"El Gobierno municipal del PP en Alicante trabaja para alimentar un imaginario colectivo contra los pobres, avanzando en una construcción política de odio hacia los más débiles y desdichados, en lugar de ofrecer respuestas para aliviar situaciones de necesidad y exclusión y avanzar hacia una ciudad más cohesionada". Estas declaraciones del doctor en Sociología y profesor titular de la Universidad de Alicante (UA) e investigador en cuestiones de pobreza, cooperación y desarrollo, Carlos Gómez Gil, resumen el objetivo final de la ordenanza que multa a prostitutas, mendigos y personas sin hogar.

No hay objetivo recaudatorio detrás. Tampoco electoral. Va más allá y busca expulsar de la ciudad a las personas sin hogar, las que menos tienen, las que más necesitan.

La normativa de Alicante no es la única en España. Ni siquiera es nueva. Existía en la ciudad hasta 2015, cuando la derogó el Gobierno de izquierdas que ganó las primeras elecciones tras 20 años de gestión del PP. Pero hay más. Hasta una propuesta de ordenanza de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) contempla sancionar por dormir en la calle.

El documento, que está publicado en el apartado de ordenanzas de la FEMP, considera dormir de día o de noche en espacios público como una conducta "constitutiva de infracción leve, que se sancionará con multas de hasta 500 euros". También contempla multar por buscar en la basura, una acción a la que recurren muchas personas sin recurso para encontrar ropa, algún objeto o algo que poder comer.

La influencia de la FEMP se manifiesta en las ordenanzas de Barcelona, San Sebastián de los Reyes, Segovia o El Puerto de Santa María, según recoge el investigador y profesor de Derecho Público y Filosofía Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) Eduardo Melero en su estudio de Las ordenanzas locales como instrumento de exclusión social.

Si bien en todas ellas hay un apartado de 'intervenciones específicas' en el que se abre la puerta a que los servicios municipales estudien cada caso, no se obliga a ello ni se establece un protocolo. Además, Gonzalo Caro, coordinador de la unidad de Causa de HOGAR SÍ, argumenta que faltan plazas de alojamiento a nivel estatal, por lo que tampoco se podría ofrecer alternativa a todas las personas que lo necesitan. "De acuerdo con datos de la Estrategia Nacional Integral de Personas Sin Hogar (2015-2020) en España habría al menos 33.000 personas en situación de sinhogarismo y, de acuerdo con los datos de la Encuesta sobre centros y servicios de atención a personas sin hogar 2020 del INE de 2020 solo habría unas 20.000 plazas. Esto indica que cualquier día o noche faltan más de 10.000 plazas de alojamiento. Además, si analizamos estas plazas, cerca del 70% son el alojamientos colectivos, es decir albergues, que son tipos de plazas que muchísimas veces no se adaptan a las necesidades que tienen las personas en situación de sinhogarismo".

Por otro lado, la experiencia de Barcelona demuestra que ni siquiera ese protocolo ha funcionado. El caso más llamativo fue que la Guardia Urbana sancionó hasta 70 veces, entre 2008 y 2012, a un ciudadano sin recursos que vivía en la calle, en el barrio del Raval. La multa ascendía a los 7.486 euros, aunque finalmente la Síndica de Barcelona, que ha denunciado en muchas ocasiones sanciones a personas sin hogar, y los servicios sociales lograron que el Consistorio retirara las sanciones.

En estos casos, el problema no es es la multa, que las personas sin recursos no podrán pagar. Es la persecución contra ellas, la aporofobia institucional. Un modelo que, como denuncia Gómez Gil, "está acentuando la exclusión y marginación de estas personas, profundizando todavía más en la ruptura de la cohesión social y alimentando un imaginario colectivo de rechazo hacia estas personas por el hecho de ser pobre".

Por ello, el Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, intentó reformar la ordenanza de civismo. Los comunes consideran que el texto criminaliza a los más vulnerables, pero no consiguieron los apoyos suficientes para modificar la norma, aunque el actual Ayuntamiento asegura que no sanciona nunca a personas sin recursos.

Otras formas de perseguir a los pobres

El prohibir dormir en la calle busca expulsar a las personas sin hogar que no pueden o no quieren recurrir a un albergue municipal, bien sea porque no hay sitio o porque no puede adaptarse a las reglas habitualmente estrictas de estos sitios. Sin embargo, no es la única forma de acorralar a los más pobres.

Por ejemplo, la FEMP también "prohíbe rebuscar, hurgar y extraer elementos depositados en las papeleras y recipientes instalados en la vía pública". Esto tiene su influencia en ordenanzas como la de Sevilla (del Gobierno del PSOE), que prohíbe rebuscar en las basuras.

Otras normas buscan acabar con habituales formas mediante las que las personas pobres consiguen dinero. La ordenanza de Sevilla, por ejemplo, considera que es coactivo el ofrecimiento de aparcamiento. La de Illescas y Granada también, además de prohibir "el ofrecimiento de cualquier bien o servicio a personas que se encuentren en el interior de vehículos privados o públicos".

Arquitectura hostil contra las personas sin hogar

Más allá de las ordenanzas, las ciudades también son hostiles contra las personas sin hogar. Con el paso de los años, cada vez se han ido instalando más y más bancos que evitan que las personas sin hogar puedan dormir en ellos. 

La investigadora sobre espació público y diseño inclusivo, Cara Chellew, ha difundido imágenes de esta "arquitectura hostil" por todas las partes del mundo en su proyecto defensiveTO. Son elementos y barreras que se ponen en los espacios públicos y dificultan el día a día (aún más) de las personas sin hogar. Algunos son tan comunes como los bancos unipersonales o las barreras que cortan los asientos largos y las marquesinas, pero hay muchos más, como las formas geométricas o los pinchos en el suelo.

Ley de igualdad de trato contra la aporofobia institucional

Las ordenanzas que atacan a los pobres estaban olvidadas en el plano estatal, pero la ordenanza de Alicante volvió a poner las multas contra las personas sin hogar en el foco. Ante esto, la organización HOGAR SÍ ha pedido que la Ley de Igualdad de Trato —que se está debatiendo en el Congreso— prohíba normativas que puedan multar a las personas sin hogar.

Desde la organización explican a Público que han puesto en marcha una campaña en change.org, que ya ha superado las 90.000 firmas.

También han enviado una carta a la FEMP para que modifique su ordenanza tipo, que "es de donde nacen muchas de estas disposiciones aporofóbicas".

De esta forma se podría acabar con normativas que impiden avanzar en intervenciones sociales o en mejoras de las personas en situación de sinhogarismo. Como expone Caro, estas personas "viven una situación de exclusión extrema" y "todo lo que sean trámites administrativos —acudir a los servicios sociales, obtener y presentar certificados— son tremendamente complejos para ellos y para ellas". "La realidad que nos encontramos es que siempre que se habilitan mecanismos 'especiales' desde las instituciones, muchas personas se quedan por el camino y, por tanto, estamos castigando a personas que en realidad lo que sufren es una vulneración de derechos, no solo el derecho a la vivienda, sino a muchos otros: dignidad, seguridad, salud y empleo", concluye.