La llegada de jóvenes y niños migrados sin referentes a Catalunya y a todo el Estado ha aumentado en los últimos años. Los recursos destinados a su acogida, aunque también han crecido, no lo han hecho en igual medida. Esto se hace especialmente visible cuando cumplen 18 años y pierden la tutela de la administración. Los obstáculos a los que deben enfrentarse entonces, como las dificultades para obtener un permiso de trabajo que les permita mantenerse y acceder a una vivienda, les aboca en muchos casos a una situación de sinhogarismo y exclusión social.

Es lo que denuncia el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) en el informe Del sistema de (des)protecció al carrer: Joventut migrada extutelada a Catalunya i vulneracions del dret a l'habitatge. Presentado este martes en Barcelona, el objetivo es poner el foco en las carencias de un sistema que no permite "una transición digna a la vida adulta" cuando los jóvenes cumplen los 18.

El derecho a la vivienda es el hilo conductor del estudio, elaborado durante prácticamente dos años, que cuenta con la participación de expertos del Observatori DESC, la Unió de Joves Extutelats de Catalunya, la Fundació Arrels, el Grup de Suport a Joves de Tarragona y del propio CNJC.

"Yo creo que cumplir los dieciocho años fue más negativo que positivo, antes de hacerlos tienes el sueño de salir porque te sientes muy controlado y restringido, en los centros tienes unos horarios muy estrictos [...]. Por tanto, en todo lo que piensas es en esta libertad. Pero por otra parte los contras son muy altos, cuando se va acercando el día sientes depresión e incluso ganas de suicidarse, es lo normal. Creo que es como un ciclo, entras en el centro y es una jungla y cuando sales es otra jungla". Es el testimonio de Einar Non Binary, miembro de la Unió de Joves Extutelats de Catalunya (UJEC) y uno de los casos que recoge el informe.

Más de 9.000 niños y jóvenes en cinco años

El estudio sitúa la mayor migración de niños y jóvenes en un fenómeno global. En Catalunya, en los últimos cinco años han llegado 9.000, que han entrado en el sistema de protección de la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), de la Generalitat. El pico de llegadas fue entre 2017 y 2019, con más de 7.000 jóvenes. Unos números que no se han repetido en 2020 y 2021, en parte debido al impacto de la pandemia. Sin embargo, las altas cifras registradas han hecho que se tuvieran que adaptar los recursos, también los que se dirigen a los jóvenes una vez cumplen 18 años y pierden la tutela de la Administración.

Aunque el informe valora esta adecuación e incremento de plazas, señala que no ha sido suficiente y falta aún profundizar más en ello. "La situación de emergencia creada por el aumento de llegadas entre 2018 y 2019 se ha trasladado, hoy en día, a un posible riesgo de desprotección durante el proceso de desinstitucionalización", es decir, en el momento en que cumplen la mayoría de edad.

El informe señala que "ser joven, migrado y extutelado supone una confluencia de alto riesgo a la hora de sufrir sinhogarismo juvenil". A las dificultades estructurales para acceder al derecho a la vivienda, más acentuadas en los jóvenes, como el alto precio de los alquileres o la falta de pisos públicos, se suman factores específicos que impactan a este colectivo. El racismo es uno fundamental, que atraviesa toda su experiencia, desde los obstáculos que crea la Ley de Extranjería hasta la discriminación practicada por las inmobiliarias.

Así, incluso en los casos que pueden considerarse de éxito, "son pocos los jóvenes emigrados solos que, pese a tener papeles y trabajo, encuentran una habitación por su cuenta". Todos los entrevistados, sostienen en el estudio, destacan que "el peso del estigma lo dificulta enormemente". En este sentido, el auge de los discursos de odio y la xenofobia, sumado al racismo institucional, vulnerabiliza al colectivo.

La reforma del Reglamento de Extranjería, aprobada a finales de 2021, es un paso para facilitar la regularización de estos jóvenes, que han visto como en los últimos años los requisitos para acceder a los documentos habían aumentado. Se espera que esta modificación beneficie a unos 7.000 jóvenes de entre 18 y 23 años en España.

Los alquileres, un 35% más caros desde 2015

La segregación residencial, el racismo inmobiliario y los precios del alquiler se describen como tres problemas específicos que el grupo enfrenta al encontrar vivienda cuando pierden la tutela de la administración. Los alquileres han aumentado un 35% su precio desde 2015. "No disponer de lugar alguno para vivir implica una precariedad que afecta el acceso al trabajo, la educación y otros derechos civiles y políticos, pero, sobre todo, impide construir un proyecto de vida digna", sostienen Guillem Domingo y Alfredo Palomera, técnicos del Observatori Desc, en uno de los capítulos.

La falta de pisos públicos y los requisitos de acceso a las mesas de emergencia, como tener un permiso de residencia, contribuyen a la vulneración del derecho a la vivienda de los jóvenes. En este sentido, algunas de las recomendaciones son modificar las regulaciones que marcan el acceso a estos recursos, como ayudas para pagar la vivienda, para eliminar condiciones como la antigüedad del padrón o tener un permiso de residencia a largo plazo, entre otros.

También aumentar el apoyo al colectivo al denunciar vulneraciones en el cumplimiento de las leyes que regulan el derecho a la vivienda, como la ley catalana 24/2015, que establece la obligación de los grandes propietarios de ofrecer alquiler social antes de desahuciar.

Calle, adicción y prisión, un círculo vicioso

En los últimos años, los jóvenes sin hogar han aumentado en Barcelona y ya son el 13% del total, según la Fundació Arrels. Hicham C. y Marwan A. son dos chicos extutelados de 21 años que cuentan su testimonio en el informe. Los dos explican que no han vivido en la calle pero tienen varios amigos que duermen ahí todas las noches.

Marwan afirma que las normas de los centros a menudo son demasiado restrictivas: "Cuando un chico llega de un país a otro del que no sabe nada, y sólo le ponen normas, normas y más normas, el chico alucina. Lo primero que hay que hacer es enseñar, una tarea educativa, no de castigo […] Tengo amigos que llegaron de menores, pasaron por el centro, eran ejemplares, hacían cursos, y ahora, ¿dónde están?, en la calle. Porque un día llegaron tarde a la hora de cenar", lamenta.

Hicham destaca que no tener papeles provoca un círculo vicioso que impide salir de la situación de calle. "La mayoría de los chicos están en la calle. Conocemos a varios casos. Muchos. Se vive muy mal. Fatal. No tienen nada que comer, ni lugar donde dormir, y tienen los papeles, pero no les autorizan a trabajar. ¡Cómo tienen que conseguir un contrato de trabajo si duermen en la calle!"

La Fundació Arrels apunta que muchas veces la situación de calle "no tiene ningún tipo de salida". Según el último censo de la organización, en promedio, los jóvenes de 18 a 25 años hace trece meses que viven en la calle. El 29% dice haber sido víctima de agresiones físicas o verbales, y el 36%, que ha interactuado alguna vez con la policía. Es también la franja de edad que dice recibir menos atención social (un 79%).

Mostafa Shaimi, profesor en la Universitat de Girona (UdG) y uno de los expertos consultados en el informe, explica: "Nadie aguanta la calle, ningún héroe puede aguantarlo. Es una condena a la marginalidad y a la cárcel. Se pierde todo, el dinero, los papeles y la vida misma". Los jóvenes que viven en la calle tienen un mayor número de antecedentes penales, así como el riesgo de desarrollar trastornos mentales debido al "alto nivel de sufrimiento que soportan por la exclusión, la violencia y la falta de proyección de futuro y las expectativas frustradas".

De hecho, adicciones y trastornos mentales son dos factores de riesgo que van de la mano y se agravan en la situación de calle: "Una vez en la calle no hay prácticamente ninguna salida y muchos chicos y chicas son empujados a vivir en la exclusión social y terminan sufriendo problemas de salud y de consumo de drogas".

La prevención, en este caso, se perfila como la herramienta más eficaz para evitar el desamparo. "Esto pasa por mejorar el trabajo en los centros y procurar que salgan con todas las herramientas necesarias para vivir dignamente: techo, papeles y trabajo", concluye otro de los autores del estudio, el periodista Alaaddine Azzouzi.

El caso de Abdel, del centro a la cárcel

El informe recoge el caso de Abdel, un joven extutelado que vive en Tarragona, acompañado por el grupo de apoyo que existe en la ciudad. El caso ilustra la "vulnerabilización" de los jóvenes y traza una línea entre los procesos explicados y la entrada en prisión. Abdel vivió unos años bajo la tutela de la DGAIA, hasta que al cumplir los 18 años tuvo que abandonar el centro. Sin acceso a pisos protegidos, al final terminó en la calle junto a otros chicos, donde consumía fármacos y alcohol. Desconectado de los procesos administrativos y sin posibilidad de trabajar, terminó perdiendo el permiso de residencia.

Tras una pelea, le pusieron en prisión preventiva y le abrieron un proceso de expulsión. Le condenaron a tres años y seis meses, y con 19 años entró en el centro penitenciario, donde "se profundizó el ciclo de violencia institucional, administrativa, judicial y penitenciaria". "Paga con la vida los fracasos de un sistema de protección que lo ha abandonado a su suerte", concluye el informe.