MADRID.- A María Dolores de Cospedal le salpican sus propios tejemanejes en plena campaña electoral. Cuatro meses después de echar a la calle a nueve de cada diez interinos que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha le obligó a readmitir, la Fiscalía provincial de Guadalajara ha abierto una investigación criminal por posible prevaricación y falsedad documental.

En 2012, la Junta redujo 672 plazas públicas. Algunas de ellas estaban vacantes, pero la medida afectó a más de 400 interinos que fueron despedidos. Los sindicatos iniciaron una batalla legal que terminó con el Ejecutivo autonómico obligado por el Tribunal Supremo a reincorporar a los afectados.

Tras la sentencia, Cospedal quiso burlarla, planteando a los sindicatos el despido de 700 empleados públicos antes incluso de haber ejecutado la orden judicial. Una vez más, las protestas le obligaron a recular: prometió la reinserción de los despedidos y la renegociación de la destrucción de empleo público. Pero el camino seguido desde entonces ha sido el contrario. De hecho, 86 interinos de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales volverían a estar en la calle, si se cumplen las previsiones de los sindicatos.

La Fiscalía de Guadalajara investiga el "cese en diferido" de 73 de los 400 interinos que La Junta de Castilla-La Mancha se negó a readmitir

Ahora, la Fiscalía investiga el "cese en diferido" —así lo llamó la Junta— de 73 de los 400 interinos que Cospedal se negó a readmitir porque considera que "si se amortizó la plaza en 2012 no sería posible que saliera en el concurso de trasladados de 2013", explica STAS-Intersindical. Estos son los hechos en los que se basan los interinos afectados, que llevan meses denunciando "la prepotencia y la mala fe" del Gobierno regional ante lo que consideran "el mayor escándalo de la Función Pública".

El próximo lunes declarará ante la Fiscalía la coordinadora provincial de los Servicios Periféricos de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, María del Carmen González, que firmó la resolución del "cese en diferido". Aun así, STAS-Intersindical cree que las responsabilidades caerán sobre el director general de la Función Pública, Juan Manuel de la Fuente, y en el consejero de Presidencia, Leandro Esteban. 

Gustavo Fabra, secretario general de STAS-Intersindical, celebra el éxito del camino iniciado por la vía penal y califica el Gobierno de Cospedal de "canalla" por incumplir "miserablemente" una sentencia. Fabra, que denuncia que la Junta no haya asumido ninguna responsabilidad política hasta el momento, explica además que la actitud del Ejecutivo regional de alargar el proceso judicial ha supuesto un sobrecoste para las arcas públicas que sitúa entorno a los 30 millones de euros.