La muerte de Samuel Luiz no habrá servido para nada si su caso no se cierra con un veredicto indubitable, firme y ejemplar. Si no es así, si no se castiga a todos y cada uno de los responsables de su linchamiento, o si por el contrario se pena a alguien que no lo merezca de verdad o cuya implicación no ha sido ciertamente probada, la misma maldad que acabó con la vida del joven se esparcirá sobre la memoria que nos deja.

La fiscal del caso, María Olga Serrano, defendió este jueves la condena de los cinco presuntos asesinos que desde hace tres semanas se sientan en la Audiencia Provincial de A Coruña, con un relato convincente y meticuloso basado en las pruebas testificales y documentales que los señalan con escaso margen para la duda como coautores del horrible asesinato. Serrano fue precisa, contundente y concluyente, no sólo por la carga emocional que contenía su alegato, que la tuvo, sino por la solidez de la armazón de razones jurídicas sobre la que lo construyó.

"La muerte de Samuel fue una cacería, y todos los que participaron en ella son culpables de su muerte", dijo la fiscal, quien recordó al jurado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece desde hace años que en los crímenes grupales la autoría corresponde a todos los que se implicaron en ellos. Da igual si, tomados de manera individualizada, sus actos nunca podrían haber conducido por si solos al resultado final. Lo que importa es si sumados uno detrás de otro contribuyeron a alcanzarlo. Entonces, se debe fallar que todos cometieron el delito. ¿Fue eso lo que pasó con Samuel el 3 de julio de 2021 en el paseo marítimo de Riazor, en A Coruña?

Atraco

La representante de la Fiscalía expuso el ejemplo de un atraco en grupo, en el que todos los atracadores –tanto el que lo idea como el que conduce el vehículo que los transporta, como quien blande el arma con la que se amenaza a las víctimas o el que efectivamente se apropia de sus pertenencias– deben ser condenados por el mismo delito de robo con violencia.

Además, los acusados de matar a Samuel no compondrían una banda de apandadores, sino algo mucho peor. Se comportaron, en palabras literales de la fiscal, como "una manada de lobos", en la que unos habrían señalado a Samuel para que otros lo acorralaran "a dentalladas", mientras el resto de la jauría impedía que nadie frenara el ataque. "Su objetivo era aterrorizar, agotar y matar", narró, en un asalto inhumano "reflejo de una crueldad extrema".

Serrano fue dibujando uno a uno los perfiles de los cinco acusados que la Fiscalía considera asesinos. Primero, Diego Montaña, "el macho alfa al que todos obedecen", para quien pide 25 años de cárcel. Es él quien amenaza a Samuel al grito de "¡maricón de mierda!", inicia el linchamiento y aparece en boca de casi todos los testigos y en las grabaciones de los hechos como partícipe de todas las palizas sucesivas que acabaron con la vida de Samuel.

En segundo lugar, Alejandro Freire, "lugarteniente del líder" de la manada, que corre en ayuda de su jefe, intenta estrangular a Samuel y lo persigue durante todo el recorrido mortal, a puñetazos y patadas, enfrentándose a quienes trataban de evitarlo, hasta que lo ve caer desplomado en la calzada, inerte y ensangrentado. Pide para él 22 años de reclusión.

En tercer lugar, Catherine Silva, "la dulce niña que mantenía una relación tóxica con Diego" y para la que pide otros 25 años, y cuya versión exculpatoria, en la que según la fiscal "mintió varias veces", contradice los testimonios de los testigos presenciales y las imágenes de las grabaciones del suceso: es ella la que señala a Samuel antes de que Diego lo agreda, apartando a quienes intentaron ayudarle, y la que sigue a la horda que quería darle caza, incluidos los menores ya condenados por el crimen, sin apartarse de la manada e incluso guardando las prendas de abrigo de sus amigos para que, de nuevo en el literal del discurso de la fiscal, "no se mancharan con la sangre de un maricón".

Cuarto, Kaio Amaral Silva, "quien se creyó el primero de la clase acudiendo el primero a la Policía" mintiendo sobre su vestimenta para que no pudieran identificarlo, tras comprobar que en el paseo marítimo había cámaras. Lejos del papel de "mero espectador" que se atribuye a sí mismo, Kaio habría pateado a Samuel y le habría robado el móvil para intentar venderlo a los pocos minutos. La fiscal, que pide para él 27 años de prisión, recordó que la única que sustenta la tesis de Kaio es su exnovia, contra quien anunció que pedirá la incoación de otro proceso penal por prestar falso testimonio durante la vista.

"El mentiroso"

El quinto lobo sería Alejandro Míguez, "el mentiroso", porque faltó a la verdad a la Policía, como el mismo reconoció, en sus dos primeras declaraciones, así como a la jueza de instrucción en la tercera, para negarse a declarar en su cuarto interrogatorio. Varios testigos así como las grabaciones peritadas por la Policía le muestran entrando con ímpetu e intención de golpear en las melés que se formaron sobre Samuel, y enfrentándose luego a Ibrahima y Magatte, las dos personas que acudieron en su auxilio y a quienes habría distraído impidiendo la eficacia de su acción. "Ahora que puede mentir", dijo la fiscal en referencia al quinto testimonio de Míguez en la vista oral, cuando no estaba obligado a decir la verdad, "pretende que le creamos". "Pues no", abundó Serrano, que pide para el acusado 22 años de cárcel.

La fiscal y los abogados de la familia de Samuel y de la Asociación pola Libertade Afectiva e Sexual (ALAS) de A Coruña, que ejerce la acusación popular, presentaron su informe final en la última sesión de la vista. Previamente, todas las partes, salvo la defensa de Catherine Silva, modificaron sus calificaciones de los hechos y sus peticiones de penas. Mantienen la inocencia de sus defendidos, pero ofrecen al jurado fallos menores en caso de que no la aprecien. La de Diego Montaña pretende que se trataría como mucho de un homicidio imprudente o de un homicidio con lesiones; al igual que la de Freire.

La de Míguez, de un delito de lesiones o de lesiones con alevosía. Esos tipos se castigan con penas mucho menores. La de Kaio Amaral, pretende como máximo uno contra el patrimonio, por el que ofrece a la familia de Samuel 850 euros de indemnización por el robo del teléfono.

En el caso de la Fiscalía y las acusaciones, también modificaron sus calificaciones para pedir penas subsidiarias en los casos de que el tribunal no aprecie la participación activa en el crimen de Catherine Silva y Alejandro Míguez, los dos acusados que siguen en libertad. Serrano dejó claro que lo hacía por obligación y que mantenía su petición inicial por asesinato con saña y alevosía y, para Catherine, con la agravante de homofobia. Pero si los jurados no apreciaran que sus acciones resultaron esenciales para la muerte de Samuel, pidió que entonces los considen cómplices de esos mismos delitos con una recomendación de penas de 14 años y 6 meses y de 13 años, respectivamente.

El relato de la fiscal fue largo, elaborado y meticuloso, duro y por momentos doloroso, con apelaciones a los padres de Samuel, a la intervención de Magatte e Ibrahima y a la concienzuda, comprometida y eficaz investigación de la Policía. Basándose en ella, la fiscal también desmontó las paráfrasis con las que las defensas han calificado el linchamiento –"No fue una pelea, eran siete personas contra una"–,  y las atenuantes que pretenden apelando a que los acusados actuaron bajo la influencia del alcohol y las drogas o que, en el caso de Freire, padece un trastorno que afectó a su capacidad cognitiva y volitiva. "Es falso. Lo sabían, lo veían, eran conscientes de que iban a matarlo y participaron todos en ello", añadió.

La abogada de la familia de Samuel, Esther Martínez, suscribió el alegato de la fiscal y lo sustentó con una descripción pormenorizada de los hechos y de las pruebas y testimonios ofrecidos durante la vista. Fue mucho más conciso el del letrado de ALAS, Mario Pozzo-Citro, quien advirtió de la necesidad de un veredicto justo para lograr que algún día no sea necesario que existan organizaciones como la que él defiende.

Pozzo-Citro ha intervenido muy poco en el juicio, siguiendo la intención de ALAS de evitar cualquier protagonismo. Su presidenta Ana G. Fernández, también ha asistido durante más de tres semanas a las sesiones que se celebran en la Audiencia de A Coruña, sin hacer declaración alguna al medio centenar de medios que han seguido el caso, para que no parezca que intentan determinar o influir en el fallo del jurado o que contribuyen a un juicio paralelo contra los acusados.

Dentro y fuera de la sala de vistas, sin embargo, los dos explicaron este miércoles por qué estaban allí: para que cualquier malnacido que se crea con derecho a discriminar, menospreciar, humillar, insultar, agredir y hasta asesinar por la condición sexual que crea advertir en otra persona, sepa con certeza que les encontrará siempre enfrente. A ellos y a un tribunal.

"Samuel fue asesinado por una manada que lo molió a golpes sólo por ser él. El jurado tiene la oportunidad de restablecer la confianza en la Justicia", dijeron. Fue algo similar a la frase que expuso la fiscal al terminar su alegato ante el jurado: "A Samuel sólo le quedan ustedes. Hónrenlo".