Hay una cifra que causa terror pero que está oculta. Es la de quienes con menos de 15 años han sufrido abuso sexual en España. “Se estima que sea un 11% del total de la población en esa edad. Es decir 756.630 criaturas”, según apunta Mar Daza Bonachela, doctora en Derecho y autora de Escuchar a las Víctimas. Una tortura hecha tabú social y que para hacer entender su dimensión, equivale a decir que toda la ciudad de Sevilla (con 688.711 habitantes según el INE 2018) o casi toda Valencia (que son 791 413) es abusada de esta manera.

Si de esas estadísticas hacemos una extrapolación de las víctimas agredidas por el padre la cuenta que sale es de un 4%. “Es decir 30.265 menores de 15 años, a quienes esta sociedad condena a la desprotección y la revictimización. Con seguridad más de 10.000 padres abusadores impunes y blindados por el SAP” [Síndrome de Alienación Parental], sostiene esta experta. Haciendo una metáfora sería como decir que toda Valdepeñas (que tiene una población de 30277 habitantes) es agredida así.

Algo más que estómago es lo que hay que tener cuando tu pasión, que es tu trabajo te obliga a toparte cada día con cifras que son el reflejo más duro de una sociedad patriarcal. Lo que en el caso de la granadina Mar Daza Bonachela tiene para poder sobrellevar tanto dolor es el sentido de la responsabilidad feminista de dejar un mundo mejor que el que se ha encontrado.

Por eso esta jurista-criminóloga, que estuvo en el Servicio de Asistencia a la Víctima de Andalucía en Granada (1999-2009) y ahora es abogada, consultora y formadora, es una referente perfecta con la que hablar sobre el porqué miramos hacia otro lado y guardamos silencio social ante esta realidad. “El abuso sexual de los padres a sus hijas e hijos es otra forma de maltrato, peculiar, pero mucho más extendida de lo que se piensa. Aún con todas las limitaciones de las estadísticas existentes, está claro que las cifras son espeluznantes, y la impunidad generalizada”, explica a Público.

Basta acudir a los datos del INE para darnos cuenta de ello, expone. “Hay 6.878.457 menores de 15 años. Si hacemos una estimación tremendamente optimista, bajando hasta el 5%, habrían sufrido abuso sexual a lo largo de su infancia como mínimo unas/os 343.922 niñas/os. Dividimos entre 15 para aproximarnos a la cifra de menores de 15 años que lo hayan podido sufrir en un año y el resultado es de casi 30.000, cada año, que corresponden a otros tantos o pocos menos abusadores”, remarca la también colaboradora de Feminicio.net.

De esos datos Daza destaca que se denuncian menos de un 15% de los casos. “Según el Anuario estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior en 2017 se denunciaron 4.540 delitos sexuales contra menores de edad, pero la mayor parte se archivan sin investigar”. Y ahí no lo deja.

Tira de la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2018 y el Avance estadístico de 2019 para mostrar que el ministerio público informa de que “las causas penales abiertas por abuso sexual infantil han pasado de 664 en 2015; a 795 en 2016, 935 en 2017 y 1.185 en 2018”.

¿Cuántas de esas causas abiertas acaban en condena?

Pues no sabemos, porque no existen estadísticas sobre violencia sexual como las que el Consejo General del Poder Judicial elabora sobre violencia de género en la relación de pareja/expareja íntima, pero parecen ser muy pocas. El abusador sexual es oportunista: abusa donde y cuando puede y con quien está a su alcance, “fabrica” la oportunidad y busca la impunidad. Si tiene niñas o niños a su alcance y condiciones idóneas para no ser descubierto sufrirán abuso; la paternidad para él no es un obstáculo, es una oportunidad.

¿Y qué pasa con las causas penales cuando el sospechoso de abuso es el padre?

Pues que la proporción de condenas es ínfima, hay condena solo cuando dejó una evidencia física indiscutible: a la niña embarazada, o la reventó al violarla; está por ver si le condenan cuando la niña se colgó de un tendedero para que no la violara.

La realidad de las víctimas es una, y la verdad judicial otra completamente distinta, a miles de años luz. A la justicia no llega la realidad de las víctimas, porque el sistema aún tolera y silencia la violencia, especialmente la sexual que afecta a la infancia, los más vulnerables. El juez federal argentino Carlos Rozanski lo explica muy bien en su libro: Abuso Sexual Infantil ¿Denunciar o Silenciar? ¿Cómo es posible esto? A base de hipocresía social, institucional y legal.

En Granada, desde la Plataforma 8M-25N contra la Violencia de Género hicimos un comunicado a raíz del caso Infancia Libre -Abuso paterno, silencio social- explicando la realidad de las víctimas que nosotras conocemos. De momento, en algo más de dos meses las firmas no llegan a 700 personas. Porque la gente no entiende lo que pasa con el maltrato y el abuso infantil, no lo concibe, porque realmente es inconcebible que en sistemas jurídicos democráticos y supuestamente avanzados pase esto.

¿Las niñas sufren más los abusos que los niños?

En un curso sobre violencia sexual desde una perspectiva jurídica feminista que imparto con Feminicidio.net. constaté esta realidad e hice cálculos aproximados sobre esta desigualdad. Fue con un estudio en universitarios de Baleares realizado por la Fundación Rana en el que la prevalencia del abuso sexual fue del 11,87%: un 15,4% en las mujeres (51 víctimas así en una muestra de 331) y un 4% en los hombres (6 víctimas en una muestra de 149). En todo caso son muchísimas niñas y niños.

Y cuando esto pasa, ¿por qué no se respetan los derechos de la infancia a ser escuchados y nos encontramos con que en muchos casos se les dan la vuelta hablando del SAP?

Porque vivimos en una sociedad patriarcal en la que, aunque nos creamos otra cosa, quienes tienen el poder económico, político, social… mandan, los pater familias en la cúspide. Es más cómodo seguir silenciando el maltrato y el abuso sexual infantil como se ha hecho siempre, y quien hace la ley hace la trampa.
En esto consisten el supuesto SAP y sus reformulaciones: coartada de maltratadores y abusadores, como dije antes (que no paran de intentar meter en las leyes).

Pero el SAP/AP desde el punto de vista jurídico es una completa aberración; funciona de hecho como si fuese una presunción iuris et de iure (las que la ley establece y no admiten prueba en contrario) que impide tomar en consideración el testimonio de las víctimas, que hace no creerlas, interpreta como síntomas de alienación cualquier explicación que las víctimas den para explicar el rechazo, presumiendo que es causado por una campaña denigratoria o lavado de cerebro que realiza el progenitor custodio (habitualmente la madre), ya sea de forma consciente o inconsciente. Y eso no hay que probarlo; según los proSAP la prueba es el rechazo del menor y cualquier cosa que haga o diga para explicarse lo confirma. El padre rechazado salió del foco; da igual lo que haya hecho y lo que haga.

Es decir que el Derecho Penal es incapaz de resolver esto…

Así es, y menos con populismo punitivo, elevar penas no resuelve nada, al contrario. Cuanto mayores sean las penas más inhibición a denunciar o retractaciones por parte de las víctimas si el victimario es familiar cercano, y más difícil conseguir una condena. Llevemos el cálculo a la mínima que hemos hecho (30.000 niñas/os menores de 15 años víctimas de abuso sexual infantil al año) a la parte del perpetrador. Bajando al mínimo suponemos que cada abusador lo sea de dos o tres criaturas: ¿10.000 o 15.000 presos nuevos cada año? Eso no lo soporta un sistema cuya población penitenciaria total en España en 2019 es de 58.971 reclusos. Si pensáramos de forma realista y no hipócrita bajaríamos las penas de cárcel y aumentaríamos la protección a las víctimas con medidas de alejamiento de ellas tanto tiempo como ellas lo requieran, con control del victimario, y con prevención mediante la educación, educación, educación y más educación: educación feminista y en derechos humanos, para interiorizarlos todas y todos desde pequeños.

Solo cuando hay lesiones físicas evidentes la justicia se implica. ¿Es falta de formación o de algo más?

Mar Daza.

Es falta de formación, desinterés hacia la infancia, inercia… Y son intereses de mucha gente. De los maltratadores y abusadores denunciados o susceptibles de serlo, de sus grupos y organizaciones, sus allegados (sus entornos), y los profesionales que viven de defenderlos. Sobre esto último, y el papel de la Association of Family and Conciliation Courts, la AFCC, norteamericana, escribió un muy interesante artículo Michael Volpe en 2015: Making divorce pay explicando cómo se construye y cómo funciona este negocio hipócrita en el peor de los casos e ignorante en el mejor (cuando la defensa no es malintencionada).

Es muy llamativo cómo los proSAP/AP claman sin cesar contra las denuncias falsas y los derechos de los pobres y amantísimos papás alienados, pero jamás contra el maltrato, el abuso sexual o el feminicido, y solo hablan de maltrato infantil o de infanticidio cuando lo perpetran mujeres, para alegar que son más violentas que los hombres, pese a que la evidencia habla de todo lo contrario.

Pero las criaturas se encuentran en un riesgo extremo ¿cómo se puede permitir esto?

Porque vivimos en una sociedad hipócrita que dice querer mucho a los niños, pero no les protege. A la que se le llena la boca hablando de libertad pero no quiere educar personas libres, sino mano de obra barata y consumidores acríticos que no cuestionen los mandatos del capital, que dispone al final cómo son las cosas.

¿Qué mecanismo de odio tiene un maltratador para llegar a esto?

Es un mecanismo de minusvaloración, cosificación y neutralización de sus víctimas, de desplazamiento de la responsabilidad y de autojustificación de las propias acciones, de autoafirmación (a costa de y por encima de). El maltratador es una persona emocionalmente inmadura, dependiente e irresponsable, y machista. El mundo no funciona según piensa que debería funcionar conforme a sus esquemas, y no tiene otros, porque aquellos, los del machismo conforme a los cuales él es quien manda en su casa y su familia –sus posesiones–, los tiene muy interiorizados, es rígido.Cuando su relación con su mujer, su exmujer o sus hijos no va bien, no son como él quiere que sean, no hacen lo que él quiere que hagan (esto es, su santa voluntad o, hablando mal, lo que a él le “sale de los cojones” –así son sus argumentos habituales–), cuando ellos se escapan de su control, en lugar de revisarse y pedir ayuda para cambiar él, que le haría mucha falta, imputa toda la responsabilidad del fracaso a los demás, y les castiga como forma de afirmar una autoridad de la que carece. No es solo odio, es más complejo.