El Gobierno quiere liderar la lucha contra el acceso temprano a la pornografía de los menores. Un problema que el presidente, Pedro Sánchez, ha denominado como "epidemia" y para el que ha adelantado una nueva ley integral, un pacto de Estado y herramientas de control para obstaculizar el acceso al contenido. Este martes se aprobará previsiblemente en el Consejo de Ministros el Informe sobre protección integral de menores frente al acceso a la pornografía en internet, que le ha servido al Ejecutivo como guía. 

Niños y adolescentes entran cada vez más jóvenes a las plataformas o reciben pornografía a través de "stickers, vídeos, audios, videojuegos o links", explica la experta en violencia de género y educadora social Marina Marroquí, quien añade que los más pequeños no son los que indagan: "Un niño a los ocho años no es el que busca, el porno le encuentra". Por tanto, el control de edad resulta insuficiente y los menores llegan al contenido incluso sin necesidad de buscarlo específicamente. 

Es la conclusión de años de experiencia de Marroquí. Esta experta analiza para Público las propuestas del Gobierno para poner freno a lo que ella observa cada día en las aulas. "La sociedad no es consciente de qué ven los menores ni de cómo les llega. No son sólo violaciones, que desde 2016 con la violación de La Manada son el top de visitas en las páginas porno cada año. El vídeo más mencionado este año por los adolescentes en los institutos es uno de una chica a la que abren en canal y la penetran por las heridas", explica la experta. 

Un plan multidisciplinar: control y educación

Los y las adolescentes ven pornografía por primera vez a los 12 años y casi 7 de cada 10 (el 68,2%) la consumen de forma frecuente, según un informe de 2020 de Save The Children. Para Marroquí, los datos son todavía peores: "He llegado a más de 150.000 adolescentes en tres años y los números son mayores".

Además, el porno que consumen los menores representa violencia contra las mujeres y afecta directamente al desarrollo de su empatía. "La mayoría del porno que existe escenifica violencia machista", explica Marroquí. La educadora se remite a los datos aportados por la tesis de 2020 de la filósofa Mónica Alario, sobre la reproducción de la violencia sexual en sociedades formalmente igualitarias. 

Las consecuencias del acceso a contenido porno violento a corta edad son diversas: desde la normalización de todas las formas de violencia machista —no sólo hay vídeos sobre violaciones, se mezclan con estrangulamientos y desmembramientos a mujeres o violencia contra bebés, por poner algunos ejemplos— hasta la construcción del deseo a través del maltrato. "Hay chicos que me dicen que no pueden llegar al orgasmo si no son violentos con sus novias", apunta Marroquí. 

La preocupación social al respecto es latente. El presidente del Gobierno adelantó este fin de semana en una entrevista a el diario El País su estrategia nacional para atajar el problema. La resumió en tres puntos clave: "El primero, la aprobación de una ley integral para la protección de los menores en internet; el segundo, la aprobación de una estrategia multidisciplinar desde el ámbito de la educación, de las competencias digitales, también en el ámbito de la igualdad; y finalmente, la creación de dispositivos que impidan el acceso a esos contenidos pornográficos a los menores de edad. Esto es algo en lo que ya estamos trabajando con la Agencia de Protección de Datos y con la Fábrica de Moneda y Timbre".

El pasado diciembre, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ―con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes― presentó un nuevo sistema de control de edad para hacer más efectiva la protección a los menores por parte de las plataformas. Dicho sistema verá la luz en el verano de 2024. 

¿Es necesaria una nueva ley?

La legislación sobre la regulación del contenido en Internet para menores es amplia. Empieza con el artículo 20.4 de la Constitución Española y termina con la aplicación del reglamento europeo que entró en vigor el 25 de agosto, la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE, pasando por la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), que se aprobó en 2021 y prevé impartir educación sexual en todas las etapas educativas.

El reglamento europeo establece multas de hasta el 6% del volumen de negocio anual mundial de las plataformas si no cumplen. Pero, según Borja Adsuara, experto en derecho digital, España llega con prisa: "Todavía no se ha nombrado al órgano coordinador de la Ley de Servicios Digitales", explica el experto. La fecha límite para el nombramiento es el 17 de febrero. 

Para Adsuara lo importante es "dotar de medios" a las instituciones y a los profesionales para poder acatar el mandato de Bruselas: "Son normas europeas de obligado cumplimiento, pero para aplicar esas leyes tiene que haber medios: una plantilla, expertos, códigos de autorregulación con el sector". Ese es el principal reclamo del experto, que considera que sí existen leyes suficientes para combatir el contenido violento que les llega a los menores.

A partir de ahí, el abogado reclama que se creen estándares de edad en función del contenido, como pasa con los productos audiovisuales. Adsuara propone establecer etiquetas que ayuden a las plataformas a la filtración. "Tiene que haber responsables de ese etiquetado, en este caso, las plataformas. Tendrán que implementar herramientas para denunciar contenidos delictivos o aquellos contenidos legales que no son aptos para menores de edad", apunta Adsuara. 

La Ley General de Comunicación Audiovisual (aprobada en 2010 y cuya última actualización es de julio de 2022) obliga a las plataformas de intercambio de vídeos a implementar sistemas de verificación de edad en contenido perjudicial para niños y adolescentes, como violencia o pornografía, así como a ofrecer herramientas de control parental o sistemas de codificación digital. Pero esto sólo aplica a aquellas que estén ubicadas en España, para las demás llega con pulsar en 'aceptar' cuando salta la alerta de 'contenido para adultos'.

Sobre la cantidad de legislación y su aplicación, Adsuara es claro: "La nueva ley anunciada [por Sánchez] puede quedarse simplemente en una norma de desarrollo de esta ley audiovisual o del reglamento europeo". 

"Creo que he violado"

Precisamente, este lunes se publicaba la encuesta Percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género, del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en la que se reflejaba que para el 66,5% de los encuestados ver pornografía es más propio de hombres que de mujeres.

"Ellas acceden mucho más tarde al porno y como método de adaptación, para saber qué les van a pedir sus novios", explica Marina Marroquí. Al terminar todas sus charlas en los institutos ve una "cola de niñas de 12 y 13 años" que le comunican que han sufrido violencia sexual. Y luego otra de adolescentes varones que se dan cuenta de que la han ejercido: "Me dicen: 'Si esto es una violación, creo que he violado'", relata la experta.

Pacto de Estado o formación sexual

La segunda apuesta de Sánchez y su Gobierno es la estrategia interministerial para que se consolide en un pacto de Estado. La medida educacional que anunció el presidente se enmarcaría previsiblemente dentro de esta estrategia. "Esta idea, junto con la de las herramientas de control, me parece mejor que la creación de una nueva ley", apunta Adsura.

En junio del año pasado, la Asociación Europea para la Transición Digital ya presentó una propuesta de pacto de Estado para salvaguardar a los menores de edad en internet y redes sociales. La propuesta está suscrita por 150 entidades españolas, entre las que están la Fiscalía General de Estado, la Plataforma de Infancia y Save The Children. Un documento que se presentará en el Congreso de los Diputados el próximo 13 de febrero y que va en línea con las demandas de la UE. 

En esa misma línea, el Ministerio de Juventud e Infancia anunció a mediados de diciembre que crearía un grupo de 50 expertos para desarrollar un plan que proteja a los menores en Internet.

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, se pronunció este lunes en una entrevista con Público sobre las medidas del plan gubernamental: "Nosotros hablamos de un acuerdo intergeneracional de país, es decir, de sentar en esa mesa a 50 expertos, a la juventud y a la infancia, y que haya una conversación para llegar a unas conclusiones y a una síntesis", explicó la ministra.

En este sentido, Rego considera que "no basta sólo con regular en un ámbito", sino que se necesita "voluntad colectiva de cambiar y, sobre todo, de proteger". Apuesta por la ley pero también por un "pacto con las familias" para dotarlas de información y "herramientas educativas" para los y las jóvenes en la materia, entre otras medidas. 

"La adolescencia es hermética, necesita hablar de otra forma. Por eso espero que estos expertos sean multidisciplinares", afirma Marroquí en relación a la propuesta de Rego. Para la primera, una ley integral es una "buena noticia", pero considera que la formación y educación sexual es el punto de partida sobre el que construir. Tanto para las instituciones como para las familias.

"Esto es general, no sólo se trata de bloquear el contenido, se necesita más comunicación en las familias y más psicopedagogos que puedan orientar a los alumnos. Los equipos educativos están obsoletos en esto. Y los casos de abusos, violaciones o bullying sexual son diarios y diversos", concluye Marroquí.