Las grandes empresas españoles apenas han implementado medidas significativas para luchar contra la crisis climática. Es más, casi el 60% de las mismas incrementaron sus emisiones totales de CO2 durante 2022. Así se desprende de un informe publicado por Oxfam Intermón sobre el impacto medioambiental de las 50 principales empresas del país. 

En el año pasado, las emisiones directas de CO2 de estas empresas fueron de 93 millones de toneladas, generadas por su propia actividad, lo que supuso el 40% del total de emisiones de España, equiparables al volumen emitido por Bélgica. 

Aunque las grandes empresas españolas declaran de forma constante que están comprometidas con la reducción de emisiones y la descarbonización de su actividad, la realidad es bien distinta. Su apuesta por la transición ecológica es muy reducida y su nivel de transformación hacia una producción más sostenible es muy lento.

El informe señala que, a este ritmo de reducción de emisiones, las empresas analizadas por la ONG lograrían la descarbonización completa en 2090, es decir dentro de 67 años.

Otra muestra de la falta de contundencia de estas empresas a la hora de atajar la contaminación que generan por su actividad es que entre todas tan solo redujeron en 2022 un 4% las emisiones totales de gases contaminantes a la atmósfera. 

En el análisis se han encontrado importantes disparidades dependiendo tanto de la empresa como del sector estudiado. Así, mientras 27 compañías aumentaron sus emisiones en ese periodo,
23 las disminuyeron. Es decir, el 54% de las grandes empresas analizadas siguen aumentando sus emisiones totales de CO2 a pesar de la crisis climática y los desastres naturales que esta provoca.

Mientras las petroleras lideran con una disminución del 15% en emisiones directas, las empresas de electricidad y gas registran un aumento del 8,7%.

En cuanto a su contribución a la lucha contra la crisis climática, tan solo el 12% del negocio de estas empresas tiene un impacto sustancial en la mitigación y adaptación al cambio climático. Solo una de cada cuatro grandes empresas, es decir un 20%, hace un esfuerzo significativo por acompasar su actividad con la lucha contra la crisis climática pero tan solo destinan para ello un tercio de su inversión.

Por el contrario, el 53% no ha implementado cambios significativos en sus modelos de negocio para paliar los efectos nocivos de su actividad al medioambiente. Por tanto, desde Oxfam se alerta de que la mayoría de las grandes empresas españolas adolecen de falta de un compromiso real con la emergencia climática que sufre el planeta. 

Las diez empresas más contaminantes

Teniendo en cuenta solo las emisiones directas a la atmósfera liberadas por las fuentes propias o controladas por la empresa durante sus procesos de negocio, las diez empresas españolas más contaminantes fueron por este orden: IAG (Internacional Airlines Group), Repsol, Naturgy, Endesa, Iberdrola, FCC, Cepsa, Acerinox, Mercadona y Dia. 

Cabe destacar el caso del conglomerado de aerolíneas, ya que fue la que más aumentó sus emisiones con mucha diferencia de 2021 a 2022. En total, su incremento fue de un 87%, que fue debido en gran medida a la recuperación de la actividad de sus aerolíneas (Iberia, British Airways y otras) tras la crisis sanitaria provocada por la covid-19.

En total, las diez empresas que más emisiones de alcance directo producen son las responsables del 97% del total, en contraste con las empresas del sector financiero y tecnológico, cuyas emisiones directas apenas pesan.

Miguel Alba, responsable de desigualdad y sector privado de Oxfam Intermón, ha expresado su preocupación al respecto: "Estamos ante una crisis climática sin precedentes, y los esfuerzos de las grandes empresas españolas para descarbonizar y alinearse con la lucha contra el cambio climático resultan muy insuficientes. El panorama general plantea interrogantes sobre el compromiso climático de muchas de ellas".

Ante una nueva Cumbre del Clima

Este informe sale a la luz en la misma semana que da comienzo la Cumbre del Clima de Dubái. Desde el jueves 30 hasta el 12 de diciembre, cerca de 200 países volverán a discutir sobre cómo evitar que el aumento de la temperatura global alcance los 1,5ºC, sobre cómo prepararse para lo que ya es inevitable y sobre cómo asumir los costes que ya está ocasionando el cambio climático.

En esas negociaciones, que continúan después de tres décadas, uno de los puntos más importantes para los países considerados en desarrollo, y en especial para los particularmente vulnerables a la crisis climática -como los pequeños estados insulares- es el asunto de Pérdidas y Daños, el capítulo octavo del Acuerdo de París.

En la cumbre del año pasado se alcanzó un acuerdo sobre la bocina en el que los estados decidieron crear un fondo para costear los daños que comporta la crisis climática pero no lograron ponerse de acuerdo –y esto fue lo que creó mayores fricciones entre bloques– respecto a quién debía contribuir y quién debía beneficiarse de dicho fondo. Ese será uno de los puntos más complicados de resolver ahora en Dubái.

En la COP28 está previsto que persista este debate que refleja la polarización del mundo, y desde la sociedad civil y los países en desarrollo, que ya están pagando los costes humanos y económicos de la crisis climática, piden que los estados den "pasos concretos" hacia la rápida puesta en marcha del mecanismo.