Una de las filiales del fondo buitre Cerberus, en València, prohíbe en sus contratos de arrendamiento "divulgar por ningún medio, o enviar comunicación alguna a terceros, en especial a medios de comunicación [...] el presente acuerdo", según recoge el diario Levante.

Estos contratos, ofrecidos a los inquilinos, incluyen subidas del precio del alquiler de más de un 400%. El fondo buitre amenaza con "reclamar judicialmente la correspondiente indemnización por los daños y perjuicios que hubiese ocasionado el incumplimiento" de esta obligación, en caso de que las personas sometidas a estas condiciones quisieran denunciarlo no solo a los medios, sino a sus seres queridos.

La abogada especialista en fondos de inversión Maria José Alamar ha explicado al periódico valenciano que es común que los clientes sufran presiones y amenazas. "Les llaman constantemente, les mandan cartas, incluso se les presentan hombres trajeados a las nueve de la noche en la puerta de sus casas", declara Alamar.

Nacho Collado, letrado especialista en derecho a la vivienda, ha afirmado a ese mismo diario que el objetivo del fondo buitre es "meter el miedo en el cuerpo a los vecinos pero sobre todo evitar que se creen redes de apoyo mutuo entre otros afectados que puedan reivindicar". "Les viene bien que no hablen entre ellos y que no se sepa las ofertas que les están haciendo a cada vecino, que quizá son distintas", ha apuntado.

Estas prácticas de acoso inmobiliario son conocidas por la Conselleria de Vivienda del Ejecutivo valenciano, y ha preparado un anteproyecto de ley para enfrentar la situación que sufren los vecinos de barrios periféricos de València. El documento concebiría multas de hasta 950.000 euros. Sin embargo, sigue sin aprobarse cuatro meses después de su publicación.