LUGO.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vuele a corregir el rumbo en la recta final de la legislatura y a pocas semanas de la convocatoria de las elecciones generales. El jefe del Ejecutivo, en una visita a Lugo, ha adelantado que en septiembre se resolverá "definitivamente" la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares.

Rajoy realizó este anuncio después de que algunas comunidades autónomas ratificasen su intención de devolver la atención sanitaria a los sin papeles, frente a las amenazas del Ministerio de Sanidad de multas millonarias a diario por parte de la Unión Europea y la paralización de todos los fondos europeos.

Entre estas comunidades rebeldes ha estado también la Comunidad de Madrid, goebrnada por el PP. La flamante presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, ya avanzó el viernes que se hará entrega en los próximos meses a los inmigrantes irregulares un documento para que puedan recibir atención primaria y especializada en Madrid.

"Lo que queremos ahora, y creo que es algo bastante razonable, es que el mismo trato sea igual en todas la CCAA", dijo Rajoy

En el municipio lucense de Portomarín, que lo ha nombrado Caballero de la Real Orden Serenísima de la Alquitara, Rajoy ha señalado que lo que pretende e su Gobierno ahora "es algo bastante razonable, que es que el mismo trato sea igual en todas la comunidades autónomas de España". El jefe del Ejecutivo ha incidido en que la sanidad pública española concede a los inmigrantes irregulares una atención "de las más avanzadas del conjunto de la Unión Europea"."

Poco después de que Mariano Rajoy hiciera estas declaraciones, el Ministerio de Sanidad anunció que va a convocar la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el próximo 2 de septiembre para armonizar la forma en que las comunidades autónomas están dando a atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.

Fuentes del Ministerio que dirige Alfonso Alonso, aputaron que el objetivo de esta reunión es, como ya anunció el Ejecutivo, mejorar la cobertura sanitaria que se da a estas personas en todo el territorio.

Las citadas fuentes han indicado que aunque el Sistema Nacional de Salud (SNS) es el que ofrece la cobertura más amplia de toda Europa a los inmigrantes en situación irregular, el Gobierno ya había manifestado su voluntad de normalizar su atención en el Sistema Sanitario, incluidos los centros de salud, sin volver al turismo sanitario o volver a exponer a España a una sanción de la Unión Europea. Con este objetivo, el Gobierno ha estado estudiando un acuerdo con las CCAA que se presentará en esta Comisión.

800.000 personas sin cobertura

En su obsesión por reducir el gasto público, el Gobierno del Partido Popular limitó en 2012 el acceso de los inmigrantes al servicio de salud dentro de una profunda reforma para reducir el gasto sanitario, lo que implicó que se quedaran sin la tarjeta sanitaria que da derecho a citas con médicos unas 800.000 personas.

La reforma, que prometieron revertir la mayoría de los partidos en la oposición, recogía excepciones para que menores de edad o embarazadas fueran atendidos en asistencia primaria, y concedía la atención de urgencias a todos los indocumentados.

El Ejecutivo dió marcha atrás en marzo de este año y anunció que devolvería el derecho de la atención primaria a los inmigrantes indocumentados, aunque sin devolverles la tajeta sanitaria, generando una oleada de críticas. Desde entonces no ha habido nuevos pasos conocidos en este sentido por parte del Gobierno.

Algunas comunidades autónomas donde gobiernan otros partidos diferentes al PP tras las elecciones de mayo (como Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura) han redactado leyes o han anunciado sus intenciones de devolver la asistencia sanitaria primaria para los inmigrantes.