La empresa de catering General de Servicios y Contratas Reunidas (Gescor), que la semana pasada dejó sin comer a varios centenares de escolares gallegos en una veintena de colegios e institutos que tuvieron que recurrir a pizzas y bocadillos para sus alumnos y alumnas, ha multiplicado por cinco su negocio con la Xunta para este curso a pesar de que este mismo año fue sancionada por cometer varias irregularidades en la prestación del servicio.

Pese e esa circunstancia, a la que se añade que hace apenas tres semanas la Administración autonómica acaba de comunicarle la apertura de un nuevo expediente sancionador por infracciones en materia sanitaria, la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria ha vuelto a prorrogarle la contrata este año por casi 1,2 millones de euros.

En agosto del 2015, ese departamento, que dirige Román Rodríguez, adjudicó a Gescor los contratos para la gestión de los comedores de media docena de centros escolares de toda Galicia. Las adjudicaciones a la compañía, con sede en Salamanca, ascendieron entonces a 241.586 euros para el curso 2015-2016.

La Xunta prorrogó ese contrato para el curso 2016-2017, en el que ya empezó a recibir quejas y denuncias de la dirección de varios centros así como de asociaciones de padres y madres (ANPA) y de los sindicatos, por las condiciones en las que la empresa servía las comidas y gestionaba los comedores.

En agosto del 2017, la Xunta volvió a licitar el servicio de comidas de 109 centros por unos 6 millones de euros. Y a pesar de aquellas protestas y de los expedientes ya en curso que afectaban a Gescor, la convirtió en la más beneficiada de todas las sociedades adjudicatarias. Se llevó siete contratos para una treintena de comedores de diversos colegios e institutos, la mayoría ubicados en municipios rurales de Galicia, por 1.183.464 euros.

Poco después de aquella decisión, la Consellería de Educación resolvió los expedientes iniciados en el 2017 y sancionó a Gescor con 17.000,07 euros –el 7% del valor del contrato del año 2015-. Alegó “incumplimientos en el número comprometido de vigilantes en los comedores, el mantenimiento de las temperaturas de los menús y la conservación de muestras de los alimentos”. Pero volvió a prorrogarle la adjudicación del 2017 para el curso 2018-2019.

La Xunta asegura que aquellas irregularidades no supusieron alteración alguna del servicio, ni afectaron “a la calidad ni mucho menos a la salubridad de los menús”, ni supusieron “riesgo alimentario para los escolares”.

Sin embargo, el pasado 24 de julio la Consellería de Sanidade inició un nuevo procedimiento sancionador contra Gescor por incumplimientos de carácter leve de la normativa española y europea en materia de higiene de los productos alimentarios y de higiene en la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas.

Los problemas no han tardado en volver. La semana pasada, nada más comenzar el curso, una veintena de centros cuyos comedores gestiona Gescor tuvieron que recurrir a restaurantes de la zona para adquirir pizzas, bocadillos y empanadas con los que dar de comer a sus alumnos porque la comida no había llegado. En algunos institutos y colegios Gescor no había suministrado los alimentos necesarios para elaborar los menús, y al resto no les hizo distribuyó las comidas ya preparadas que elabora en las cocinas de otros centros.

Los sindicatos y varias ANPA han pedido a la Xunta que recupere la gestión de los comedores escolares afectados, y han recordado que en los márgenes en los que se mueven las licitaciones –Gescor factura entre 3,42 euros y 4,7 euros por menú según el centro al que se lo suministre- impiden compatibilizar adecuadamente la calidad del servicio con las plusvalías que pretende cualquier empresa privada.

“No se puede hacer negocio con los comedores escolares. Y es mentira que a la Xunta le vaya a salir más caro hacerse cargo de ellos”, afirma Xosé Antón de la Fuente Subiela, presidente de la Federación de ANPA da Costa da Morte, en A Coruña.

Varios colegios de la comarca se vieron afectados hace días por la falta de suministro de comidas, ya que la gestión de sus comedores la lleva Gescor. Y De la Fuente contrapone la situación de esos comedores privatizados con otros que aún administran directamente las autoridades educativas. Como el del Centro de ducación Infantil y Primaria (CEIP) de A A Laracha, a unos treinta kilómetros al suroeste de A Coruña.

“Los niños comen pescado fresco comprado en la lonja de Malpica –una cercana localidad pesquera-; las verduras son del día y vienen de las explotaciones agrícolas del entorno; la carne se la vende un supermercado local, y los yogures proceden de una granja ecológica en Xanceda –a unos 40 kilómetros-. La diferencia con la calidad de la comida de catering es enorme”, resume el portavoz de las asociaciones de padres y madres.

Público ha tratado sin éxito de obtener la versión de Gescor. También ha intentado saber si en los procedimientos de adjudicación y en las prórrogas de los contratos concedidas a la empresa se tuvo en cuenta que ya había sido sancionada y que estaba siendo investigada. El departamento de Román Rodríguez afirma que las prórrogas se conceden de forma “automática”, aunque lo cierto es que la Ley de Contratos del Sector Público establece que “en ningún caso podrá producirse por el consentimiento tácito de las partes”.

La Consellería subraya que la semana pasada se reunió con un representante de Gescor, al que advirtió de que tomaría “las medidas pertinentes de acuerdo con los pliegos de contratación y con la Ley de Contrato”. También señaló que “está adoptando las medidas convenientes para que irregularidades como estas no se vuelvan a producir”.