El Juzgado de Instrucción 6 de Valladolid ha recibido este lunes las primeras reclamaciones de afectados por la supuesta estafa en la venta de ataúdes cometida por la empresa funeraria El Salvador durante 20 años y que han tramitado dos bufetes madrileños que se han unido para representar a los afectados.

La abogada Bárbara Royo y la letrada de Castellana 266, Patricia Catalina, han solicitado personarse en este caso y poco a poco van remitiendo al Juzgado toda la documentación que les hacen llegar los afectados que se han puesto en contacto con ellos. Hasta el momento, son alrededor de cien los afectados.

Sin embargo, hasta ahora una treintena de ellos son los únicos que han conseguido recabar toda la documentación que estas letradas les exigen para poder representarles y acreditar así que han sido supuestamente estafados por este grupo funerario.

La documentación que les exigen es, según la abogada Bárbara Royo, una factura o póliza, el libro de familia que certifique la relación con el fallecido, el DNI y la esquela.

Una vez que los perjudicados les hacen llegar esta documentación, estos dos bufetes madrileños tramitan su reclamación de forma individual ante el juzgado, que será el encargado de investigar caso por caso lo que ha ocurrido y aceptará su personación en el proceso bajo el paraguas de esta plataforma de afectados.

Esta plataforma se ha creado a raíz de la investigación abierta al Grupo funerario El Salvador de Valladolid por la supuesta autoría de una estafa continuada, cometida al cambiar los féretros comprados por los allegados de los difuntos antes de la incineración por otros de menor precio y reutilizar los primeros.

La operación policial abarcó dieciséis detenidos, de los cuales el dueño se encuentra en prisión sin finanza, mientras que dos de sus hijos también están en la cárcel bajo fianza de 800.000 euros cada uno, mientras que el resto está en libertad con cargos.