al Consejo Escolar. Y es realmente el gobierno andaluz quien debe velar porque la ley se cumpla", concluye.