La presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS, Arantxa Mejías, ve "esperanzador" el fallo del Tribunal de Cuentas que condena a la exalcaldesa Ana Botella y a seis de sus ediles a abonar 22,7 millones de euros por vender de forma ilegal 1.860 viviendas a un fondo buitre.

"Poco a poco se hace justicia", ha asegurado Mejías en declaraciones a Efe, en las que muestra su satisfacción con la decisión del Tribunal de Cuentas y explica que es "esperanzador" que "después de tanto tiempo" se dé la razón a los vecinos.

La Plataforma de Afectados estudiará el fallo para sumarlo a la demanda penal y a todos los procesos civiles que tiene abiertos en contra de la enajenación de viviendas y celebra que de esta forma se reconozca no solo el daño a los afectados directos, las familias que residían en los pisos vendidos, sino también a los indirectos, la ciudadanía madrileña y el erario público.

Mejías comparte también la posición del Ayuntamiento de Madrid, que estudia recurrir la sentencia al entender que el quebranto patrimonial fue de 127 millones de euros y no de 25,7, como ha fallado el Tribunal de Cuentas.

Esta activista es una de las residentes en uno de estos inmuebles vendidos por Ana Botella a Fidere. En su caso, sigue residiendo en uno de estos inmuebles aunque para lograr su permanencia ha tenido que demandar penalmente a este fondo de inversión, que se negaba a renovarle el contrato.

Aumento del alquiler de hasta 200 euros

Tras denunciar esta decisión en los tribunales al entender que era en represalia por el liderazgo de Mejías en la lucha contra la venta de estos inmuebles, Arantxa y su familia consiguieron quedarse en su piso de Carabanchel, pero asumieron, como el resto de los vecinos, un incremento en la cuantía del alquiler que, dependiendo de los metros cuadrados, puede ser de hasta 200 euros mensuales.

A día de hoy los vecinos siguen con "incertidumbre" sobre su futuro, tras años de "lucha y desesperación". "Los tiempos políticos y los judiciales no son los de la vida diaria de las personas", explica Mejías, que cree que el fallo da "más luz" a encontrar una solución.

El Tribunal de Cuentas considera que el menoscabo total a los fondos públicos provocado por esta operación asciende a 25,7 millones, de los que a los ediles de Botella y la excalcaldesa se les condena a abonar de forma solidaria un máximo de 22,7 millones.

Esta sentencia considera probado que la operación en la que se vendieron 18 promociones de vivienda pública protegida por 128 millones de euros a Fidere, filial de Blackstone en España, se hizo por un procedimiento ilegal al no asegurar la concurrencia, y se cerró por debajo del precio contable de los inmuebles, de 159 millones, y también por debajo del precio del mercado.