España ha caído tres puestos en la clasificación mundial sobre libertad de prensa que realiza cada año Reporteros Sin Fronteras (RSF). En concreto, pasa a la posición 32 en 2022 desde la 29 que ocupaba en 2021, un descenso que la ONG pide "analizar con cautela", ya que la seguridad de los periodistas para ejercer su profesión no se ha deteriorado en el último año, pero la precariedad y la polarización mediática "empiezan a pasar factura", asegura la ONG.

La caída se debe, explican, a la introducción de nuevos indicadores en la metodología de análisis, por lo que piden que el resultado se lea con cautela. Hasta ahora, la organización tenía en cuenta, sobre todo, el número de agresiones a profesionales de la información, así como la situación política del país. En esta vigésima edición del informe, RSF ha incluido cinco nuevos indicadores que ayudan a reflejar "con mayor exactitud aspectos antes más ocultos", como el marco legal del país, el sociocultural o el económico.

"Con los indicadores clásicos, España habría mejorado en la clasificación este año", ha precisado Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF España. Se ha desactivado el conflicto en Catalunya y no ha impactado en España la violencia producida en manifestaciones antivacunas o contra las medidas sanitarias de la pandemia, a diferencia de lo sucedido en otros países europeos como Francia o Reino Unido.

Rodríguez ha enfatizado que en el plano jurídico también se están dando pasos de mejora importantes, como los trámites en el Congreso para derogar los llamados delitos de expresión, entre ellos las injurias a la Corona, a los sentimientos religiosos o la apología del terrorismo. También fue un paso importante que el Tribunal Constitucional despenalizara la captación de imágenes de agentes de Policía que introdujo en 2015 la lay mordaza, una norma cuyos puntos más polémicos también están en vía parlamentaria de derogación, añade la ONG.

Pinchazo en contexto económico

Han sido el contexto económico y la polarización mediática los factores causantes del retroceso. En concreto, RSF señala que la "excesiva concentración del mercado" genera "graves dificultades para crear un medio", lamenta las "nulas ayudas para impulsar el surgimiento de nuevas publicaciones" y también la "grave precarización de los profesionales", que según Rodríguez, "ya se está cronificando".

"Un periodista con condiciones malas condiciones de trabajo es más vulnerables a las presiones y a la autocensura", ha ilustrado la vicepresidenta de RSF. La ONG recuerda que la precarización del periodismo en España comenzó a instalarse en con la crisis de 2008 y no da signos de remitir.

Además, RSF también pone el foco en la polarización mediática y a unos medios que apuestan cada vez más por la opinión que por la información, "porque la primera es mucho más barata que la segunda", ha insistido Alfonso Bauluz, presidente de RSF. "España es un claro ejemplo de la tendencia a las fracturas sociales" que ya denuncia la ONG a nivel mundial. Aprecia medios cada vez más parecidos al modelo de FOX News (canal en el que se apoyó Donald Trump en EEUU) y "olvidadizos con su misión de informar lejos de posicionamientos políticos".

Aumento de los procesos judiciales

Sin embargo, RSF ha detectado un aumento en España de los llamados SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation). Es una tendencia mundial que consiste en el inicio de procesos judiciales "abusivos" contra medios y periodistas de investigación. Son iniciativas judiciales largas y con elevado coste económico y en energías que "no buscan una condena", sino intimidar, y suelen ampararse en delitos contra el honor, la revelación de secretos.

La ONG destaca el proceso judicial de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes contra de ElDiario.es  por el llamado caso Máster, la denuncia contra  Infolibre por parte del ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, y de Fernando López Miras, presidente de la Comunidad de Murcia; o la demanda millonaria de Iberdrola contra el Confidencial.