España se ha librado. El Gobierno no tendrá finalmente que responder ante el Tribunal de Justicia de la UE por su mala calidad del aire, según ha anunciado este jueves el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, que ha dado a conocer los países que deberán enfrentarse a posibles sanciones por su incumplimiento reiterado de la normativa comunitaria sobre contaminación ambiental.

España estaba en la lista de los nueve Estados miembros a los que la Comisión dio un ultimátum el pasado enero por los altos niveles de polución atmosférica en Madrid y Barcelona. O el Gobierno tomaba medidas más restrictivas contra la contaminación, o España debería enfrentarse a la justicia europea. Ese fue el mensaje de la Comisión, que también recibieron Alemania, República Checa, Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido.

Hoy, sin embargo, la Comisión ha decidido dar otra oportunidad a España, Eslovaquia y República Checa. Los demás deberán asumir posibles sanciones.

"La decisión de remitir a los Estados miembros al Tribunal de Justicia de la UE se ha tomado en nombre de los europeos. Hemos dicho que esta Comisión protege y nuestra decisión sigue ese reclamo. Los Estados miembros enviados a la Corte han recibido suficientes últimas oportunidades en la última década para mejorar la situación. Estoy convencido de que la decisión de hoy conducirá a mejoras para los ciudadanos en una escala de tiempo mucho más rápida”, ha señalado Vella en un comunicado.

En el caso de España y de los otros dos Estados que tampoco se enfrentarán al TJUE, el comisario ha asegurado que "las medidas puestas en marcha o planeadas parecen ser las adecuadas para hacer frente a las carencias detectadas si se implementan completa e inmediatamente", aunque ha avisado de que "no se van de rositas" y de que se les seguirá vigilando de cerca.

El ultimátum a España se dio sobre todo por la mala calidad del aire en dos ciudades, Madrid y Barcelona, por violar reiteradamente los límites legales de dióxido de nitrógeno (NO2) –un contaminante provocado directamente por los motores diésel de los coches- desde que se aprobó la normativa en 2010.

Para convencer a la Comisión, el Ministerio de Medio Ambiente de Isabel García Tejerina ha remitido, entre otros, los planes de mejora de la calidad del aire de la Ciudad de Madrid (Plan A) y del área metropolitana de Barcelona, así como el Plan Nacional Aire II del propio Ministerio que, aún así no están consiguiendo contener la contaminación por debajo de los límites legales.

Las organizaciones ecologistas creen que la decisión de la Comisión da "alas a la contaminación" en España y "fomentará la reiteración de estos incumplimientos".

“Nuestra esperanza era que la Comisión Europea por fin dejase claro al Estado español que, como dijo en enero el Comisario Vella, la inacción tiene consecuencias. El que no las tenga, nos deja desprotegidos frente a la contaminación. Da un mensaje a las autoridades de que no es necesario hacer esfuerzos adicionales para mejorar la calidad del aire”, ha señalado Miguel Ángel Ceballos, coordinador de los informes de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción.