La crisis climática aumenta la frecuencia de eventos meteorológicos extremos, que ponen en peligro el litoral español. Para proteger a la ciudadanía de la subida del nivel del mar y de posibles catástrofes naturales, el Gobierno avanza trámites legislativos que faciliten la expropiación de algunas construcciones cercanas a la playa.

"El mar está en continua erosión de la costa", describe a Público Eneko Aierbe, portavoz del área marina de Ecologistas en Acción. "Si, tal y como prevén todos los modelos científicos, los eventos extremos aumentan en frecuencia e intensidad, es esperable que la erosión sea mayor y pueda darse en zonas nuevas".

El coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, declara a este medio que "el retroceso de las playas es una evidencia. Los temporales muy intensos provocan la entrada cada vez más violenta del mar en las ciudades". Según el ecologista, las causas de estas condiciones adversas son "la subida del nivel del mar y los eventos meteorológicos extremos".

Además, Uralde advierte de que "el mar está subiendo, hay más tormentas, olas más altas y fuertes. Aunque la mayor parte del tiempo parezca que no pasa nada, de un día para otro, se puede dar una situación de extremo riesgo".

El Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) afirma que "el calentamiento global ya es un hecho", en un documento sobre la modificación del Reglamento General de Costas. "La exposición de la población y de los bienes a riesgos costeros se incrementa cada vez más y se prevé que esa tendencia continúe", señala.

Defensas naturales frente a eventos extremos

La protección de la costa es clave para mitigar el impacto de la crisis climática. "La ciencia ha demostrado que aquellos lugares del litoral con una mayor preservación de los ecosistemas son más resilientes frente a este tipo de riesgos. Donde esas defensas naturales se han eliminado, el mar entra con mucha más fuerza", indica Uralde a este medio.

Según información que ofrece Greenpeace, los ecosistemas costeros "generan lluvias para frenar el avance de las sequías, al tiempo que funcionan como amortiguadores de inundaciones y controlan la erosión del suelo".

"En España existe el problema de tener una extensión costera muy grande, de hasta 8.000 kilómetros y en ella se ha venido planificando muy poco o nada pensando en los efectos de la erosión costera y la subida del nivel del mar", lamenta Aierbe en declaraciones a Público.

El ambientalista también denuncia la voracidad urbanística de proyectos en el litoral español. "Incluso muchas de las actuaciones se han hecho ganando terreno al mar y luego se ha decidido protegerlas mediante espigones", critica.

Deslindes constitucionales, indemnizados y sin desalojos

Para proteger el litoral, el MITECO puede declarar una zona como dominio público marítimo-terrestre. Esta categoría la componen extensiones como playas, aguas interiores o el mar territorial, según lo indica la Constitucional española. El procedimiento para ello se llama deslinde, que viene recogido en la Ley de Costas e impide privatizar estos lugares.

"La determinación de estas zonas es una medida efectiva puesto que establece la situación jurídica del suelo y se inscribe en el registro de la propiedad, es decir, pasa a ser de facto, dominio público a todos los efectos, junto a los bienes que se encuentran en él", explica Aierbe a este medio.

La modificación de la norma pretende facilitar los deslindes en zonas donde ya se ha construido. Esta medida no confisca las edificaciones a los antiguos propietarios. Por ejemplo, en el caso de las viviendas, los inquilinos no tienen por qué abandonar su hogar.

Los derechos de propiedad pasan a ser públicos, pero la ley contempla la concesión de su uso. La intención no es desalojar a los particulares, sino evitar nuevas reformas urbanísticas que pongan en peligro los ecosistemas de la costa. Además, los afectados reciben una indemnización por el deslinde.

"Sin duda es una medida en la buena dirección y celebramos que esta vez sí se realice siguiendo todos los pasos que marcan las leyes", valora Aierbe en declaraciones a Público. Por su parte, Uralde recuerda que "Francia ya ha expropiado bastantes edificios costeros que van a ser comidos por el mar".

La modificación ya estuvo vigente dos años

En realidad, los cambios del Reglamento General de Costas no son novedosos. El Gobierno aprobó por real decreto las modificaciones del texto en 2022. Sin embargo, el Tribunal Supremo anuló la medida el pasado mes de febrero por no cumplir con todos los trámites. En concreto, el de someter la iniciativa a consulta pública.

"La nulidad de la anterior norma suponía un vacío que podrían aprovechar personas que solo buscan el beneficio a corto plazo sin mirar a las posibles consecuencias a medio y largo plazo", destaca Aierbe a este diario.

El proyecto del nuevo real decreto pasó por el procedimiento que tenía pendiente en marzo. El Ejecutivo tendrá en cuenta los resultados obtenidos en esta fase para elaborar el diseño del texto. Una vez redactado el borrador completo de la norma, se someterá a audiencia e información pública.