Días libres por cada persona migrante en situación irregular que fuera detenida en la localidad fronteriza de Irun (Gipuzkoa). Esta polémica orden policial ha estado "unas horas" en vigor para los agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, hasta que este miércoles ha sido anulada por la Jefatura Superior de la Policía Nacional del País Vasco.

Además, fuentes de la dirección general de la Policía han informado a EFE  de que se ha abierto un expediente al inspector jefe que firmó esta orden.

"Siento mucho que se dé esa imagen porque no hace justicia con el proceder de la Policía, que en ningún caso actúa de esta manera. Estos procederes hace muchos años que se extinguieron de la Policía. Es un error absurdo que se ha subsanado tan pronto como hemos tenido conocimiento", se ha disculpado el delegado del Gobierno en Euskadi, Denin Itxaso, a preguntas de los periodistas durante la en la inauguración de una exposición en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria.

La medida había sido denunciada por el sindicato policial Jupol, según informa este miércoles El Correo. La orden anulada empezaba a aplicarse desde el 1 de julio, ha indicado Jupol Gipuzkoa, que precisaba que los días libres que conseguían los agentes variaban dependiendo de las detenciones efectuadas durante el fin de semana.

"Incentivos" 

En concreto, los "incentivos" del trabajo de fin de semana iban de los dos días libres si no se efectuaban detenciones de personas migrantes, tres días de compensación si había una detención, cuatro días libres con más de dos arrestos y hasta cinco días de permiso a partir de diez detenciones.

Según el sindicato policial, la prestación del servicio en la modalidad de incidencias está "debidamente regulada" y denuncia que en Irun se "empujara" desde la jefatura de la Brigada a "aumentar el número de detenidos por extranjería".

Itxaso ha querido puntualizar que la polémica orden no especificaba que los detenidos debían ser personas migrantes. No obstante, la dio el inspector jefe de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras. Una decisión que "tomó por su cuenta" en ausencia del comisario de Irun, que no tuvo conocimiento, ha indicado.

Punto migratorio caliente

Irun, fronteriza con Francia, es uno de los puntos calientes de los llamados flujos migratorios secundarios. El aumento de llegadas de embarcaciones a Canarias durante 2020 y 2021 hizo que creciera el número de personas migrantes que llegaban a la ciudad vasca buscando continuar su proyecto migratorio.

A pesar de que la frontera se encuentra dentro del espacio Schengen, de libre circulación de personas y mercancías, el Gobierno galo ha mantenido cerrados durante varios años gran parte de los pasos fronterizos. Primero alegó razones sanitarias a causa de la pandemia y, después, la alerta de ataque terrorista, aunque nunca ocultó que el control de este flujo migratorio también era una de sus prioridades.

Durante este tiempo, los controles policiales por perfil racial han sido férreos y las devoluciones en caliente de migrantes a España por parte de los gendarmes franceses han sido constantes. La ciudad se convirtió durante varios meses en un tapón de migrantes, lo que obligó a muchas personas a intentar cruzar a pie el peligroso río Bidasoa, frontera natural entre Irun y la francesa Hendaya. En los últimos dos años han muerto al menos cinco personas migrantes ahogadas en el río.

El interés francés para que España aumentara los controles policiales en su lado de la frontera ha sido un habitual punto de fricción entre los respectivos Ministerios de Interior. Tras la última cumbre bilateral entre España y Francia celebrada en Barcelona el pasado enero, el Gobierno español rechazó la exigencia francesa de formar brigadas policiales mixtas para controlar el paso de migrantes.