El anuncio de una inyección de 482,4 millones procedentes de los fondos europeos para reforzar la atención domiciliaria de dependientes, junto con la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de una partida de 566,39 para desatascar el sistema de Atención a la Dependencia y con el compromiso del Gobierno con los agentes sociales para aportar 1.200 más en los próximos dos años sitúan al sistema ante el reto de encaminarse a su mayoría de edad extendiendo la cobertura a todos los afectados por una "pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial", ya sea "por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad", que "precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria", que es como define al dependiente la ley aprobada en 2006.

Unos 15 años después, al sistema atiende a más de un millón de personas al mismo tiempo que mantiene a más de 370.000 en un limbo en el que no cobran la prestación asignada o esperan a ser reconocidos, un limbo en el que mueren más de 30.000 ancianos cada año (más de 55.000 con la pandemia) mientras los desajustes del sistema llevan más de una década generando un macabro negocio multimillonario a los mismos gobiernos centrales que lo han infradotado y, con ello, obligado a las comunidades autónomas a realizar un esfuerzo económico tan desmesurado como insuficiente.

Las aportaciones económicas comienzan a dejar a las administraciones sin coartadas con las que argumentar el abandono del sistema de Atención a la Dependencia, para el que varios expertos consultados por Público proponen una serie de ajustes que permitirían mejorar su funcionamiento y acercarlo a sus objetivos.

"Es un sistema muy parcheado desde el principio. Nació con una buena intención, pero sufrió mucho con la crisis anterior, cuando se estaba implementando, y no se acaba de normalizar", señala Sergi Jiménez, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra y colaborador de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), entidad que mantiene un Observatorio de la Dependencia. Aunque, añade, "el sistema tiene 13 años y ofrece margen de mejora. Hay que aprender y consolidarlo. El de las pensiones tiene un siglo y le seguimos dando vueltas...".

Un diagnóstico del sistema

"Es necesario disponer de un censo de residencias y de un estudio completo del sistema, algo para lo que pueden utilizarse fondos europeos", indica Agustín Reoyo, adjunto a la Secretaría de Políticas Sociales y Movimientos Sociales de CCOO, quien señala como puntos clave a abordar tras ese diagnóstico la eliminación de la lista de espera y la mejora y la profesionalización de la atención, algo que requiere actuar sobre la calidad del empleo.

Al cierre del año pasado, y según el último dictamen de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el sistema atendía a 1.124.230 dependientes mientras 232.243 se encontraban en el limbo de tener reconocida alguna prestación que no reciben y otros 141.556 estaban pendientes de ser reconocidos y/o clasificados.

Clarificar las normas

Jiménez, por su parte, pone el acento en la falta de claridad del sistema. "Hay que dejar claro qué se financia, a quién, de qué manera y con qué prioridad. Consignar dinero como limosna en los Presupuestos no parece un sistema adecuado", anota, mientras reclama una norma que, además de establecer un catálogo de servicios, despeje las dudas acerca de las fuentes de financiación del sistema y de su funcionamiento: "Hay que saber cómo se organiza, qué se permite y cómo se corrigen los fallos que surgen. La dependencia no es un regalo, es un derecho; y, como acceso a un servicio, comporta algunas obligaciones".

Esa depuración de derechos y deberes debería ser, en cualquier caso, bidireccional. "Se debe clarificar las obligaciones de los dependientes y de sus familias, pero también las de las administraciones", añade.

Aclarar la financiación y materializarla

La Administración central acumuló un recorte de 6.321 millones de euros entre 2012 y 2020, según una estimación de las Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que incluye "la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de las cuidadoras familiares", mientras que "la disminución de la financiación a las comunidades autónomas en ese periodo "supone ya una cifra acumulada de 4.070 millones de euros de quebranto para las arcas autonómicas". Las primeras el año pasado el 81% de los fondos que recibió el sistema, cuando la ley establece una participación del 50% con la otra mitad a cambio del Estado.

Las consecuencias de ese desbarajuste financiero las paga el usuario, ya que la cuantía de las prestaciones por cuidados de parientes desde 2012 suma 2.190 millones en ayudas económicas que las familias "han dejado de percibir", cifra a la que se suman otros 1.880 que han soportado "las personas usuarias en forma de copago regulado".

Las aportaciones aprobadas y comprometidas por el Gobierno central "permiten superar los recortes iniciados en 2012 e incrementar la financiación en 200 millones anuales", apunta José Manuel Ramírez, quien, no obstante, advierte que "la lentitud con la que avanza la inyección económica es de tal magnitud que todavía no se evidencia que existe esa inyección" pese a que, al menos sobre el papel, comenzó con el inicio del año y la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado.

El marasmo administrativo

La duración media de tramitación de un expediente de dependencia alcanza los 430 días, un plazo que duplica con creces el de 180 que establece la ley y al que solo se acercan Castilla y León, Euskadi, Navarra y las ciudades de Ceuta y Melilla. Por el contrario, en Andalucía, Asturias, Canarias y Extremadura rebasan los 18 meses.

Y, a menudo, los dependientes mueren mientras transcurren esos disparatados periodos de tramitación, a los que se añaden los posteriores de espera para recibir las prestaciones o los servicios que les son asignados. Un total de 55.487 personas fallecieron el año pasado en una de esas situaciones.

"Es necesario eliminar el limbo de la dependencia, que es un síntoma de que el sistema no va con las necesidades de la población", señala Jiménez, mientras Ramírez destaca que "el agujero fundamental es la lista de espera por los procedimientos administrativos, cuya complejidad no se compadece con la situación real".

Cambiar de jurisdicción los conflictos

Reoyo aboga por trasladar a la jurisdicción social la resolución de los conflictos que puedan surgir en materia de dependencia, que ahora se dirimen en la contencioso-administrativa cuando se producen entre el usuario y el sistema y en la civil o la penal cuando se dan entre este y sus cuidadores. "La jurisdicción social es más ágil. Eso evitaría que a veces quien reclama se quede en el camino", explica.

Profesionalizar los cuidados para crear empleo y viceversa

El empleo en el sector de los cuidados es precario y la ocupación en él a menudo pasajera. Y eso es algo que presiona a la baja en la calidad del servicio que reciben los dependientes.

El último informe del Observatorio de la Dependencia de Fedea, cerrado con datos de 2019, describe un sector con "cierta consolidación" en torno a los 584.000 trabajadores (incluye los de residencias y los de asistencia domiciliaria) y en el que el empleo fijo comenzó a caer con el comienzo de los recortes en 2012 para situarse hace año y medio en el 68%, la fracción "más baja de todo el periodo".

"La estructura del empleo está cambiando" desde entonces, indica el informe, ya que el de carácter indefinido "no ha dejado de caer" mientras el temporal y el parcial "siguen en una senda ascendente". "El grado de feminización, después de un cierto crecimiento durante la crisis, ha vuelto a sus niveles iniciales, en torno al 79,5%", añade.

"Hay que buscar la profesionalización de la gente que atiende a los dependientes, que no sean trabajos puntuales, eventuales y con jornadas parciales, ya que eso permitirá mejorar la calidad de la atención", indica Reoyo, que coincide en la apreciación con Ramírez y con Jiménez.

Este último anota que la atención a los dependientes "es un sector con mucho potencial de crecimiento del empleo y que tiene ventajas colaterales como liberar a los familiares. Prestarlo bien genera sinergias y externalidades. Aparecen oportunidades en las dos direcciones, ya que tiene efectos sobre el empleo y sobre la empleabilidad de los familiares que ahora se dedican a los cuidados".

Definir los formatos

Todos los modelos de prestación de cuidados a los dependientes ofrecen posibilidades, aunque en España sigue sin haber un catálogo que los defina, priorice y/o combine, una tarea que sigue llamativamente pendiente, sobre la mesa, en un país en el que, según las Proyecciones de Población del INE (Instituto Nacional de Estadística), a finales de esta década vivirán 8,2 millones de mayores de 70 años que supondrán más de la sexta parte del censo, unos registros que veinte años después se elevarán a 12,5 y a la cuarta parte.

Mientras eso va ocurriendo, el sistema de atención a la dependencia sigue sin desarrollar figuras como la del asistente personal ni apenas indagar en otros como el de la vivienda compartida para mayores que no requieren asistencia.

"La teleasistencia debe ser un derecho subjetivo, y no solo un medio de alarma, sino una vía de contacto y de desarrollo de otras figuras de asistencia más avanzada", señala Reoyo, mientras Ramírez recuerda que "el 85% de las personas prefiere seguir viviendo en su casa", algo que invita a "reforzar la ayuda a domicilio y la teleasistencia, y a implementar la robótica y la vivienda inteligente".

Esos horizontes se perfilan desde un presente en el que "solo en las residencias, con la covid, se ha retrocedido a niveles de septiembre de 2017. Tenemos las mismas plazas ocupadas que hace cuatro años", anota Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que añade que "no se ha podido meter gente nueva y hay 96.000 grandes dependientes y dependientes severos en lista de espera".

¿En qué modelo fijarse?

Ninguno de los tres expertos consultados lo tiene claro, aunque sí coinciden en apostar por un cambio en la concepción de los geriátricos. "Hay que mirar a los países europeos para entender que son centros de convivencia a cuyos usuarios atiende el médico del centro de salud", explica Ramírez, que considera que en España "hemos creado un sistema de residencias muy sociosanitario y muy infantilizador". "Las residencias no pueden ser aparcaderos de crónicos".

De hecho, la mayoría de los países europeos que pueden considerarse punteros en esta materia, como Suecia y Finlandia, están virando de un sistema basado en las residencias a otro más centrado en la atención domiciliaria. Otros, como Holanda, apuestan por un amplio catálogo de servicios, muy personalizado, cuya implantación en España no pasaría de quimera antes de que pueda consolidarse la financiación del sistema.

En cualquier caso, coinciden también en la necesidad de adecuar los formatos a la realidad local. "Hay que adaptarse a las características sociales del país –indica Reoyo–. Cada vez la mujer y los hijos tienen un menor papel de cuidadores, que es algo que está cambiando hacia el cuidado en la pareja que va envejeciendo, y hemos de adaptarnos. ¿Cuál es el mejor sistema? El que mejor se adapta a nuestra sociedad, por el clima, por la estructura familiar, por las costumbres".