La subcontratación de entidades privadas para la gestión de los sistemas sanitarios públicos se relaciona con tasas significativamente mayores de mortalidad, como resultado "muy probablemente" de una disminución en la calidad de los servicios de atención de la salud. Así lo determina un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Oxford y publicado el pasado viernes en la prestigiosa revista The Lancet Public Health.

El informe, que analiza el impacto de la privatización de estos servicios en 173 áreas sanitarias de Inglaterra entre 2013 y 2020, relaciona las externalizaciones con un "empeoramiento de la asistencia sanitaria". "Las tasas de mortalidad tratable se han estancado desde 2013, rompiendo una tendencia a la baja durante los diez años anteriores", detalla el trabajo.

¿Por qué la subcontratación con fines de lucro podría estar relacionada con la mortalidad tratable agregada?, se preguntan los investigadores de Oxford. Una teoría es que la reducción de costes por parte de proveedores con fines de lucro ofrece un mayor número de servicios pero de peor calidad.

Tras la crisis de 2008, muchos gobiernos optaron por disminuir la inversión en los servicios públicos para ahorrar costes y reducir el endeudamiento público. Unas políticas de austeridad que no sólo no pusieron fin a la gran recesión económica sino que, además, empobrecieron todavía más a una población acusada por el paro y los créditos de la burbuja inmobiliaria.

Otra dinámica clave que señala el trabajo es la coyuntura que a menudo se observa en la relación entre los proveedores de las empresas privadas y los públicos. Los centros privados suelen atender los casos de pacientes con mejor pronóstico, pero se desentienden de aquellos que padecen enfermedades más complejas. Estos últimos son derivados a proveedores públicos, que no tienen personal adicional ni fondos para compensar y se ven desbordados.

La necesidad de dar mayor peso al sector privado en la sanidad pública en busca de mejoras en la gestión y eficiencia fue uno de los argumentos más utilizados por los gobiernos a la hora de aprobar unas medidas que han generado una contundente desaprobación social. Quienes se oponen, rechazan que uno de los pilares del estado del bienestar se ponga en manos de "entidades con afán de lucro" que pueden priorizar otros objetivos por encima de la calidad de la salud de la población.

Los aumentos en las listas de espera y la disminución de la satisfacción del paciente sugieren que el sistema sanitario no está manteniendo los estándares de atención, según el estudio. Este contexto dificulta —inevitablemente— un diagnóstico temprano y una buena atención posterior, algo que en enfermedades como el cáncer es fundamental para salvar vidas.

Los autores analizan los resultados obtenidos por pacientes reales en las áreas con más servicios privatizados y los comparan con los logrados en aquellas donde apenas hay servicios sanitarios en manos privadas.

"El estudio es importante porque confirma lo que otros estudios parciales habían avanzado y lo que hemos podido observar en la evolución del sistema sanitario en los últimos años. Los recursos económicos destinados a las privatizaciones debilitan la sanidad pública y favorecen otros intereses. Lo deseable sería reinvertirlos en el sistema para hacerlo más fuerte y eficaz", explica el portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle.

La relación entre un aumento de la mortalidad y la privatización de servicios públicos no es ninguna novedad. De hecho, es algo que ha ocurrido en otros países, como cuando las tasas de mortalidad aumentaron en Italia después de un período de privatización, detalla el informe. 

La gestión de la pandemia en España puede ser un buen ejemplo. La mortalidad en las residencias con servicio externalizado fue de un 21,9% en los meses de marzo y abril de 2020, frente al 7,4% de las de gestión totalmente pública. Según el informe anual de la FADPS, la calidad del sistema sanitario es deficiente o regular en 14 de las 17 comunidades autónomas. Solo tres obtienen resultados aceptables, las otras catorce tienen servicios sanitarios "regulares" o "deficientes".