"Aquello no podía ser. Los diputados se encontraron con que eso no podía ser, no podían dedicarse a hacer favores y buscar influencias con los niños de la Inclusa. Había que velar por el futuro de esos niños", explica una fuente que prefiere mantener el anonimato. Se refiera a un privilegio no escrito, conocido como el diezmo, que durante décadas, entre el final de los años 30 y el final del franquismo, permitió que los miembros de la Diputación Provincial de Zaragoza decidieran qué familias adoptaban a los muchachos del hospicio de la capital aragonesa.

El diezmo se terminó en el periodo 1974-1977, con la presidencia de Hipólito Gómez de las Roces, que luego sería presidente del Gobierno de Aragón y que, en esos años, abolió de facto el privilegio e impuso criterios de servicios sociales en la gestión del hospicio.

Las inclusas fueron unos hospicios para acoger a niños y recién nacidos que comenzaron a proliferar en las ciudades españolas a mediados del siglo XVIII y que, entrado el siglo XIX, quedaron bajo el paraguas de las diputaciones provinciales.

Su función era acoger a pequeños huérfanos y otros que iban a ser abandonados por sus familias, ya fuera por no poder atenderlos o por otros motivos, así como dar cobertura a madres no casadas y víctimas de violaciones, entre otros perfiles, cuyo parto y el tramo final de la gestación atendían en las Maternidades, también controladas por las diputaciones, mientras la crianza se encargaba a amas externas.

Buena parte de los niños que sobrevivían a la crianza, con elevadas tasas de mortalidad hasta bien entrado el siglo XX por las deficientes condiciones sanitarias y de alimentación, eran dados en adopción. Y eso generó en ocasiones comportamientos terribles de los gestores de esas instituciones, como el ‘diezmo’ zaragozano.

"Hubo que poner coto a cierta prepotencia"

Según algunas fuentes, los diputados llegaban a elegir a un niño por año, y por turno, para darlo en adopción, por lo general a familias acomodadas que no habían tenido descendencia.

“Hubo que poner coto a cierta prepotencia de algunos diputados, que pretendían seguir distribuyendo a los adoptados”, explica De las Roces, en cuya etapa como presidente se profesionalizó la gestión con dos asistentas sociales y se pusieron algunas condiciones para la adopción, como que los padres no tuvieran más de cuarenta años.

También comenzó a hacerse un seguimiento de las familias, algo que hasta esa época no había ocurrido, y desapareció la posibilidad de devolver a los niños pasados unos años.

Algunas familias acomodadas canalizaban sus peticiones a través de algunos diputados, que en ocasiones aprovechaban esa potestad para mejorar su posición social.

Llegó a darse el caso de uno que contactó con varios de los muchachos en cuyas adopciones había intervenido para recabar su apoyo con el fin de solicitar al Ministerio de Trabajo su ingreso en la Orden de la Beneficencia.

Y, también, el de un cardenal zaragozano, el arzobispo de Sevilla José María Bueno Monreal, que vio frustrado su intento de mediar en una adopción para una familia de conocidos. La Diputación le respondió que no iba a ser posible por superar los 40 años la edad de los demandantes.